El nuevo código electoral de Costa Rica, sancionado el jueves por el presidente Óscar Arias, asegura paridad de género en los cargos políticos electivos, habilita el voto de los ciudadanos que residen en el exterior y pone transparencia en los mecanismos de financiación de los partidos.
El código, que sustituye el régimen sancionado en 1952, fue aprobado por el parlamento el 11 de este mes, pero su génesis llevó años.
El año 1998 marcó un punto de inflexión en la vida política de este país centroamericano, cuando en los comicios presidenciales que ganó el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) el abstencionismo superó 30 por ciento del padrón electoral.
Desde fines de los años 50, la no concurrencia a las urnas se había mantenido debajo de 20 por ciento en este país de sufragio voluntario.
Saltaron entonces algunas alarmas. "Los magistrados vieron la necesidad de poner al día (el código electoral), para mejorar tanto el proceso como el interés de los ciudadanos", dijo a IPS el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado.
[related_articles]
En 2000, los miembros del TSE, encargado de velar por la pureza de los comicios, comenzaron a trabajar y en febrero de 2001 el anteproyecto ingresó al parlamento.
La iniciativa permaneció ocho años y medio en la Asamblea Legislativa, aunque para Sobrado "sólo desde 2006, con la actual administración, se ha apreciado una verdadera vocación de cambio".
Carlos Pérez, representante del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) en la comisión que trabajó en el nuevo texto, dijo a IPS que para una reforma electoral "se requiere un ambiente de altísimo consenso". Según Sobrado, "todos los grupos perdieron un poco en la negociación".
Las resistencias más importantes, a juicio de Pérez, se expresaron en torno a la paridad de género que debe regir todos los cargos electivos nacionales y locales y los órganos de conducción partidaria.
Según la nueva norma, las listas y puestos en órganos de dirección deben presentar una conformación paritaria, 50 por ciento masculina y 50 por ciento femenina, y alterna, de modo que en las planchas electorales a cada candidato hombre le siga una candidata mujer y viceversa.
Los partidos más pequeños alegaron que tendrían dificultades para cumplir esos requisitos en los próximos comicios de febrero de 2010. Entonces, esa disposición sólo será obligatoria a partir de las elecciones de 2014, si bien las fuerzas políticas mayores han prometido que comenzarán a aplicarla de inmediato.
Costa Rica ya aplica una "ley de cuotas" que fija un piso de 40 por ciento de cargos electivos en manos de mujeres, el más avanzado de América Latina. Otros siete países de la región tienen normas similares, pero con cuotas mínimas de 30 por ciento.
En la Asamblea Legislativa actual, 36,8 por ciento de los escaños están ocupados por mujeres, lo que hace de este pequeño país la democracia con mayor representatividad femenina de la región, seguido por Ecuador, con 32,3, y Perú, con 27,5, según datos de la Unión Interparlamentaria.
Es una mujer, la ex vicepresidenta Laura Chinchilla del gobernante PLN, la aspirante presidencial favorita para alzarse con un triunfo en 2010, según encuestas.
Otro aspecto clave de la reforma electoral es el capítulo de financiación de los partidos políticos que, según Sobrado, "era lo más deficitario" del anterior código.
La financiación estatal de las campañas electorales se mantiene, pero la proporción del monto asignado se redujo de 0,19 por ciento a 0,11 por ciento del producto interno bruto. Hoy eso equivale a casi 30 millones de dólares, que se distribuyen según la cantidad de sufragios que recibe cada partido.
La novedad radica en la posibilidad de que las fuerzas políticas reciban un monto adelantado, de 15 por ciento de los fondos, antes del período electoral que comenzará en octubre, y el resto después.
Lo que se persigue con este tipo de financiación, explicó Pérez, es "articular la estructura de partidos", con lo que se "fortalece" el sistema democrático, evitando que las colectividades "funcionen sólo cada cuatro años, sino que se trabaje a diario".
El nuevo código también regula las donaciones privadas a los partidos, prohibiendo expresamente el aporte de extranjeros y de personas jurídicas (sociedades) y la aceptación individual de dinero por parte de políticos o candidatos.
Todos los fondos de donaciones deben realizarse a través de las estructuras partidarias, con aval del tesorero. A cambio, las personas físicas nacionales pueden aportar sin límites de cantidades. "Es la mejor manera de que impere un ambiente de transparencia", opinó el presidente del TSE.
Para ello se reforzaron los mecanismos de control, evitando los "espacios de impunidad", aseguró.
Algunos críticos han dicho que este sistema podría favorecer la aparición de testaferros que actúen a nombre de intereses externos o de grupos económicos. Sobrado lo ve "de manera inversa, pues al liberar el tope (de dinero) se hacen innecesarios" los testaferros, dijo.
Desde 2007, las autoridades analizan la solvencia tributaria de los donantes para asegurarse de que el dinero donado esté acorde con sus recursos.
Tanto quienes donen como quienes reciban donaciones violando estas normas serán pasibles de penas de dos a seis años de prisión. Lo novedoso aquí es la sanción con cárcel para los donantes infractores.
Con un padrón electoral de 2,5 millones de personas, y una población de 4,5 millones, se estima que Costa Rica tiene entre 100.000 y medio millón de ciudadanos viviendo en el exterior, e impedidos hasta ahora de ejercer el sufragio en su país. La reforma establece que a partir de 2014 podrán votar en las oficinas consulares.
Hay planes de introducir mecanismos electrónicos de votación, pero eso deberá esperar a que "haya capacidad técnica, financiera y tecnológica para hacerlo", aseveró Pérez.
En cambio, el nuevo código elimina una prohibición que, cuando fue introducida, estaba destinada a reforzar las garantías de un voto individual libre y reflexivo: la ley seca, o veda de venta y consumo de alcohol durante la jornada comicial. Los legisladores consideraron que hoy es un anacronismo.
"Este es un código que se redefine a la luz del siglo XXI", dijo Pérez.
Sus impulsores creen que la reforma coloca a Costa Rica un paso adelante de sus vecinos centroamericanos, cuyos sistemas electorales, nacidos en los años 90 tras los procesos de pacificación del istmo, "bebieron en parte" del viejo código costarricense de 1952, apunto Pérez.
"Cincuenta años después, Costa Rica vuelve sobre sus pasos, pero mirando al futuro", estimó.
Para Sobrado, la democracia más longeva de América Latina, con 60 años a sus espaldas, es también la de mayor estabilidad político-electoral. La legislación que la acompañó tenía ya sus limitaciones, por eso "ahora nos ponemos al día", concluyó. FIN/IPS/dz/dcl/la ip wo sl/09)
