La flamante primera vicepresidenta del parlamento de Perú, Cecilia Chacón, se convirtió en la segunda representante del partido del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) en ser declarada en rebeldía por un tribunal anticorrupción.
La legisladora de la derechista Alianza por el Futuro (AF) debía asistir esta semana a la audiencia en la que el fiscal Luis Devoto sustentó la acusación en la causa por enriquecimiento ilícito que se le sigue a su padre, el genera retirado Walter Chacón.
Cecilia Chacón llegó al segundo cargo en importancia en el Congreso legislativo unicameral a cambio de los votos de AF para darle mayoría parlamentaria al gobernante Partido Aprista Peruano, según el acuerdo alcanzado por ambas agrupaciones el 26 de julio.
En el expediente judicial, al que tuvo acceso IPS, se indica que Chacón no ha podido justificar el incremento de su patrimonio en 972.316 dólares, cuyo origen se encontraría en los fondos que acumuló su padre durante su pasaje como funcionario del gobierno de Fujimori, que la justicia ubica en 1,4 millones de dólares.
El general retirado Chacón, compañero de estudios en la Escuela Militar de Chorrillos de Vladimiro Montesinos, el encarcelado ex asesor de inteligencia de Fujimori, ocupó importantes puestos de mando del ejército y se convirtió en el último ministro del Interior del régimen.
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Ahora este militar es concejal del municipio de Lima y miembro del equipo de campaña para la presidencia de Perú de Keiko Fujimori, legisladora e hija del ex mandatario.
Devoto pidió al tribunal anticorrupción la pena de seis años de prisión y el pago de 333.000 dólares de reparación al Estado para la diputada Chacón, mientras que para el padre de ésta solicita una cifra similar pero 10 años de cárcel.
También planteó al tribunal la aplicación de seis años de penitenciaría para Aurora De Vettori, Juan Carlos Chacón y Luis Portal, madre, hermano y esposo, respectivamente, de Cecilia Chacón.
Según Devoto, todos participaron en una conspiración para encubrir el origen ilícito de los fondos y bienes del general Chacón.
Con Cecilia Chacón, ya son dos los legisladores fujimoristas que se resisten al procesamiento judicial por corrupción, amparándose en los fueros parlamentarios. El otro es Carlos Raffo.
Sin embargo, los delitos que se les atribuyen a ambos refieren a hechos anteriores a convertirse en diputados, por lo cual, según la ley, no estarían amparados por este beneficio.
La Corte Suprema de Justicia ya confirmó la condición de "reo contumaz" de Raffo, un ex publicista de Fujimori y ahora organizador de la campaña presidencial de la hija. Señaló que es pasible de enjuiciarlo porque los actos por los que debe responder se registraron entre 1998 y 2000 y fue elegido diputado sólo en 2006.
En este caso es el fiscal Wilfredo Evangelista quien pide al tribunal cinco años de prisión para Raffo por haber recibido dinero de los fondos secretos e ilegales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para financiar la tercera campaña presidencial de Fujimori, según el expediente judicial al que accedió IPS. Además, reclama una reparación civil de 33.000 dólares.
Chacón, quien al igual que Raffo alega no poder asistir a todas las citaciones judiciales debido a sus recargadas funciones parlamentarias, es también parte de un proceso judicial el que están involucrados el propio Montesinos y ocho jefes militares, entre ellos su padre.
La denuncia del fiscal Devoto indica que Walter Chacón utilizó a su esposa, así como a sus hijos y parejas de éstos para encubrir el origen ilícito del dinero que acumuló cuando se desempeñó como alto oficial del ejército durante el régimen de Fujimori.
En algún momento de su defensa, la diputada Chacón dijo que había ahorrado 60.000 dólares trabajando en Estados Unidos, pero que no depositó ese dinero en un banco porque era inmigrante ilegal. Para Devoto, el argumento carece de sustento.
En el caso de Raffo, las pruebas en su contra también son contundentes. Matilde Pinchi y María Angélica Arce, ex secretarias personales de Montesinos, han declarado ante las autoridades que por orden de su jefe le entregaban dinero de los fondos SIN para financiar la reelección de Fujimori.
"Le entregué dinero a Carlos Raffo en cantidades de hasta 20.000 dólares. Había oportunidades en que las cantidades podían llegar a 5.000 u 8.000", testificó Arce.
Por su parte Pinchi dijo ante la justicia que, "en un principio, Arce era quien entregaba dinero a Carlos Raffo y posteriormente recibí tal encargo por orden de Montesinos. ( )
"Llegaban sobres desde Palacio (de gobierno) con la firma de Fujimori requiriendo dinero que tenía que pagarse a Carlos Raffo por los gastos de los mítines que se realizaban en provincias. Las cantidades iban desde los 18.000 a los 30.000 dólares", narró.
El ex jefe del SIN, el vicealmirante en retiro Humberto Rozas, fue más directo: "Sí, es cierto que de los fondos que manejaba Montesinos le pagaba a Carlos Raffo. Recuerdo que en dos oportunidades le entregué dinero a Montesinos para Carlos Raffo y que fueron 50.000 dólares en cada oportunidad".
Hasta el mismo Montesinos confirmó los testimonios. "Conozco a Carlos Raffo pues me lo presentó el ex presidente Fujimori en Palacio de Gobierno, en la época que el Perú estaba en conflicto con Ecuador (1998). ( )".
"He mantenido con dicha persona estrechas relaciones. El objetivo era lograr la reelección de Fujimori para el periodo 2000-2005. ( ) Raffo ha concurrido en múltiples oportunidades al SIN para coordinar sobre el particular y recibir dinero", añadió el ex asesor presidencial que espera en la cárcel la dilucidación de varias causas por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El 1 de octubre de 2008, otro tribunal también declaró en rebeldía a Raffo por no asistir a las audiencias del juicio que se le sigue por utilizar videos secretos sobre el conflicto con Ecuador, en la campaña por la reelección de Fujimori.
La junta directiva del Congreso legislativo, que desde 2006 es controlado por la alianza profujimorista, cerró filas para defenderlo. Y seguramente lo hará con el caso de Chacón, como en febrero de 2007, cuando ésta fue declarada en rebeldía por primera vez por el mismo juicio de enriquecimiento ilícito.
