El acuerdo entre Bogotá y Washington para el uso estadounidense de siete bases militares en Colombia indica la persistencia de la agenda del ex presidente George W. Bush (2001-2009), pues la de su sucesor, Barack Obama, «aquí no ha llegado», afirma la senadora colombiana Cecilia López.
Al menos siete de esas estaciones funcionarán en Colombia, con inmunidad judicial para personal militar estadounidense y capacidad para que operen aviones C-17, los más grandes para transporte estratégico de tropas o pertrechos.
Los C-17 son capaces de aterrizar en pistas sin pavimento y de movilizar a 102 paracaidistas totalmente equipados o un tanque de guerra M-1. Desde Colombia, su autonomía de vuelo abarcará la mitad del continente americano o todo, si aprovisionan en el camino, a excepción del austral Cabo de Hornos.
En la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), celebrada el lunes en Quito, Colombia no resultó sancionada por ceder esas bases a Estados Unidos, lo que muchos atribuyen a la gira relámpago emprendida la semana pasada por el presidente Álvaro Uribe a siete países miembros de esa organización.
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Pero la crisis sigue. Argentina convocó a una nueva reunión de la Unasur para el 27 de este mes en Buenos Aires a la cual, por iniciativa de Brasil, también fue invitado el estadounidense Obama.
La Unasur quiere que Colombia se comprometa a que el uso estadounidense de esas bases no será una amenaza para la región, algo que "no lo puede hacer Colombia, tiene que hacerlo Estados Unidos", dijo en entrevista con IPS la senadora colombiana Cecilia López, del opositor Partido Liberal.
López integra la instancia que autoriza la circulación de tropas extranjeras en territorio colombiano, la Comisión Segunda del Senado, a cargo de relaciones exteriores y defensa, entre otros asuntos.
Sólo por presión pública, el gobierno aceptó discutir la cesión de las bases con la Comisión Segunda por primera vez el 21 de julio, cuando envió a tres ministros y prometió que consultaría con el Consejo de Estado, otra instancia constitucional que debe entender en estos casos, aunque su concepto no obliga al Poder Ejecutivo.
López, economista, dos veces ministra y ex directora del Departamento Nacional de Planeación, compite por la candidatura presidencial de su partido para los comicios de 2010.
IPS: ¿Qué se discutió en la Comisión Segunda sobre la apertura de las bases colombianas para tropas estadounidenses?
CECILIA LÓPEZ: Fue una discusión muy complicada. En ese momento no nos hablaron de las siete bases, que es un gran reclamo. Tampoco se nos entregó el documento (sobre el acuerdo militar). Encontré varias cosas que me preocuparon: la primera, una insistencia del ministro del Interior (y de Justicia, Fabio Valencia Cossio) en que las bases eran necesarias porque eran "el fin del fin" del narcotráfico y del terrorismo en Colombia.
IPS: ¿De cuántas bases les hablaron?
CL: Eran tres bases. Y muy preocupantes, porque sí nos basan estos aviones (los C-17) que tienen tan inquieta a América Latina, ya que pueden tener cobertura por toda la región.
Lo más impactante fue la agresividad del gobierno, su empeño en negar que el acuerdo tuviera que pasar por el Congreso y por el Consejo de Estado.
El ministro del Interior insistió en asociar el 11 de septiembre (de 2001) con el problema del terrorismo en Colombia. Yo le insistí en que nosotros no podíamos hacer una extensión de la situación de Colombia, partiendo de una guerra antiterrorista muy distinta a la nuestra.
Expresé que la ayuda estadounidense había sido positiva para la seguridad, pero que me preocupaba que se insistiera en un modelo contra el narcotráfico que está siendo revaluado. Le dije al ministro que ex presidentes de América Latina están revaluando la estrategia de Estados Unidos contra las drogas, y su respuesta fue muy agresiva.
Me dijo que había sido "descartada" esa posición en la reunión de las Naciones Unidas, lo que no creo que sea cierto. Hay una incapacidad de aceptar que se podría perder la oportunidad de revisar la política frente al narcotráfico.
IPS: El embajador de Estados Unidos, William Brownfield, y el general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares, confirmaron en abril que se estaba negociando el uso de las bases, mientras el presidente Uribe daba una rueda de prensa en Caracas junto su par de Venezuela, Hugo Chávez. Los miembros de la Comisión se declararon sorprendidos.
CL: La Comisión hubiera debido conocer desde cuando se inició la negociación, o sobre cómo se desarrollaba, pero eso no ha sido posible. Se pueden hacer sesiones a puerta cerrada, si se considera que es un tema de seguridad nacional. Hasta el momento no tenemos el documento. La cifra de siete bases la vinimos a saber hace ocho días, cuando el presidente inició la gira por siete países sudamericanos.
IPS: ¿Qué cree usted que está negociando el gobierno colombiano con el Departamento de Defensa de Estados Unidos?
CL: Mi opinión muy personal es que, en la obsesión del señor presidente Uribe por obtener el Tratado de Libre Comercio (TLC, congelado por el Congreso estadounidense), ha hecho esto en parte por darle gusto a Estados Unidos, con miras a que le aprueben ese tratado. Lo cual es un error de concepción, porque el TLC no está trancado por nada distinto que por la violación de derechos humanos.
Una de las razones por las cuales (el acuerdo sobre las bases) se nos ha ocultado es porque probablemente sí hay elementos que, como lo han demostrado los hechos, iban a generar problemas dentro y fuera del país.
IPS: ¿Cuáles?
CL: Los aviones. Esta visión tan limitada que tiene Uribe, de que aquí las relaciones que importan son las de Estados Unidos, no le permite ver lo que se conoce como geopolítica. En términos geopolíticos, Estados Unidos, más aun ante el proyecto socialista de Hugo Chávez, quiere tener flexibilidad, como la quiere en todo el mundo, para llegar en un momento crítico.
No es que vayan a sentar aquí una gran cantidad de tropas y de contratistas. Se trata de tener una posibilidad de llegar en un momento dado a esas siete bases.
IPS: Analistas colombianos advierten sobre una guerra regional.
CL: Es absurdo y desproporcionado pensar en una guerra. En América Latina hay un gran avance del proyecto "chavista", una profunda debilidad de la presencia de Estados Unidos, que sigue con la agenda de siempre, la agenda de la guerra y el narcotráfico, y unos pocos países que están jugando al otro lado en términos ideológicos.
Hay como una lucha por ver quién se queda con quién. Y Brasil, el país más poderoso en América Latina, está en la mitad. No se aleja del proyecto de socialismo de Chávez, pero tampoco se acerca demasiado al otro. Aquí hay dos tendencias que tienen que convivir y en América Latina no se ha hecho esta discusión seriamente. Lo grave es que esto ha llevado a una disparada armamentista, lo peor que le podía pasar a la región.
Cuando Estados Unidos vio el avance del proyecto de Chávez, ha debido tener una estrategia distinta, de apoyo al desarrollo regional. Era el momento para hacer unas negociaciones comerciales distintas, un manejo distinto de las relaciones económicas.
IPS: Entonces, ¿con Obama no ha cambiado la agenda?
CL: Es que no ha habido chance. Ha estado muy ocupado con los asuntos internos y con otros problemas internacionales. Ni siquiera le han aprobado el nombramiento de la persona que tendría que jugar un papel para América Latina. Aquí no ha llegado la agenda de Obama, y tenemos un embajador que responde a la agenda de Bush.
IPS: Para algunos, este acuerdo con Estados Unidos apunta a dividir a la Unasur.
CL: Ojalá supiéramos cuáles son las intenciones. Este es un problema de Colombia, pero también de Estados Unidos. Hay que entender de qué se trata: si se trata de flexibilizar la posibilidad de que Estados Unidos en alguna crisis envíe esos aviones, Colombia no tendría en ese momento un control.
Se necesita una palabra de Estados Unidos para bajarle el perfil a este debate… Difícil saber qué va a pasar. Estados Unidos quedó en la cuerda floja. Si viene a esta reunión de la Unasur, queda en medio del problema. Y si no viene, también.
