La líder pro-democrática birmana Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, pasará otros 18 meses detenida. La junta militar que gobierna ese país intenta asegurar que no influya en las elecciones previstas para el año próximo.
La condena que recibió Suu Kyi fue por haber violado las leyes de seguridad del Estado mientras cumplía arresto domiciliario. Su delito: haberle dado refugio y alimento a un ciudadano estadounidense que ingresó a su casa sin previo aviso, tras cruzar a nado un lago que la rodea. "Un veredicto vergonzosamente predecible, y una sentencia vergonzosa diseñada como una concesión a la presión y la preocupación internacionales", señaló una fuente de la organización Amnistía Internacional en Bangkok.
El primer ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown, también calificó de "vergonzoso" el veredicto. Es "una sentencia puramente política" destinada a impedir que participe de las próximas elecciones, sostuvo.
El fallo probablemente intensificará las divisiones dentro de la comunidad internacional, especialmente entre Occidente, que pide sanciones más duras, y los aliados de Birmania en Asia, que se oponen a tales medidas.
Suu Kyi fue originalmente sentenciada a tres años de prisión y trabajos forzados, pero inmediatamente después de que fuera leído el veredicto, el ministro del Interior birmano, el general Muang Oo, se puso de pie y anunció que la junta había decidido reducir su pena y permitirle a la líder opositora que la cumpliera en su hogar.
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Muang Oo dijo que el gobierno había tomado en consideración el hecho de que Suu Kyi era hija del héroe de la independencia birmana Aung San, así como "la necesidad de preservar la paz y la tranquilidad en la comunidad, y prevenir cualquier alteración en la hoja de ruta hacia la democracia".
El ministro se refería al plan de la junta de realizar una transición hacia una "democracia guiada", iniciativa que incluye las elecciones del año próximo.
El intruso estadounidense, John Yettaw, fue condenado a siete años de prisión, cuatro de ellos con trabajos forzados.
Suu Kyi ya ha pasado más de 14 de los últimos 20 años detenida. Ella negó las últimas acusaciones presentadas en su contra, pero dijo ser conciente de que sería condenada de todas formas.
Esta activista por la democracia y líder opositora instruyó a sus abogados a que agotaran todos los recursos legales para desafiar el fallo de la junta, según indicó el abogado estadounidense Jared Genser.
Los militares "le temen porque saben que, si le permiten presentarse en las elecciones, todo el país la va a votar", dijo a IPS Soe Aung, portavoz de los opositores birmanos exiliados en Tailandia. Al imponerle una sentencia de 18 meses, están efectivamente poniéndola fuera de la vista hasta que se lleven a cabo los comicios, sostuvo.
"Para un prisionero político, cualquier sentencia es inaceptable. Debe ser liberada de inmediato", dijo Benjamin Zawacki, de Amnistía Internacional. "Dieciocho meses es demasiado, pero es suficiente para los generales, como la simple matemática lo indica: las elecciones podrían ser realizadas como más tarde el 31 de diciembre del año próximo, y aun así precederían su liberación en dos meses", indicó.
Pero lo más importante, según observadores como Derek Tonkin, ex embajador británico en Tailandia y en Vietnam, es que la condena contra Suu Kyi podría automáticamente anular cualquier posibilidad de darle un papel político bajo la nueva carta magna.
"No puede presentarse como candidata bajo el artículo 121 de la nueva Constitución, que descalifica a una persona que cumple una condena de prisión, o ha sido condenada por la Corte", explicó Tonkin a IPS.
Previamente, Suu Kyi había sido descartada como candidata a presidenta por haberse casado con un extranjero, el renombrado académico británico Michale Aris, quien murió de cáncer de próstata hace más de 10 años.
La junta insertó una cláusula en la Constitución, aprobada por referendo en 2008, que efectivamente excluía a la líder opositora del más alto cargo político. El artículo 59, sobre "cualificaciones del presidente y del vicepresidente", señala: "El presidente de la Unión, sus padres, su esposa, sus hijos y sus esposas no deberán lealtad a ningún país extranjero, ni estarán sometidos o serán ciudadanos de un país extranjero".
Claramente, el juicio, el veredicto y la sentencia son todas parte del gran plan del jefe de la junta militar, Than Shwe, para introducir un sistema político que le garantice al ejército retener su poder incluso bajo un gobierno civil nominal tras las elecciones de 2010.
La mayoría de los analistas y diplomáticos en Birmania creen que la ley electoral, que fijará los procedimientos políticos para los comicios, será revelada en los próximos meses.
"Es casi seguro que hará obligatorio a todos los partidos políticos presentar candidatos en las elecciones del año próximo. Si la LND (Liga Nacional para la Democracia) no lo cumple, seguramente será eliminada de los registros", añadió.
Si su líder sigue bajo arresto domiciliario, el LND no tendrá otra alternativa que boicotear los comicios.
De esta manera, Than Shwe parece haber logrado silenciar a su histórico oponente, y en cierto punto aliviado la presión internacional. El fallo contra Suu Kyi es un intento de aplacar las críticas y la presión de sus vecinos asiáticos, especialmente China.
"Es de hecho una concesión. Los generales hubieran preferido, si no fuera por la presión internacional, (condenarla a) cinco años detrás de las rejas en vez de a 18 meses detrás de las paredes de una casa", dijo Zawacki.
"Pero eso no sería aceptado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la Asean (Asociación del Sudeste Asiático), que han solicitado la liberación de Su Kyi desde hace varios meses", señaló.
Sin embargo, la comunidad internacional está cada vez más dividida sobre cómo promover un cambio en Birmania.
La Unión Europea, liderada por Francia y Gran Bretaña, condenó el fallo y amenazó con tomar medidas. El presidente francés Nicolas Sarkozy propuso adoptar sanciones contra las industrias maderera y de rubíes de Birmania, pero exceptuó a los sectores de petróleo y gas, donde participa la compañía francesa Total.
