La firma estadounidense Doe Run, tras admitir formalmente que no puede pagar sus deudas, pidió al gobierno de Perú otra prórroga para cumplir con sus ya postergados compromisos ambientales, algo legalmente imposible según expertos. Su complejo metalúrgico es uno de los más contaminantes del mundo.
El plazo legal para cumplir con el PAMA es el 31 de octubre, pero la empresa ya adelantó que no podrá pagar porque no cuenta con los 150 millones de dólares que se necesitan para ello, una situación que se complica por sus adeudos con proveedores de concentrados para la fundición que ascienden a 110 millones de dólares.
El vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, indicó que necesita 30 meses de plazo para conseguir financiamiento para el PAMA en los bancos porque los 11 meses que aparentemente le ha planteado como prórroga, asegura, le resultan insuficientes.
De manera sorpresiva, Doe Run dejó el 3 de este mes a merced del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) su futuro para evitar inyectar más dinero, una posición que va en contra de lo que el presidente de Perú, Alan García, le solicitó a la empresa en su Mensaje a la Nación del 28 de julio.
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García advirtió entonces que su gobierno sólo podía acceder a ampliar el plazo si la empresa aportaba 100 millones de dólares a las operaciones, entregaba el total de sus acciones al Estado y concluía las negociaciones con sus acreedores.
"Debe aportar nuevo capital y dar a Perú las garantías económicas suficientes de que esta vez sí cumplirá. Si es así, el Estado podrá conversar y concertar con ella, de lo contraría la ley será aplicada implacablemente", dijo Garcia a modo de ultimátum.
Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, manifestó el día 3, al comunicar la decisión de Doe Run de someterse a un proceso de concurso de acreedores, que la ampliación del PAMA dependería de Indecopi, institución que en un lapso promedio de seis meses debe resolver si declara o no en insolvencia a la empresa.
Pero la abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Carmen Sandoval, aseguró a IPS que esta entidad gubernamental sólo debe pronunciarse respecto de los asuntos comerciales y laborales, pero no sobre las obligaciones ambientales.
"Por ley, Doe Run debe cumplir con el plazo y, si no lo hace, tiene que ser sancionada. No debe prevalecer otra cosa más que la ley, porque a ninguno de los peruanos se nos ha dado privilegio para cumplir con nuestras obligaciones con el Estado por el contexto de la crisis. La ley debe ser igual para todos", puntualizó.
Diversos expertos aseguran que la empresa se acogió al proceso de reestructuración ante el Indecopi para conseguir dilatar el tiempo y que el Estado le amplíe el plazo una vez más. Resulta sospechoso para muchos que lo haya hecho cuando antes se oponía a ese mecanismo.
Para Sandoval, "la reducción de recursos de la empresa no es un argumento para que deje de cumplir con sus obligaciones en el plazo previsto". "¿Qué ha hecho Doe Run con los 500 millones de dólares de utilidades netas que obtuvo entre mediados de 2005 y comienzos de 2008? La fiscalización debe continuar", preguntó.
La experta explicó que en estos momentos legalmente el Estado no puede ampliar el plazo porque el decreto 046-2004, que aprobó el Ministerio de Energía y Minas para ceder hace cinco años a la primera ampliación del tiempo de ejecución del PAMA, no contemplaba la figura de la postergación.
Doe Run se comprometió a construir tres plantas de tratamiento de ácido sulfúrico para sus procesos de producción de plomo, zinc y cobre, de las cuales están listas las dos primeras y sólo falta la de cobre en 47 por ciento.
Además, asumió la obligación de mejorar la calidad de aire de La Oroya y de las descargas de agua del proceso de producción en agentes tóxicos de plomo, cadmio y arsénico, en lo cual se ha avanzado poco si se revisa los casos de afectación en la salud de los niños principalmente, según Sandoval.
La empresa estadounidense se comprometió, refirió la experta, a que 95 por ciento de los niños y niñas menores de seis años llegaran a tener menos de 10 microgramos de plomo por decilitro en sangre.
Sin embargo, según la información del Ministerio de Salud de 2008, por lo menos 100 niños tenían 45 microgramos de plomo por decilitro en sangre cuando lo permitido por la Organización Mundial de la Salud es de 10 microgramos.
En total, le falta cumplir con 17 por ciento de las acciones del PAMA. En caso de no hacerlo con estas acciones, el decreto correspondiente exige la aplicación de multas, el cierre parcial o total de las operaciones de la empresa y la ejecución de la carta fianza que suscribió el Ministerio de Energía y Minas para hacer efectivo un fondo de fideicomiso que respalde el cumplimiento de los compromisos ambientales.
Lo preocupante, advirtió Sandoval es que hoy el fondo no cuenta con recursos para garantizar la ejecución del PAMA y que esto debió ser advertido por las autoridades desde diciembre cuando ya se sabía con cuánto disponía Doe Run en el fondo para cumplir con sus compromisos ambientales.
El presidente del Organismo Supervisor de Energía y Minería (Osinergmin), Alfredo Dammert, dijo a IPS que su institución continuará fiscalizando y que no podrán ampliar ningún plazo al menos que se apruebe otra norma. "Tenemos que analizar la situación y aplicar lo que dice la ley", agregó.
En la actualidad, hay dos procesos en curso que involucran a Doe Run y que culminarán en sanción, según Osinergmin.
El tema ha originado la preocupación de los trabajadores de la compañía, porque desde junio en que se suspendieron las operaciones de la empresa no laboran y el proceso de convocatoria a concurso de acreedores dilata una solución a sus necesidades de trabajo.
En un comunicado, los trabajadores atacaron a los que exigen el cumplimiento de los compromisos ambientales como el monseñor Pedro Barreto, representante de la Mesa de Diálogo de La Oroya. La situación está aún más polarizada.
"¿Qué problema hay en ampliar el plazo del PAMA? Igual se va a cumplir con la salud y el medio ambiente. Los que quieren que la empresa se cierre no piensan en que nosotros tenemos que trabajar para comer. Hoy La Oroya está desolada porque no hay trabajo", se quejó ante IPS el secretario general del Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos de Doe Run, Roiberto Guzmán.
Son 3.500 los trabajadores directos en Doe Run sin contar que la actividad económica de La Oroya depende en gran medida de la fundición. Guzmán señaló que la empresa no tiene ninguna deuda con ellos, pero mientras pasan los días sin trabajo se incrementa la impaciencia de sus compañeros que están dispuestos a iniciar medidas de lucha.
"Queremos una solución integral para La Oroya. Es importante la salud pero también el trabajo", agregó.
La abogada Sandoval señaló que esta encrucijada la ha originado el gobierno por no "actuar de manera transparente y no exigir a tiempo que Doe Run cumpla con el Estado. Ha colocado el tema económico con una justificación para ser permisivo con la empresa y que no se respeten derechos fundamentales", apuntó.
