Desde los más diversos frentes, como dirigente política, diputada en el Parlamento Europeo y embajadora, la portuguesa Ana Gomes se ha destacado como incansable luchadora y ardiente defensora de lo que define «causas justas». Ahora el blanco de sus críticas es el archivo de la causa de los vuelos de la CIA.
El escándalo estalló en noviembre de 2005, cuando el diario estadounidense The Washington Post reveló la existencia del trasporte secreto por parte de la CIA de presuntos terroristas capturados principalmente en países árabes, en Pakistán y en Afganistán, al enclave militar estadounidense en la isla de Cuba y a presiones secretas en otros puntos del mundo.
Ana Maria Martins Gomes nació en 1954 en Lisboa e hizo su estreno en la vida cívica y política con apenas 18 años como activista de los Comités de Lucha Anticolonial (CLAC), cuando los opositores a la guerra en África eran considerados "traidores a la patria" por la dictadura que imperó en Portugal entre 1926 y 1974.
Tras dos años de intensa actividad en los CLAC, al estallar la rebelión militar de los capitanes izquierdistas que depusieron la dictadura en 1974 ingresó al maoísta Movimiento de Reconstrucción del Partido del Proletariado (MRPP), al que abandonó en 1976.
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A fines de los años 90 nació el apodo con que hasta hoy se le conoce: una mujer "para todo terreno", expresión que define los vehículos que se conducen en geografía difícil, equivalente a "tracción en las cuatro ruedas".
Como embajadora en Yakarta, se convirtió en una de las figuras más destacadas de la diplomacia lusitana por su manejo del complejo "dossier Timor Oriental", que concluyó con el fin de la ocupación de Indonesia en 1999 y la independencia de esa ex colonia luso-asiática en mayo de 2002.
Ese año ingresa al Partido Socialista (PS), entonces controlado por el ala izquierda liderada por el entonces secretario general Eduardo Ferro Rodrigues, quién la invita a hacerse cargo de las relaciones internacionales.
Allí se mantiene hasta que la corriente derechista, autodenominada "izquierda moderna" del PS, controlada por el actual primer ministro José Sócrates, se apodera del partido en 2004, designando en cargos importantes fuera del país a los más destacados dirigentes cercanos a Ferro Rodrigues.
IPS: ¿Es éste un caso político, derivado de presiones de Washington o más una muestra, entre tantas, del conocido mal funcionamiento de la justicia portuguesa?
ANA GOMES: Es una abierta violación a la legalidad o entonces una voluntad política de enterrar el caso, porque no creo que existan presiones de Estados Unidos. Sin embargo, no estoy sorprendida, dadas las dificultades encontradas por los fiscales a cargo del caso.
Pero, este asunto está lejos de ser cerrado en Portugal y a nivel global, incluido Estados Unidos, donde todos los días se traban batallas por el esclarecimiento de los hechos.
Lamento que la justicia portuguesa, por lo que pude analizar en este despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), haya realizado una investigación tan llena de fallas, de pistas que no fueron seguidas y de incapacidades de dirimir contradicciones.
IPS: Pero si las presiones no provienen de Estados Unidos, serían domésticas, de la propia Lisboa
AG: En efecto y es justamente por eso que yo concluyo que, si no hay incompetencia (en la investigación de la fiscalía), hay entonces una voluntad política de enterrar este asunto también en la justicia. Demasiadas pistas no fueron seguidas.
Ahora voy a pedir nuevas diligencias a la directora del Departamento Central de Investigación y Acción Penal de la FGR, Cândida de Almeida, quien investigó y archivó el proceso.
IPS: La investigación, entre otros aspectos, determinó que las personas en "situación de aparente detención" vistas en Azores "serían militares estadounidenses" y "dos detenidos de nacionalidad portuguesa deportados de Canadá".
AG: En tal caso, no hubiese sido necesario utilizar aviones fletados por la CIA. La investigación demostró que en varios vuelos sospechosos, las autoridades portuguesas fueron incapaces de demostrar cuántos pasajeros había, quiénes eran, quién embarcó y quién permaneció en Portugal varios días.
Es también bastante extraño que la fiscalía no intentase entender por qué en vuelos civiles privados sospechosos hubo pedidos de cantidades absurdas de hielo, que sólo sirve para conservar algo orgánico, y de una cantidad exagerada de raciones de comida frente al número menor de pasajeros declarados.
IPS: Sus denuncias, en 2007, fueron el motivo de la investigación sobre 91 vuelos de aviones identificados. ¿Se trato de casos concretos comprobados también de personas?
AG: En lo que se refiere a los casos objeto de las denuncias que originaron la investigación se cuentan prisioneros encadenados (que fueron vistos y fotografiados por la población) en la base aérea (luso-estadounidense) de Lajes, Azores, pese a lo cual los miembros del Ministerio Público entendieron no haber elementos de prueba que lleven a concluir que en territorio nacional se practicó cualquier ilícito de naturaleza criminal.
Si no hay detrás de todo esto un objetivo político, la Fiscalía General de la República debe reabrir el caso. Espero que considere mis argumentos y realice las diligencias que recomiendo y que no fueron seguidas para llegar a la verdad.
IPS: ¿Es posible identificar los componentes políticos de este caso?
AG: No deseo hablar de presiones, pero por los hechos conocidos de la investigación puedo decir que faltó oír a los jefes de los gobiernos portugueses entre 2002 y 2006 (los conservadores José Manuel Durão Barroso, actual presidente de la Comisión Europea, y Pedro Santana Lopes, y el socialista Sócrates), así como a sus respectivos asesores diplomáticos y a los ministros de Relaciones Exteriores, de Interior y de Defensa, entre otros.
Es cuestionable también el "timing" de la FGR, cuando hizo saber que determinaba archivar el proceso. ¿Por qué es que más de dos años después de haberse iniciado esta investigación, de repente, unos días antes de las elecciones europeas y del Consejo Europeo (de primeros ministros) que reconfirmaría a Durão Barroso, el fiscal general de la república (Antonio Pinto Monteiro) aparece públicamente diciendo que la decisión era que el caso era archivado?
IPS: ¿Cuál podrá ser la reacción de la FGR ante su pedido de reabrir el proceso?
AG: Si el objetivo político no existe, entonces deberá reabrir la investigación y seguir las pistas que di. Sólo se puede llegar a la conclusión a que llega la FGR, de que "no fue practicado en territorio nacional ningún ilícito de naturaleza criminal", tan solo si la investigación fue guiada por el objetivo político de enterrar el tema del papel de Portugal en los vuelos de la CIA.
Ya entregué la solicitud para reanudar el proceso e investigar y concluir las diligencias que quedaron por cumplir y de muchas otras que fueron ignoradas.
IPS: Por ejemplo
AG: No se cuestionó al ministerio de Relaciones Exteriores por haber concedido, "a título excepcional" y tan solo a Estados Unidos, autorizaciones genéricas de sobrevuelo del espacio aéreo nacional y la utilización de la base de Lajes que permiten el "transporte de material contencioso y de personas".
Un ejemplo claro de omisión es el del avión "Guantánamo Express", operado por una empresa fantasma de la CIA, clasificado como vuelo de Estado pese a no haber tenido autorización diplomática, que, como se sabe, es un requisito obligatorio para ese tipo de vuelos.
IPS: Usted ha sido una persona activa no sólo en Portugal, sino a nivel europeo en la investigación de los vuelos de la CIA. ¿Está ante un callejón sin salida? En los demás países involucrados, ¿la investigación ha tenido mejor suerte?
AG: Yo he hecho todo lo que podía hacer. Hay mucha, demasiada gente que no quiere que surja la verdad. En general hay una gran resistencia de las autoridades de todos los países para que los hechos salgan a la luz.
Sin embargo, en algunos países hubo coraje. En especial en España, donde el propio gobierno presidido por (el socialista) José Luis Rodríguez Zapatero solicitó a la fiscalía que investigue.
Otros países donde las cosas han corrido mejor que en Portugal son Italia y Alemania, con sendas investigaciones realizadas por los respectivos ministerios públicos, como también en Estados Unidos, donde están en curso varias acciones investigativas ordenadas por los tribunales ante quejas de las víctimas. (FIN/IPS/mdq/dm/ip hd ka/na eu/09)
