En medio de una creciente protesta social y de enfrentamientos con los indígenas de la Amazonia, el presidente de Perú, Alan García, renovó otra vez parte de su gabinete ministerial, desplazando a figuras centroizquierdistas aliadas para refugiarse en sectores más conservadores.
García cambió a seis de sus 15 colaboradores inmediatos, empezando por el primer ministro, el centroizquierdista Yehude Simon, quien fue reemplazado por Javier Velásquez, el legislador del gobernante Partido Aprista Peruano que presidía hasta ahora el Congreso.
También se alejaron del gobierno Mercedes Cabanillas, a cargo de la cartera de Interior, y Ántero Flores Araoz, de Defensa, dos funcionarios severamente cuestionados por la represión lanzada contra las variadas protestas que cubren casi todo el territorio nacional.
Pero el nombramiento del ex director de la Policía, general Octavio Salazar, como nuevo ministro del Interior, ya generó otra fuerte polémica.
Es que Salazar tiene como antecedente la orden dada el 16 de junio de 2008 de despejar un puente tomado por manifestantes en la localidad sureña de Moquegua, a pesar de que los miembros de las fuerzas de seguridad eran un número inferior respecto de los ocupantes. La frustrada acción concluyó con el secuestro de 100 efectivos, incluido un general de la fuerza.
Al frente del Ministerio de Justicia, el presidente designó al legislador Aurelio Pastor, integrante de la línea dura del partido aprista, mientras que en Comercio Exterior estará Martínez Pérez y en Defensa Rafael Rey.
Pérez pertenece a la coalición derechista Unidad Nacional, sector que integró Rey, quien vuelve al gabinete ministerial tras su paso entre 2007 y 2008 por el Ministerio de la Producción.
En términos prácticos, el presidente García consolidó la presencia aprista y conservadora en su entorno de confianza que, como dijo este sábado al imponer los nuevos funcionarios en sus cargos, "espero sea el último hasta llegar al final del gobierno, en 2011".
Esta es la segunda vez que, forzado por una crisis política, García cambia parte del gabinete ministerial.
En octubre de 2008, el entonces primer ministro Jorge del Castillo y su gabinete renunciaron en bloque, después que la prensa difundió grabaciones con implicancias de corrupción en la negociación de contratos con el Estado.
Del Castillo fue relevado entonces por Simon, gobernador de la región Lambayeque y ex diputado izquierdista que en los años 90 purgó prisión por su presunta relación con el guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
El nombramiento de Simon aparentaba por esos días el inicio de una etapa progresista del gobierno de García.
Sin embargo, el crecimiento de la protesta social relacionada con la falta de empleo, los bajos salarios, el dictado de leyes que amenazan la propiedad de las tierras y de los recursos naturales de las comunidades indígenas andinas y amazónicas, y los reclamos ambientalistas de poblaciones afectadas por la minería impulsaron al régimen a utilizar la mano dura antes que aceptar la solución de las demandas.
Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que en junio había 273 conflictos sociales en todo el territorio nacional, mientras que en octubre de 2008, cuando Simon asumió la presidencia del Consejo de Ministros, había 189.
Fue por un conflicto social que García tiene que cambiar el gabinete de Simon. Se trata del desalojo violento concretado el 5 de junio por un contingente de policías de indígenas y pobladores de la localidad amazónica de Bagua que protestaban contra las llamadas "leyes de la selva". El choque concluyó con la muerte de al menos 33 personas.
Peor el anuncio de la renuncia del gabinete de Simon no apaciguó la protesta.
El siete, ocho y nueve de julio, agrupaciones sindicales y sociales, además de partidos de la oposición, cumplieron con una huelga que se concentró en el sur andino y la selva amazónica. Esta vez la capital del país no fue el escenario principal.
Con este telón de fondo, García recurre a un militante del partido de gobierno para recomponer un gabinete que en teoría debería llegar hasta el final del mandato, el 28 de julio de 2011.
Velásquez es legislador desde 1995 y no ocupó cargos de importancia en la cúpula del Partido Aprista Peruano (PAP), donde milita desde 1980, cinco años antes del primer gobierno de García (1985-1990).
Su presidencia del Congreso, que ejerce desde julio de 2008, ha sido cuestionada. De hecho, se negó a derogar las leyes que motivaron la rebelión de los indígenas amazónicos y castigó a siete legisladores de la oposición que se declararon en huelga de hambre en apoyo a los nativos.
Al tomarle juramento a Velásquez este sábado, García subrayó que se trataba del tercer gabinete y esperaba que "le devolviera la esperanza y la fe al país".
Sin embargo, en una encuesta de junio elaborada por la consultora Apoyo, la gestión de Velásquez como presidente del Poder Legislativo recibió la desaprobación de 67 por ciento de los entrevistados.
Para García, los conflictos sociales son azuzados, estimulados o manipulados por personas supuestamente financiadas por el movimiento político que lidera el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Incluso sugiere que estos grupos lo que buscan es sacarlo del gobierno para instalar un régimen inspirado en el postulado del mandatario del país vecino.
Precisamente, antes de instalar el nuevo gabinete, García se refirió al "conflicto ideológico sudamericano, cada vez más activo e invasivo, que perturba la tranquilidad de los hogares", en alusión a la lucha de países como Perú que rechazan la influencia del "chavismo" o su voluntad presuntamente desestabilizadora.
En esa línea, el mandatario peruano le dijo a Velásquez: "El país espera orden e inclusión social, estoy convencido que este gabinete le devolverá al país confianza y optimismo".
El nombramiento de Velásquez como jefe del gabinete dividió las opiniones. Mientras que para el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (gobernaciones), César Villanueva, el nuevo funcionario no es la persona indicada para el cargo, el líder empresarial Ricardo Briceño dijo que era el hombre perfecto para solucionar los conflictos sociales.
"No ha tenido en el Parlamento una actuación de acuerdo con la urgencia que tenía el país", indicó Villanueva.
"Su larga experiencia parlamentaria contribuirá en reforzar el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos", retrucó Briceño. (FIN/IPS/ap/dm/ip/sl la/09)
