La credibilidad de la prensa de Honduras está en tela de juicio, en medio de la crisis política desatada por el golpe de Estado del 28 de junio. Otra era su imagen hace dos decenios, cuando jugó un papel relevante en el retorno a la democracia.
En cuestión están los intereses de dueños de medios de comunicación en otros sectores económicos, los pagos del gobierno del depuesto presidente Manuel Zelaya a empresas y periodistas y ciertos mecanismos que defienden, a modo de "cerco mediático", al régimen de facto que preside Roberto Micheletti.
Numerosos medios de prensa y electrónicos son objeto de crítica desde ámbitos sociales y políticos por el modo en que resuelven sus dilemas éticos desde hace ocho años, en especial los relativos a la distancia con el poder y la búsqueda del equilibrio informativo.
A su vez, la propiedad de los medios también condiciona su papel. ¿Quiénes son las familias y figuras dominantes en el sector? ¿Cómo se vinculan con el poder? ¿Qué ganan y cómo ganan?
Cuatro diarios se reparten el mercado nacional. Dos circulan en el norte y el occidente del país. Los otros dos, en el centro, el sur y el oriente.
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Además, existen dos radioemisoras de cobertura nacional y una corporación televisiva que controla cinco canales. Tres de ellos transmiten los noticieros de cobertura nacional de mayor influencia.
Los diarios La Prensa y El Heraldo son propiedad del empresario Jorge Canahuati, con intereses en el sector farmacéutico, así como franquicias de comidas rápidas y de distribución de refrescos, entre otros rubros.
La Prensa es el periódico de mayor circulación y se edita en la costa norte, en tanto El Heraldo concentra su mercado en la región central, el sur y el oriente.
Le sigue el diario Tiempo, que se edita en la septentrional ciudad de San Pedro Sula y es propiedad del empresario y dirigente político Jaime Rosenthal, considerado uno de los cinco hombres más ricos del país.
Rosenthal es propietario de bancos, fábricas de cemento, empacadoras de carne de exportación, una aseguradora y un criadero de cocodrilos, entre otras empresas. Hasta hace ocho años, allegados suyos decían controlar el Poder Judicial, hasta que se reformaron los mecanismos de designación de los magistrados.
También es accionista del canal 11, de cobertura nacional, y de otra frecuencia televisiva en litigio.
Tiempo fue el único diario que apoyó al presidente Manuel Zelaya, depuesto en el golpe de Estado de junio. Yani Rosenthal, hijo de su propietario, fue ministro de la Presidencia durante los dos primeros años de su gobierno.
El cuarto diario, La Tribuna, se edita en la capital. Su dueño es el ex presidente de Honduras Carlos Flores Facussé (1998-2002), empresario de la industria gráfica. Como principal operador político del gobernante Partido Liberal (PL), es el político de mayor influencia en este país.
Las dos radios de cobertura nacional son Radio América, propiedad del empresario y político Miguel Andonie —con papel destacado en los sectores farmacéutico y de bienes raíces—, y HRN Emisoras Unidas, del empresario Miguel Villeda Toledo, cuya familia posee acciones de franquicias de comida rápida, entre otros intereses.
El empresario Rafael Ferrari controla la televisión hondureña. Es el principal accionista de la Corporación Televicentro y Megavisión, que incluye los canales 3, 5, 7 y 24. Ferrari es propietario del principal equipo de fútbol del país, tuvo vínculos con la banca y es, además, accionista de HRN Emisoras Unidas.
Todos estos grupos conforman la Asociación de Medios de Comunicación Social de Honduras.
El poder de los medios de comunicación se basa, en primer lugar, en que sus propietarios se sirven de ellos para hacer "otros negocios" con el Estado, según el periodista Manuel Torres, coautor del libro "Honduras: Poderes fácticos y sistema político", publicado hace dos años.
En segundo término, sostuvo Torres, este sector es un instrumento fundamental en la formación de la opinión pública, dada su capacidad de imponer, sugerir o modificar la agenda pública.
"Los medios tienen la capacidad de seleccionar los temas" que cubren, "lo que implica incluir y excluir, priorizar, escoger las fuentes y manejar sus tiempos", dijo el periodista a IPS. "Esa capacidad resulta más que atractiva para quienes necesitan mediar ante la opinión pública, entre ellos funcionarios públicos, políticos y empresarios."
Para Torres, que el poder aspire a controlar los medios de comunicación "no es novedad, como tampoco es que sus propietarios manipulen esa ambición para fortalecer sus negocios".
"Lo preocupante es que no existan mecanismos institucionales y de ciudadanía capaces de frenar el abuso que se comete en ambas vías, en claro atentado a la libertad de expresión y al derecho a la información", sostuvo el experto.
Torres consideró que el papel de un amplio sector de la prensa hondureña ha sido, en la actual crisis, "deplorable". "Una vez más le da la espalda a los procesos sociales, sin buscar el equilibrio y el contraste informativo. Se han olvidado de la ética y la técnica que debe prevalecer en el periodismo", sentenció.
Tras el golpe de Estado, se registró el cierre y militarización temporal de algunos medios, y numerosos periodistas fueron objeto de agresiones, amenazas e intimidaciones. Pero antes ya sufrían la censura sutil y la autocensura que a diario se vive en las salas de redacción.
Periodistas y editores de los principales medios de comunicación, quienes pidieron mantener sus identidades en reserva, informaron a IPS que rigen instrucciones, por ejemplo, para sustituir el término "golpe de Estado" por "sucesión constitucional".
Con raras excepciones, se aprecia, a veces, que los diarios manejan el término "derrocado presidente" en referencia a Zelaya ó "gobierno interino" en alusión al régimen de facto que preside Roberto Micheletti.
Zelaya está enfrentado con los medios de comunicación, a los cuales no pudo imponer su agenda informativa. Sin embargo, mediante contratos de publicidad logró crear su propio "pool informativo".
Luego del golpe de Estado se conocieron jugosos contratos publicitarios de hasta 200.000 dólares, así como pagos del gobierno a periodistas por alrededor de 500 dólares mensuales. IPS vio copias de algunos de los cheques correspondientes, extendidos en 2008, y el hecho fue corroborado por algunos de los beneficiarios.
Para el profesor universitario de periodismo Juan Ramón Durán, la crisis "está golpeando a todos". En el caso de la prensa, ahora "salpica la corrupción que hace años viene dañando la profesión". Además, sostuvo, las empresas de comunicaciones contribuyeron a "instalar un cerco mediático en torno del golpe de Estado".
Durán y otros periodistas, coincidieron en afirmar a IPS que el compromiso actual de los medios "no es con la verdad, sino con los intereses mercantiles", en contraste con la década del 80, cuando el periodismo tuvo su "época de oro" al denunciar violaciones a los derechos humanos y propiciar la restauración de la democracia.
