Mariana Rangel se llena de nostalgia cuando mira las instalaciones abandonadas de la mina Dos Estrellas, donde trabajó seis años como secretaria. «Eran tiempos prósperos y hoy sólo queda esto», dice la mujer a IPS mientras señala el área donde se ubicaba el antiguo hospital.
En un lapso de ocho años, de ese yacimiento que fue propiedad del belga François Joseph Fournier, se extrajeron 45.000 kilogramos de oro y 400.000 kilogramos de plata mediante las más modernas técnicas de la época.
Un siglo después del cenit de esta localidad de 8.000 habitantes, la minería de socavón, pero sobre todo la practicada a cielo abierto son objeto de una fuerte polémica, por los magros beneficios que dejan a las comunidades e incluso a los estados, que en cambio deben lidiar con su legado de contaminación.
Organizaciones no gubernamentales de diferentes lugares del mundo establecieron que este miércoles 22 de julio se conmemore el Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto.
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El caso más emblemático en México es la lucha de una década del movimiento no gubernamental Pro San Luis Ecológico contra la empresa Minera San Xavier, de capitales canadienses, y su explotación del Cerro San Pedro en el central estado de San Luis Potosí, a unos 400 kilómetros de la capital mexicana.
El movimiento de ecologistas y pobladores acusa a la compañía, filial de la canadiense New Gold (fusionada el año pasado con Metallica Resources) de contaminar los mantos acuíferos con cianuro empleado para separar el oro y la plata de la roca, de extraer agua en forma desmedida y de operar en una zona ecológica.
La minería ha sido parte fundamental de la historia de esa región. Los habitantes no se oponen a la explotación subterránea, que se practicó durante siglos. Pero rechazan la minería a cielo abierto, que consiste en abrir literalmente un enorme cráter en la montaña, de varios cientos de metros de profundidad, desplazando millones de toneladas de rocas luego tratadas con cianuro y agua.
CANADIENSES A LA CABEZA
"Es muy triste que la minería a cielo abierto esté en boga. Canadá ya se dio cuenta de que puede controlar a México con esas inversiones", dijo a IPS el abogado Héctor Barri, de Pro San Luis Ecológico, en referencia al predominio de las empresas canadienses en el sector minero.
Canadá encabeza la lista de países sedes de empresas trasnacionales con explotaciones a cielo abierto, con 51 por ciento de todo el capital minero. México ha sido más rico en plata que en oro, aunque su territorio alberga 23 depósitos minerales gigantes, que lo ubican entre los 12 mayores productores globales en al menos 18 elementos.
Estadísticas oficiales indican que, hasta el mes de junio, 263 compañías mineras con capital extranjero operaban 677 proyectos en México, 70 por ciento de ellas canadienses. En 26 de los 32 estados de este país hay corporaciones e inversiones extranjeras, que se concentran sobre todo en los norteños estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Pro San Luis derrotó legalmente en dos ocasiones a Minera San Xavier, lo cual no ha impedido que ésta prosiga la explotación minera.
Entonces el movimiento llevó el caso a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), creada en 1994 por Canadá, Estados Unidos y México dentro del marco de pactos ambientales complementarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La CCA contempla las peticiones ciudadanas sobre aplicación de la legislación ambiental. En esa facultad se amparó en febrero de 2007 la solicitud de Pro San Luis Ecológico, argumentando que la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales violó leyes mexicanas al autorizar una licencia para explotar oro y plata a la Minera San Xavier.
Pero los fallos de la CCA no obligan al Estado demandado a acatarlas, por lo cual "son puros llamados a misa. La CCA no tiene fuerza coercitiva, es un juicio moral", subrayó Barri.
El 15 de julio, el Secretariado de la CCA, con sede en la ciudad canadiense de Québec, propinó un revés a los ambientalistas, al dictaminar improcedente la denuncia.
La CCA se escudó en la existencia de procedimientos legales en curso, la falta de información disponible al público por la confidencialidad de esos procedimientos y la posibilidad de duplicar esfuerzos, ya que hay expedientes judiciales en marcha sobre ese mismo caso.
PROCESO SIGUE EN MÉXICO
Minera San Xavier obtuvo en febrero de 1999 permiso para explotar el Cerro San Pedro, a pesar de un decreto del gobierno estadual que lo declaraba zona ecológica.
"Nunca se debió otorgar el permiso a la minera, ahí empiezan los problemas. Es un caso flagrante de impunidad ambiental", sostuvo Barri.
Pro San Luis inició el procedimiento legal y en octubre de 2005 un tribunal federal declaró nula esa autorización. Pero en abril del año siguiente la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente extendió una nueva licencia ambiental a la empresa.
En mayo de este año un tribunal colegiado, compuesto por tres magistrados, volvió a dar la razón al movimiento ecologista. "Es el único caso en el mundo en que se ha ganado en los tribunales de forma clara y contundente. Pero, tristemente, las autoridades han omitido el cumplimiento", enfatizó Barri.
Ante ese panorama, Pro San Luis presentó el 14 de este mes una demanda penal contra el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, Francisco Cuevas, y el magistrado Alejandro Sánchez por retraso en la aplicación de justicia, obstaculización y ejercicio indebido de función pública. Además, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que analizara ese expediente.
QUINCE CASOS PERUANOS ANTE LA CIDH
En Perú, uno de los mayores productores de minerales del mundo, la expansión del sector ha ido de la mano de las demandas comunitarias, trasladadas en algunos casos a instancias internacionales ante la débil respuesta de las autoridades nacionales.
En 2003, la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), presentó 15 denuncias relacionadas con esta actividad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que el Estado vulneraba derechos fundamentales de las poblaciones de zonas mineras.
Entre esos casos se encuentran el de los "relaves" (residuos tóxicos) de San Mateo de Huanchor en la occidental provincia limeña de Huarochiri, el derrame de mercurio de Choropampa en la norteña región de Cajamarca, el de los depósitos de minerales en el Callao, cerca de Lima, y el del complejo de fundiciones de La Oroya, en la región centro-andina de Junín.
"El Estado impulsa la minería como motor de su modelo económico, pero no aplica al mismo tiempo políticas públicas para proteger a la población de los impactos que genera esta actividad. Eso es un absurdo", dijo a IPS la abogada Marleni Canales, responsable de incidencia y políticas públicas de la Conacami.
De los 15 casos denunciados, la CIDH ordenó al Estado peruano medidas cautelares a favor de las poblaciones de San Mateo de Huanchor y de La Oroya.
San Mateo de Huanchor se ubica al noroeste de Lima, en la cuenca alta del río Rímac y a una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar, en una zona donde se practica la ganadería y la agricultura.
De acuerdo con un estudio elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental en 2000, los residuos minerales allí tenían altas concentraciones de arsénico, plomo, zinc y cianuro.
La Conacami envió en abril de este año una nueva denuncia de incumplimientos a la CIDH solicitando que se pronunciara sobre el tema de fondo y pasara el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene hasta septiembre para emitir su veredicto, según Canales.
Otro caso simbólico es el de La Oroya, cuya población está severamente afectada por los agentes tóxicos que emanan de la metalurgia que opera la empresa estadounidense Doe Run.
La planta de La Oroya procesa minerales que se extraen de al menos 30 yacimientos de la zona centro y sur del país que, la mayoría a cielo abierto. Después de muchos plazos extendidos y violados, Doe Run intenta nuevamente que el gobierno le dé más tiempo para cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, fundamental para reducir las emanaciones tóxicas.
En 2007 la CIDH dispuso una medida cautelar a favor de 65 moradores de La Oroya, afectados por la contaminación. En este caso también se espera de la Comisión un dictamen y una elevación del proceso ante la Corte.
"Las instancias nacionales se han agotado, porque pese a todos los reclamos no se toman medidas efectivas. Lo que le queda a la población es presionar afuera porque ahora hay más interés en estos temas en el sistema internacional", dijo a IPS el economista José de Echave, responsable del Programa Minería y Comunidades de la organización no gubernamental CooperAcción.
Si una minera daña el ambiente en Perú puede recibir una multa máxima equivalente a 600 unidades impositivas tributarias (con un valor unitario de unos 1.166 dólares) mientras el castigo para las petroleras puede llegar a las 10.000 unidades.
En la mexicana Tlalpujahua, la cuestión hoy es recordar.
"México tiene mucha riqueza mineral, pero no tiene un gramo de memoria", dijo a IPS Gustavo Bernal, director del Museo Tecnológico Minero del Siglo XIX, desarrollado en la antigua mina de Dos Estrellas.
"Con el museo queremos rescatar la cultura minera y mostrar el saqueo del que hemos sido víctimas desde hace décadas", dijo Bernal, cuyo abuelo, Arturo, fue jefe de talleres eléctricos en la mina y oriundo de Tlalpujahua, que significa "lugar de tierras esponjadas" en la antigua lengua náhuatl.
* Con aportes de Milagros Salazar (Lima).
