¿En qué áreas trabajan las organizaciones de la sociedad civil en México? ¿Cuál es su estructura? ¿De dónde obtienen financiamiento? Esas son algunas interrogantes que intentará responder el proyecto Índice Civicus, recién puesto en marcha en este país.
"El Índice busca conocer el estado del arte de la sociedad en países donde se aplica, es como tomarle una fotografía a la sociedad civil en México", explicó a IPS la coordinadora de investigación y política pública del no gubernamental Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Lorena Cortés.
Para conformarlo, se crearán indicadores basados en las respuestas de encuestas a organizaciones de la sociedad civil, a actores externos que interactúan sin ser parte de ellas, como el gobierno, y a la población.
Además, se realizarán grupos focales ("focus groups") de 20 personas en distintas regiones del país sobre el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, y estudios de caso por cada aspecto evaluado.
El Índice de la Sociedad Civil, aplicado desde 2000, es un proyecto ejecutado por la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana – Civicus, una red internacional de sindicatos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, fundaciones filantrópicas y donantes.
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Civicus, nacida en 1993 y con sede en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, busca "fortalecer la solidez, crecimiento y protección de la acción del ciudadano a través del mundo, especialmente en áreas donde la democracia participativa y el derecho ciudadano de libre asociación están amenazados", afirma en su sitio web.
En México funcionan unas 9.000 organizaciones, según el registro oficial, pero esta cifra podría ser mayor, pues la inscripción a esa base de datos es voluntaria. Su área de trabajo es muy variada, desde atención a ancianos y combate a la pobreza hasta educación, salud y promoción de los derechos humanos.
Datos del Cemefi indican unas 15.000 asociaciones sociales de servicios a terceros, la mayoría orientadas a la salud y la asistencia social.
En ese aspecto, México está a la zaga de países como Chile, Argentina o Estados Unidos, que cuentan, respectivamente, con 300.000, 105.000 y dos millones de organizaciones de la sociedad civil.
El Índice Civicus, que se calcula para 56 países, abarca aspectos como el compromiso cívico, el nivel de organización, la práctica de valores y la percepción de impacto en la arena sociopolítica.
En 2000, México y otros 12 países participaron en un proyecto piloto del Índice Civicus. Sus resultados mostraron dificultades para acceder a fuentes de financiamiento y para cooperar entre las propias organizaciones, debilidades en democracia interna, rendición de cuentas y transparencia financiera, una buena imagen pública y un bajo impacto en el diseño y ejecución de políticas públicas.
En el proyecto, que durará un año y costará unos 200.000 dólares aportados mayoritariamente por el gobierno de Gran Bretaña, interviene también la no gubernamental Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo.
Azyadeth Adame, coordinadora de gobernabilidad democrática de Iniciativa Ciudadana, indicó a IPS que "en el país no hay un estudio sobre las organizaciones del tipo del Índice Civicus, con el cual esperamos tener un mayor conocimiento sobre la sociedad civil".
María Verduzco, experta de la organización no gubernamental Alternativas y Capacidades que participó en el proyecto piloto de 2000, definió a la sociedad civil mexicana como "diversa, heterogénea y con intereses variados".
"Las organizaciones buscan incidir en las políticas públicas, pero tienen muchas limitaciones de estructura, en obtención de financiamiento. Además, no se conoce bien lo que hacen y no tienen una buena imagen pública, por su activismo político", dijo Verduzco a IPS.
En la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil de 2008, levantada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, siete de cada 10 entrevistados mostraron algún grado de confianza en las organizaciones no gubernamentales.
El sondeo, que tocó cuestiones como donaciones, trabajo voluntario y capital social de las entidades, detectó también una escasa vinculación de la gente con la sociedad civil organizada.
"El desarrollo es todavía muy incipiente. La cantidad es muy pequeña, tomando en cuenta el tamaño del país. Lo atribuyo a que han surgido básicamente para suplir necesidades específicas que no puede cubrir el gobierno", dijo a IPS José Piña, director de la Fundación Nuevo Milenio, dedicada a la promoción de la cultura cívica.
En México rige desde 2004 la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, que establece mecanismos para que éstas accedan a fondos gubernamentales.
Pero, según Piña, las entidades desconocen esos mecanismos. "En los hechos, no existe una verdadera política de fomento", señaló.
En 2007, el gobierno mexicano entregó unos 142 millones de dólares en financiamiento para organizaciones no gubernamentales, que representan ocho por ciento de los recursos que éstas reciben. Ochenta y cinco por ciento proviene de la prestación de servicios, asesoría y venta de productos y siete por ciento de donaciones.
En este país sólo operan 125 fundaciones donantes, la mayoría de corte empresarial, y menos de la mitad son de tipo familiar o independiente.
Con el Índice Civicus se busca "construir una agenda común mínima a presentar al gobierno, para que vaya más allá de una investigación" y "dotar de herramientas a las organizaciones para que puedan ser interlocutoras válidas con el gobierno y que éste entienda su dinámica", dijo Cortés, politóloga del Centro para la Docencia e Investigación Económica.
"Veremos si es ventajoso que la sociedad se organice, gracias al Índice. Las organizaciones somos corresponsables del entorno donde vivimos, pero no conocemos la gran fuerza que podemos tener si nos organizamos más", destacó Adame.
