Todavía prevalece la pobreza en esta aldea indígena ubicada 420 kilómetros al sudoeste de Darwin, capital del australiano Territorio del Norte, pese a los esfuerzos del gobierno nacional por mejorar la vida de sus habitantes más ancianos.
Wadeye, antes conocido como Port Keats, posee la mayor comunidad aborigen, con una población de 2.500 habitantes, abarcando a unos 20 grupos tribales y siete diferentes idiomas.
Algunos señalan que la diversidad de familias y clanes en esta comunidad han intensificado las tensiones, que a menudo desembocan en violencia.
El clima es pesado y el único sonido es el de las hojas moviéndose en la brisa liviana. Sin embargo, el mensaje que aparece en los afiches es claro y contundente: "No traigan marihuana a nuestro pueblo" y "No al alcohol, no a la pornografía".
El consumo de drogas ha sido un problema importante en un pueblo que fue declarado libre de alcohol en 1988.
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"Nuestra comunidad ha estado seca durante dos décadas, pero el personal blanco tiene permisos para el alcohol. Eso es discriminatorio", dijo William Parmbuk, de 44 años, presidente del Concejo Regional Thamarrurr, que encuentra que el segundo afiche es ofensivo y quiere que lo retiren.
Los aborígenes de Australia y los isleños del estrecho de Torres, que constituyen apenas 2,5 por ciento de los 22 millones de habitantes del país, han sido uno de los pueblos más marginados del mundo industrializado.
El informe "Superando las desventajas indígenas", presentado el 2 de este mes por la gubernamental Comisión de Productividad, reveló que los pueblos originarios estaban peor de lo que se pensaba.
Su expectativa de vida es 17 años menor que el promedio nacional y 35 de cada 1.000 niños sufren abusos o abandono. La proporción de asesinatos es siete veces más alta en la comunidad aborigen que en el resto del país, con 34 veces más hospitalizaciones por violencia doméstica, y los indígenas también tienen 13 veces más probabilidades de ser encarcelados que los demás australianos.
El año pasado el primer ministro Kevin Rudd pronunció una "disculpa" histórica a los aborígenes por las injusticias del pasado, y se comprometió a que su gobierno buscaría superar la brecha entre los australianos indígenas y no indígenas en áreas clave como la salud y la educación, la mortalidad infantil y la expectativa de vida.
La ministra de Familia, Vivienda, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas, Jenny Macklin, dijo que "este informe realmente demuestra la profundidad y el alcance del desafío que tenemos por delante".
Son varios los factores que contribuyeron a la violencia en estas comunidades. Por ejemplo, décadas de sometimiento racista por parte de los invasores europeos y la separación de decenas de miles de niños, sacados de sus familias por la fuerza entre 1900 y 1970, bajo las políticas de asimilación del gobierno para erradicar la sangre aborigen y, supuestamente, darles una vida mejor.
Y también la confiscación de los derechos sobre la tierra, el encarcelamiento y la falta de educación, atención a la salud, trabajos y vivienda.
En 2007, Wadeye se convirtió en el objetivo de la controvertida Respuesta de Emergencia para el Territorio del Norte, del gobierno liberal liderado por el ex primer ministro John Howard (1996-2007).
Ese plan fue implementado poco después de que una investigación encargada por el gobierno concluyó que el abuso sexual infantil en las comunidades aborígenes se había vuelto un problema de "significación nacional urgente".
En lo que comúnmente se conoció como la "intervención" del gobierno, se vertieron 687 millones de dólares australianos (casi 537 millones de dólares estadounidenses solamente en el año fiscal 2007-2008) fueron vertidos en las comunidades originarias del Territorio, con fuertes restricciones al alcohol y la pornografía, y con regulaciones a los ingresos.
Ahora, una parte del dinero reservado para el bienestar de los residentes se destina a alimentos y otros elementos esenciales. Los pagos relativos a la seguridad social pueden suspenderse si los padres no envían a sus hijos a la escuela.
Apenas 50 por ciento de los más de 650 niños están inscriptos en las escuelas. "Bienvenido a Wadeye. Déle una oportunidad a cada niño aborigen", reza un afiche. Pero los pedidos de IPS para visitar la escuela o entrevistar al director fueron rechazados.
"Queremos educar a nuestros niños para que sean futuros líderes de nuestra comunidad. Hay demasiada desigualdad en la educación entre los australianos blancos y los indígenas. Ahora tenemos una escuela secundaria, pero necesitamos una facultad, para que nuestros hijos puedan seguir estudios superiores en medicina e ingeniería y conseguir buenos trabajos", dijo Parmbuk, uno de los afortunados que estudiaron en el St Johns College en Darwin.
El pueblo se ubica en el borde occidental de la reserva del río Daly, entre los matorrales y los manglares del golfo Joseph Bonaparte. Exceptuando a pequeños aviones contratados, está aislado durante la estación húmeda. El promedio de vida es de 46 años, menos de la cuarta parte de los adultos están empleados y casi 80 por ciento de los ingresos de los aborígenes corresponden a fuentes de la seguridad social.
En cada casa residen, en promedio, 16 personas. El hacinamiento es considerado una de las principales razones para la violencia, la propagación de enfermedades contagiosas y los abusos a los niños.
El único supermercado está lleno de gente. Tres de cada 15 empleados son indígenas.
"A consecuencia del manejo de ingresos del gobierno hubo un aumento en las ventas de frutos, camisetas y mercaderías de los blancos", dijo el director del supermercado, Mark Hoy.
"También se están acercando más muchachos jóvenes al comercio, que antes gastaban el dinero en alcohol, drogas, cigarros y naipes. Algunas mujeres están más felices ahora. Tuvieron que gastar todo el dinero a comienzos del mes, dado que los hombres iban a tomar por la fuerza su dinero de la seguridad social", añadió.
Sin embargo, no todos están felices con la puesta en cuarentena de los pagos del bienestar social. Algunos opinan que esto ha creado dificultades e inconvenientes, dado que son obligados a pagar más por las mercaderías, por ejemplo.
Aunque la policía dijo no estar "disponible" para formular declaraciones, Peter Cumaiyi, de la patrulla nocturna, relató su experiencia.
"Sí, había mucha violencia, pero ahora se está calmando. Mi trabajo es mantener a los niños fuera de las calles. Tratamos de frenar los problemas antes de que ocurran, hablándoles a los muchachos y asegurándonos de que vayan a la escuela o con sus familias en vez de deambular por las calles en busca de problemas", dijo.
Enfatizando que la "intervención" está funcionando, la ministra de Políticas Indígenas del Territorio del Norte, Alison Anderson, ella misma aborigen, dijo que su pueblo se ha acostumbrado a sobrevivir con el dinero de la seguridad social y a hacinarse en casas pequeñas.
"Un trabajo o una nueva casa por sí solos no cambiarán su mentalidad", expresó.
"Lo que funciona es que las comunidades tomen la iniciativa. Queremos que esta gente aspire a tener esperanza", agregó.
