El régimen de facto de Honduras impuso el toque de queda desde la hora local 12:00 (18:00 GMT) como parte de un operativo de seguridad ante el regreso del derrocado presidente Manuel Zelaya desde la vecina Nicaragua. Uniformados reprimieron a manifestantes que intentaban llegar a la frontera.
Acompañado de su canciller, Patricia Rodas, del jefe de la diplomacia de Venezuela, Nicolás Maduro, y de una caravana de unos 50 automóviles con algunos de sus funcionarios y seguidores y de unos 400 periodistas, Zelaya retornó este viernes por tierra hacia su país, del que había sido expulsado por militares en la madrugada del 28 de junio.
Luego de cruzar la línea fronteriza en la zona de Las Manos, en el sudoriental departamento de El Paraíso, donde lo esperaba un fuerte contingente militar, Zelaya retornó a territorio nicaragüense y permaneció dialogando telefónicamente con altos mandos militares.
Manifestantes que se acercaban a zonas fronterizas para expresar su apoyo al retorno del mandatario fueron repelidos con gases lacrimógenos lanzados por fuerzas de seguridad.
El toque de queda rige desde el mediodía de este viernes hasta la hora 04:30 de este sábado en los departamentos de Olancho y El Paraíso, en la zona noreste, este y sudeste del país, y Choluteca y Valle, en el sur, todos con áreas limítrofes con Nicaragua. En el resto del territorio, la medida estará vigente desde la medianoche.
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Más de 500 retenes policiales fueron instalados en todo el territorio, en especial en los puestos migratorios y aduaneros que Honduras comparte con Nicaragua, en el sur y el oriente, donde se están registrando todos los vehículos que cruzan la frontera.
El director general de la policía, Salomón Escoto Salinas, dijo a IPS que "se tomaron las medidas preventivas del caso para impedir que se produzcan brotes de violencia, por lo que estamos reforzando acciones, como patrullajes en zonas urbanas y rurales, para garantizar la paz que el país reclama".
Hay un "plan estratégico que hemos discutido con las Fuerzas Armadas y será aplicado de inmediato, pero no lo damos a conocer por cuestiones de seguridad, nosotros vamos a hacer la cumplir la ley", aseveró.
En una rueda de prensa este viernes el alto mando policial insistió en que "ante cualquier acto de violencia y vandalismo, la policía procederá en base al mandato legal que le asiste, por lo que pedimos a los manifestantes a favor de Zelaya que protesten en el marco que les da el Estado de derecho de Honduras".
Zelaya, que fue capturado por cientos de militares y llevado a punta de pistola hacia un avión que lo sacó del país, está acusado de delitos penales y electorales por el régimen de facto, que emitió una orden de captura contra él.
"Cumplimos órdenes de salvaguardar la soberanía para evitar que infiltrados ingresen del lado nicaragüense a efectuar disturbios en el viaje donde se presume que viene el ciudadano Zelaya", dijo el coronel Alcides Flores, comandante de la Brigada de Infantería 110 situada en Las Manos, El Paraíso.
"Tenemos personal en todas partes, todo está tranquilo y los manifestantes aquí están con sus consignas y estamos acompañando a la policía en los requerimientos normales de seguridad", acotó.
Zelaya había pedido al régimen de facto que le permitiera regresar al país para "abrazarme con mi familia, mi madre y mi pueblo hondureño, permítanme llegar en paz. Vamos a salir victoriosos de esto y les puedo asegurar que vamos a tener una victoria extraordinaria con el retorno a mi país".
Mérida Reyes, del Frente de Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado, dijo a IPS que se los manifestantes se agruparon pacíficamente en la frontera para recibir al "legítimo presidente constitucional, no queremos confrontación, pero esta seguridad policial y militar en la zona nos intimida".
"Queremos recibir al presidente Zelaya, por favor no nos obstaculicen el paso", demandó.
El de este viernes fue el segundo intento de Zelaya de retornar a su país, luego de que el 5 de este mes el régimen no permitió el aterrizaje del avión que lo transportaba, en una jornada marcada por la represión contra los manifestantes que dejó al menos dos muertos.
La segunda jornada de la huelga general organizada por las tres centrales sindicales del país contra el golpe de Estado se cumplió este viernes con el bloqueo de carreteras en por lo menos 10 puntos estratégicos del país, y que tuvo un acatamiento parcial.
El diputado izquierdista y opositor Marvin Ponce, uno de los organizadores de la huelga, dijo a IPS que la toma de carreteras estaba prevista para unas seis horas, siempre y cuando no se complicara el regreso de Zelaya.
Mientras el país permanecía en vilo sobre los acontecimientos posteriores al retorno del derrocado presidente, en la noroccidental ciudad de San Pedro Sula se desarrolló una multitudinaria manifestación favorable a los golpistas.
Mientras tanto, este viernes se presentó un informe preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Honduras desde el 28 de junio, redactado por una misión internacional compuesta por 15 expertos independientes de otras tantas organizaciones no gubernamentales de América y Europa, que visitaron el país desde el 18 de este mes.
La misión constató violaciones a la libertad de expresión, amenazas e intimidaciones contra líderes del movimiento social, e ineficacia de los órganos del Estado para garantizar los derechos humanos.
Además, la misión cuestionó la legalidad de la imposición del toque de queda —vigente casi a diario desde el 28 de junio—, pues no se procedió a publicar el decreto correspondiente en La Gaceta, el diario oficial, como establece la Constitución.
La misión tuvo delegados de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México, Foodfirst Information & Action Network International y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
También tomaron parte la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento de Colombia, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú, y el Servicio Paz y Justicia de Uruguay, entre otras.
En un comunicado previo, publicado el martes, la misión denunció el aumento significativo de arrestos "de personas extranjeras, en particular nicaragüenses", "allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias de, al menos, 20 nicaragüenses", que recibieron malos tratos, "no se les ofreció asistencia consular, ni se les brindó condiciones de detención adecuadas".
"Numerosos medios de comunicación locales contribuyen con esta práctica y política xenofóbica, otorgando una cobertura sensacionalista de las detenciones de nicaragüenses e invitando a la población a denunciar la presencia de personas de otras nacionalidades no hondureñas en actitudes sospechosas", agregó el comunicado.
De acuerdo con la misión, las autoridades justificaron esas acciones en "la supuesta existencia de amenazas externas", si bien las detenciones no han arrojado evidencias sobre la participación de esas personas "en acciones que comprometan la seguridad nacional".
La misión recomendó a la comunidad internacional no bajar la presión sobre el régimen de facto para que retorne el orden institucional, y solicitó que el sistema de protección de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas active mecanismos apropiados, como el envío de observadores y relatores especializados.
El reporte de la misión coincidió con otros informes estatales y no gubernamentales que indicaron más de mil detenciones ilegales, practicadas al amparo del toque de queda, si bien no se constató que en las cárceles hubiera presos políticos.
El informe preliminar expresó preocupación por la inseguridad que viven los defensores de derechos humanos y anunció la instalación de un observatorio de derechos humanos para monitorear la evolución de los hechos desde el golpe de Estado.
