El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos anunció la revocación de la visa especial de ingreso de cuatro altos funcionarios del gobierno de facto que preside en Honduras Roberto Micheletti.
La medida del gobierno de Barack Obama, dictaminada por la secretaria de Estado (canciller) Hillary Rodham Clinton, es considerada otro más de una serie de pasos para forzar al régimen de Micheletti a aceptar un plan de transición que incluya el regreso del depuesto presidente Manuel Zelaya al poder.
Los funcionarios cuya visa fue revocada tuvieron un papel directo en el arresto y deportación de Zelaya hace exactamente un mes. Su identidad es "confidencial" según las leyes estadounidenses, como señaló el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, al anunciar la medida.
Sin embargo, trascendió que entre ellos figuran el miembro de la Corte Suprema Tomas Arita Valle, quien firmó la orden de arresto contra Zelaya, y el presidente del Congreso legislativo hondureño, Alfredo Saavedra, quien designó a Micheletti para encabezar el gobierno de facto.
"Éste es un paso increíblemente importante", dijo Vicki Gass, experta en Honduras en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). "Recuerda al gobierno de facto surgido del golpe de Estado que sigue siendo inaceptable que exijan para la restitución de Zelaya una solución negociada más amplia."
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"Tal vez esto no sea suficiente en sí mismo, pero creo que sacudirá la situación en Honduras, donde ya hay señales claras de tensión dentro del régimen", agregó Gass.
Una de esas señales surgió el fin de semana, cuando las Fuerzas Armadas hondureñas declararon desde su sitio web su apoyo al denominado "acuerdo de San José", propuesto por el presidente costarricense Óscar Arias luego de deliberar con representantes de Zelaya y del régimen de Micheletti.
La iniciativa propone, en el primero de sus 11 puntos, el restablecimiento inmediato de Zelaya en la presidencia a cambio de restricciones en sus facultades hasta enero, cuando concluirá su periodo.
Pero el retorno de Zelaya fue rechazado explícitamente por el comandante de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, entrevistado por la cadena británica BBC.
El comunicado que había sido publicado en el sitio web corresponde a la autoría de dos coroneles enviados a Washington para asegurar a funcionarios estadounidenses que las Fuerzas Armadas habían sido injustamente acusadas de ejecutar órdenes de instituciones civiles, como la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional legislativo.
"Consideramos que el comunicado fue un buen paso hacia delante, como señal de que los militares apoyaban la Constitución", dijo un funcionario del Departamento de Estado que solicitó reserva de su identidad.
La revocación de las visas anunciada este martes fue la primera sanción concreta impuesta por el gobierno de Obama al régimen de facto desde que, una semana después del golpe de Estado, suspendió el desembolso de unos 20 millones de dólares en ayuda militar y económica, en cumplimiento de leyes estadounidenses.
Washington apoyó, además, la suspensión del desembolso de préstamos y fondos de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con la esperanza de de persuadir de aceptar el acuerdo a la elite empresarial hondureña, la cual apoyó el golpe.
Al mismo tiempo, cuatro grandes compañías industriales estadounidenses que operan en Honduras —Adidas, Niké, Gap y Knights Apparel— pidieron a Hillary Rodham Clinton que procure "la restauración de la democracia" en ese país latinoamericano.
En una carta a la secretaria de Estado, los empresarios deploraron las "restricciones a las libertades civiles" que rigen desde la emisión del decreto de emergencia del 1 de julio.
"No apoyamos ni apoyaremos ni adherimos ni adheriremos a la posición de ninguna de las partes en esta disputa interna, pero creemos necesario unirnos al presidente de Estados Unidos, a los gobiernos de países de todas las Américas, a la OEA, a la Asamblea General de la ONU y a la Unión Europea en sus llamados por la restauración de la democracia en Honduras", advirtieron las compañías.
Por su parte, Micheletti parece mantenerse en sus trece, mientras Zelaya se manifestó de acuerdo con la iniciativa de Arias, apoyada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Esos pronunciamientos elevaron en las últimas semanas la presión sobre Washington para que tomara medidas adicionales.
"El Departamento de Estado está actualmente revisando las visas diplomáticas o de clase A de individuos que son miembros del régimen de facto en Honduras, así como las visas derivadas de familiares de esos individuos", dijo Kelly este martes.
"Revocamos las visas diplomáticas emitidas para estos individuos. Estos individuos las recibieron por los cargos que tenían antes del 28 de junio en la administración de Zelaya, pero ahora están al servicio del régimen de facto", explicó.
"Estamos tratando de hacer todo lo posible para apoyar el proceso iniciado por el presidente costarricense Arias y sus esfuerzos de negociación. Estas acciones son consistentes con nuestra política de no reconocimiento al régimen de facto de Roberto Micheletti", añadió Kelly en rueda de prensa.
"Esto es un paso bastante grande para nosotros", sostuvo el funcionario, para quien el Acuerdo de San José es "una transacción equitativa" que ambas partes "deben tomar en serio".
"Son medidas que apuntan muy fino y que están diseñadas para emitir un fuerte mensaje: queremos que esto se arregle", dijo Michael Shifter, vicepresidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, con sede en Washington.
El gobierno de Obama "obviamente no anticipaba tener que lidiar con Honduras como una gran prueba para las relaciones con América Latina" y, en consecuencia, "presiona", agregó.
Pero, al igual que Gass, Shifter manifestó cierto escepticismo sobre la eficacia de la revocación de las visas en su propósito de hacer recapacitar a Micheletti y sus colaboradores.
"Estados Unidos, la OEA y la comunidad internacional subestimaron la profundidad del malestar hacia Zelaya desde el gobierno de facto, y el propio presidente depuesto no se ayudó a sí mismo con sus payasadas, que, si lograron algo, fue afianzar al régimen en su posición", explicó.
Shifter se refería al intento de Zelaya de regresar a Honduras a bordo de un avión venezolano, abortado por barricadas militares en el aeropuerto de Tegucigalpa, o a través de la frontera con Nicaragua, acciones a las que Clinton calificó de "temerarias".
Mientras, legisladores del opositor Partido Republicano y colaboradores del ex presidente estadounidense George W. Bush consideran que la salida de Zelaya de la presidencia salvó a Honduras de soportar una "dictadura populista" como la que atribuyen al presidente venezolano Hugo Chávez.
