Entidades de fomento al desarrollo y legisladores estadounidenses urgen al gobierno de Barack Obama a usar su poder en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) para volverlo más transparente, democrático y receptivo a las necesidades de sus deudores más pobres.
Sostienen que la influencia de Estados Unidos debería potenciarse mediante los 108.000 millones de dólares en garantías de préstamo al FMI que fueron aprobados en junio.
Esta suma es parte de un paquete de 750.000 millones de dólares comprometido por los líderes del Grupo de los 20 (G-20) países ricos y emergentes en su cumbre de abril en Londres, para estimular la capacidad del FMI de rescatar a países que han sido particularmente golpeados por la crisis financiera mundial nacida precisamente en Estados Unidos.
"El Congreso (legislativo) de Estados Unidos no debería darle al FMI un cheque tan enorme y casi en blanco", dijo Jo Marie Griesgraber, de New Rules for Global Finance (Nuevas Reglas para las Finanzas Mundiales), una red de organizaciones no gubernamentales que favorece reformas de largo alcance en la dirección y operaciones de las principales entidades financieras multilaterales, entre ellas el FMI y el Banco Mundial.
"Por lo menos debería reclamar una mayor responsabilidad y transparencia de la institución. De ese modo tendremos alguna manera de saber si el FMI está actuando según los intereses de las personas que más sufren por la crisis económica", agregó.
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De hecho, el Congreso estadounidense impuso varias condiciones —promovidas por New Rules y otras organizaciones no gubernamentales— a los 108.000 millones de dólares en garantías de préstamo, que fueron aprobados bajo el proyecto complementario de asignaciones 2009.
Sin embargo, se ha desatado un álgido debate entre el Poder Legislativo y la presidencia de Obama sobre si tenía la autoridad constitucional para hacerlo.
Tal como se aprobó finalmente, el proyecto exige al representante de Estados Unidos en la Junta de Gobernadores del FMI oponerse a préstamos o acuerdos con 40 de los países más pobres del mundo, la mayoría africanos, que restrinjan sus gastos en salud, educación, asistencia alimentaria u otras necesidades básicas.
También requiere que el FMI use por lo menos 4.000 millones de dólares derivados de la planeada venta de algunas de sus reservas de oro para subsidios o alivio de deuda a los países pobres.
Aunque los funcionarios de la Casa Blanca señalan que no tienen objeciones sustanciales a estas condiciones y que se proponen respetarlas, Obama emitió una "declaración de firma" señalando que las mismas interferirán con su "autoridad constitucional para dirigir las relaciones exteriores ", y que por lo tanto no se las considera vinculantes.
Su declaración provocó una reacción furiosa del Congreso, donde a comienzos de este mes la Cámara de Representantes votó por 429 votos contra dos para insistir en las condiciones.
"La noción de que el gobierno puede tomar el dinero y elegir con cuidado qué quiere hacer con las condiciones es inaceptable", dijo el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Barney Frank.
Luego Frank firmó una carta junto con otros dirigentes del gobernante Partido Demócrata, advirtiendo que si Obama emite "otra declaración de firma sobre el financiamiento del FMI y el Banco Mundial, el Congreso recortará los fondos que él quiere".
La firme respuesta de los demócratas de la Cámara infundió ánimos a las organizaciones no gubernamentales.
"Ahora esperamos que el Congreso use la autoridad de control que ellos defienden a fin de hacer responsable al Tesoro (de Estados Unidos) sobre cuestiones cruciales, como garantizar que las medidas de austeridad del FMI no impidan que los países en desarrollo sostengan y aumenten las inversiones en salud y educación", según la coalición de organizaciones no gubernamentales.
Aunque esas entidades consideran que las condiciones del proyecto de ley de asignaciones complementarias constituyen un paso modesto en la dirección correcta, trabajan con parlamentarios para adjuntar más medidas de largo alcance al proyecto de ley de ayuda al exterior de 2010, que también incluye financiamiento y garantías para el FMI y el Banco Mundial.
Los esfuerzos llegan en el contexto de una reevaluación del sistema financiero internacional, mientras el mundo lucha por recuperarse de la peor crisis económica desde la Gran Depresión, posterior a la caída de la Bolsa de Nueva York de 1929.
El hecho de que el FMI no haya anticipado la actual recesión y de que muchas de las políticas "amigables con el mercado" que impuso a sus deudores son señaladas por mucho como causas de lo ocurrido, ha planteado importantes preguntas sobre su futuro, y particularmente sobre la forma en que es gobernado.
Según sus estatutos, el poder de voto de cada país miembro de la Junta del FMI se determina según un sistema de cuotas, que a su vez se basa en varios criterios, principalmente económicos, como el tamaño relativo de la economía en términos de producto interno bruto (PIB), cuánto comercio realiza con otros países y la dimensión de sus reservas de divisas fuertes.
Durante mucho tiempo, Estados Unidos ostentó la mayor cuota, y por lo tanto actualmente goza de más influencia que cualquier otro estado miembro del FMI.
Posee casi 17 por ciento del poder total de voto, dos por ciento más de lo necesario según la Carta para vetar cualquier cambio político importante, por ejemplo sobre cómo se calculan las cuotas.
Por contraste, los países de África subsahariana —con una población total que más que duplica a la de Estados Unidos— tienen una cuota combinada de menos de seis por ciento.
"Los países de bajos ingresos están en constantes tratativas con el FMI, pero tienen muy poca voz y voto", dijo Griesgraber, quien elogió los pedidos de reforma realizados por el propio director gerente de la institución financiera, Dominique Strauss-Kahn.
"Tiene que volverse más democrático", agregó.
"En el FMI, los derechos de voto favorecen a los gobiernos de algunos países ricos en un sistema anticuado heredado del fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y modificado de modo poco democrático desde entonces", expresó Jomo Kwame Sundaram, secretario general adjunto para el desarrollo económico en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.
Es probable que estos asuntos sean abordados en la próxima cumbre del G-20, que se celebrará en septiembre en Pittsburg, en el occidental estado de California, y en las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI que tendrán lugar el mes siguiente en Estambul.
La versión de la Cámara de Representantes también urge al director ejecutivo de Estados Unidos en el FMI a promover la adopción de una política que garantice que los préstamos y otros acuerdos con los deudores "no incluyan condiciones contra-accionarias en el caso de un país que esté experimentando una crisis económica".
Históricamente, el FMI ha impuesto severas medidas de austeridad a sus deudores en apuros económicos. Esas condiciones, que a menudo buscan combatir la inflación y el déficit presupuestario que la causó, no sólo perjudican más a los sectores más pobres y vulnerables, sino que con frecuencia hacen que los países entren en recesión y retardan su recuperación.
Sin embargo, dado el gran incremento de su financiamiento debido a la crisis financiera mundial, el FMI se ha convertido en un actor central de los esfuerzos de recuperación, y las organizaciones no gubernamentales quieren asegurarse de que sus políticas se ajusten en consecuencia.
"El FMI es parte del problema, pero también parte de la solución", dijo Sundaram. (IN/IPS/traen-js/jl-dk/ks/na wd if dv md fm cs fe/09)
