Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos reclaman a China transparencia y una investigación independiente de los sangrientos enfrentamientos registrados en la noroccidental provincia de Xinjiang.
"Hubo una trágica pérdida de vidas humanas y es fundamental que se realice una investigación independiente urgente para que los responsables comparezcan ante la justicia", señaló la directora adjunta del capítulo de Asia Pacífico de Amnistía Internacional, Roseann Rife.
"La violencia y otro tipo de abusos de las autoridades o de los manifestantes no se justifican de ninguna manera", apuntó la representante del grupo con base en Londres.
Al menos 156 personas murieron el domingo y más de 1.000 quedaron heridas cuando una manifestación en Urumqi, capital de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, se tornó violenta, informó la prensa china.
Además hubo más de 1.400 personas detenidas, la mayor cantidad en más de dos décadas, según analistas, por su presunta responsabilidad en los hechos.
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"Es quizá el episodio de violencia política más grande que se haya visto en China en 30 años", dijo Sophie Richardson, especialista en política exterior de ese país de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
Pidió también a Beijing que habilite a la Organización de las Naciones Unidas a realizar una investigación independiente sobre lo ocurrido.
Todo comenzó como una manifestación pacífica contra la inacción del gobierno frente a una disputa en una fábrica de juguetes de Shaoguan, en la suroriental provincia de Guangdong, que terminó con dos muertos.
Al parecer, un hombre de Shaoguan escribió en un sitio de Internet que seis niños de Xinjiang habían "violado a dos niñas inocentes".
El 26 de junio, cientos de trabajadores uigur se enfrentaron con otros miles de la etnia china han en una fábrica de Shaoguan.
Los uigur son un pueblo túrquico que constituye la mayoría musulmana de la región de Xinjiang.
Las autoridades chinas promovieron la contratación de trabajadores de esa comunidad en un intento de disminuir el desequilibrio en los ingresos regionales en China, informó la cadena de radio y televisión británica BBC.
"Nos preocupan mucho las personas muertas y heridas en Urumqi", reza un comunicado del secretario de prensa estadounidense Robert Gibbs, divulgado el lunes.
"Las circunstancias todavía no están claras por lo que sería prematuro hacer más comentarios o especulaciones al respecto. Pedimos mesura a la población de Xinjiang".
La policía detuvo al hombre que propagó el rumor, quien al parecer "difundió información falsa para expresar su molestar" por no poder encontrar trabajo tras haber renunciado al que tenía en la fábrica de juguetes, según la agencia de noticias oficial Xinhua.
Las autoridades de Guangdong impusieron un bloqueo informativo sobre lo ocurrido, según Amnistía Internacional, y ordenaron a los responsables de sitios y foros de Internet borrar todos los comentarios relacionados con los enfrentamientos.
La organización con sede en Londres pidió a las autoridades chinas que facilite el acceso a la información para que periodistas chinos y extranjeros y observadores independientes puedan informar sobre lo ocurrido.
Por su parte, las autoridades de Xinjiang responsabilizan de la violencia a Rebiya Kadeer, exiliado en Estados Unidos y director del Congreso Mundial Uigur, con sede en la ciudad alemana de Munich.
"Rebiya habló por teléfono con varias personas en china el 5 de este mes para organizar la provocación y los hechos fueron orquestados desde los sitios de Internet uighurbiz.cn y diyarim.com que difundieron propaganda", sostuvo el gobernador de Xinjiang, Nur Bekri.
El Congreso y otras organizaciones uigbur del extranjero niegan las acusaciones.
"Los funcionarios chinos siempre culpan a alguien más de sus propios problemas", dijo a Bloomberg Alim Seytoff, portavoz en Washington del Congreso Mundial Uigur. "Nunca dicen que es su problema, sus políticas, sus acciones y su abuso sistemático"
La protesta pacífica se volvió violenta, según Seytoff, cuando las fuerzas del gobierno dispararon contra los manifestantes.
Amnistía urgió a las autoridades chinas a respetar el derecho nacional e internacional que protege la libertad de expresión y de reunión pacífica, prohíbe arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos contra personas detenidas.
"Las autoridades chinas deben asumir su responsabilidad por las muertes y los detenidos", remarcó Rife, de Amnistía. "Deben realizar una investigación exhaustiva que derive en juicios de acuerdo con los estándares internacionales y sin recurrir a la pena de muerte".
Xinjiang, donde viven unos ocho millones de uigurs, ha sido escenario de grandes tensiones étnicas. Estrictas leyes y normas dictadas por el gobierno central rigen todos los aspectos de la vida de ese pueblo, en especial de los trabajadores, que no pueden practicar el Islam.
El resentimiento contra el gobierno chino se acumula desde hace años. Muchos uigurs sueñan con recrear el legendario Kashgaria y separarse de la mayoría china de la etnia han.
El efímero reino surgió tras una prolongada rebelión musulmana contra la dinastía Qing a mediados del siglo XIX. Pero luego los gobernantes manchú reconquistaron la región y en 1884 crearon la provincia de Xinjiang (nueva frontera, en mandarín).
Salvo por la breve existencia de dos repúblicas de Turquestán Oriental, una a mediados de los años 30 y la otra tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), por lo general ese pueblo ha luchado por su identidad nacional a espaldas de la comunidad internacional.
Desde los años 80, los uigurs han sido objeto de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, según Amnistía. Eso incluye detenciones arbitrarias y en aislamiento y graves restricciones a la libertad de culto, a la práctica de su cultura y a ejercer sus derechos.
Las políticas del gobierno que restringen el uso de la lengua uigur, la práctica de su religión y el flujo continuo de inmigrantes de la etnia han que destruyen sus costumbres a la región, además de la discriminación laboral, avivan el descontento de esa comunidad y las tensiones étnicas.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, China sostuvo que la red extremista Al Qaeda entrenó a más de 1.000 miembros del Movimiento por la Independencia de Turquestán Oriental, región que se corresponde con la provincia china de Xinjiang.
Beijing logró poner a ese movimiento en las listas de organizaciones terroristas de Estados Unidos y de las Naciones Unidas y aplicó mano dura para terminar con los disturbios.
Beijing lanzó una severa campaña que llevó a detenciones arbitrarias de miles de uigurs acusados de "terrorismo, separatismo y extremismo religioso" por gozar de sus derechos humanos básicos de forma pacífica, según Amnistía.
La situación de los uigurs es comparada a la de los budistas de la región autónoma del Tíbet, donde manifestaciones pacíficas derivaron en hechos de violencia el año pasado.
Es de esperar que las fuerzas chinas empleen las mismas tácticas que usaron contra los manifestantes budistas, dijo Seytoff a Voz de América, y "traten de intimidar a todos los uigurs con este episodio".
