Los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura en Chile fueron esta semana centro de atención por avances judiciales, el lanzamiento de una Ruta de la Memoria, la reactivación del Instituto de Derechos Humanos y confusas expresiones de la presidenta Michelle Bachelet sobre indultos.
A pesar de que Bachelet aclaró este viernes que "nunca he planteado un indulto masivo", organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen el alerta al respecto.
"Ha sido una semana de hechos relativamente positivos y otros que dejan una estela de incertidumbre respecto del futuro", dijo a IPS Mireya García, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), víctimas de la dictadura que encabezó de 1973 a 1990 el hoy fallecido general Augusto Pinochet (1915-2006).
El 11 de este mes, la Iglesia Católica propuso al gobierno indultar a los presos mayores de 70 años que cumplan penas menores, a los enfermos terminales y a reclusas que sean madres como un gesto humanitario para celebrar en 2010 el bicentenario de la independencia de España.
Cuatro días después, la mandataria dijo que estaba abierta a estudiar todas las solicitudes, al responder en una entrevista radial sobre la posibilidad de extender este beneficio a los militares condenados por atropellos a los derechos humanos. Como el comentario de Bachelet causó inmediatas reacciones de rechazo en el mundo político y entre organizaciones humanitarias, la portavoz de gobierno, Carolina Tohá, debió salir a aclarar el jueves que, "en materia de derechos humanos, el gobierno no es partidario de impulsar indultos generales".
"Distinta es la facultad presidencial que existe y es permanente de analizar casos específicos cuando hay razones fundadas que así lo ameriten y que normalmente están ligadas con temáticas humanitarias", puntualizó la funcionaria.
La propia Bachelet reiteró este viernes en una gira por el norte del país que nunca se había hablado de "un indulto masivo". "No ha sido el gobierno el que ha planteado esa salida, así es que quiero que quede absolutamente claro" este asunto, añadió.
Pero los familiares de las víctimas de la represión no quedaron conformes con las aclaraciones. "No estamos dispuestos a aceptar que este indulto (propuesto por la Iglesia) sea extensivo a los violadores a los derechos humanos", explicó García.
"Creemos que no ha habido una posición absolutamente clara y definida por parte del gobierno respecto de esto. Creemos que ha habido un grado de ambigüedad que no es bueno, porque a partir de las ambigüedades es que se van abriendo puertas a situaciones lamentables como sería que un gobierno democrático indultara" a represores, acotó.
Donde también se mantiene la polémica es en el proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos, que se encuentra en su último trámite en el parlamento.
El gobierno anunció que dotará de suma urgencia a esta iniciativa legal para acelerar su aprobación, lo cual llevó a parlamentarios de la coalición centroizquierdista gobernante a adelantar su rechazo en razón de la oposición expresada al proyecto por organizaciones de derechos humanos.
"No estamos de acuerdo con los términos de este instituto, sin embargo el gobierno sigue insistiendo", comentó García. "Nos parece que el instituto tiene más características académicas que de un organismo que se vaya a ocupar, no preocupar, de las causas pendientes de violaciones a los derechos humanos", observó.
Esta semana también se conocieron avances judiciales en un caso emblemático.
El juez Alejandro Solís ordenó el miércoles la detención y notificación de 21 ex agentes de la represiva y disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), acusados de ser autores y cómplices del secuestro calificado de 13 dirigentes del Partido Comunista, quienes permanecen desaparecidos desde 1976 y que se presume fueron asesinados en un cuartel capitalino conocido como Simón Bolívar.
Entre los procesados se encuentra el ex director de la DINA, Manuel Contreras, condenado a más de 200 años de prisión por otras causas, además de otros militares, carabineros y personal de la policía de investigaciones ya en situación de retiro.
Luego de conocido el procesamiento, el abogado querellante, Eduardo Contreras, dijo que el fallo de Solís arrojará "luz en infinidad de otros casos".
Aunque valoró los avances, García criticó que los procesos "siempre terminan con los mismos inculpados, lo que también genera una duda respecto a qué nivel de investigación se está realizando".
"Obviamente que más de 3.000 víctimas no pueden tener sólo los 10 o 15 inculpados que aparecen en todos los procesos", arguyó.
Por otra parte, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó el lunes la llamada "Ruta de la Memoria Santiago 1973-1989", un circuito patrimonial que incluye 14 inmuebles donde fueron vulnerados y también defendidos los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
Entre ellos se destacan centros de detención y tortura como el Estadio Nacional, el hoy bautizado Estadio Víctor Jara y los edificios de Londres 38, Nido 20 y José Domingo Cañas. Otros lugares son el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, el Palacio de gobierno de La Moneda y la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica.
Para noviembre está programada la inauguración del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, uno de los principales legados que la mandataria quiere dejar antes de que termine su periodo presidencial el 11 de marzo de 2010. Pero el balance de las agrupaciones de derechos humanos no es del todo feliz.
"Nosotros teníamos la esperanza de que en este gobierno íbamos a avanzar a pasos mucho más agigantados, pero termina como han terminado todos los gobiernos democráticos hasta ahora: con cuestiones a medias, con definiciones poco claras y con una justicia que avanza y retrocede aplicando la prescripción en casos de derechos humanos, etcétera", indicó García.
"El caso de Honduras debe alertarnos de que los golpes de Estado están siempre detrás de la puerta y se pueden gatillar por cualquier situación. En la medida en que la justicia no cumpla con su rol cabalmente siempre vamos a estar expuestos a ellos ", concluyó. La referencia al país centroamericano es por el derrocamiento el 28 de junio de su presidente, Manuel Zelaya.
