Los atropellos contra sindicalistas, desde persecuciones hasta asesinatos, proliferan en todo el mundo aunque, como ya es lúgubre costumbre, sobresalen en Colombia, verificó el informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI).
La violencia contra el sindicalismo dejó en 2008 un total de 76 personas asesinadas por defender los derechos laborales. Esa cifra es inferior a la de 2007, que ascendió a 91 asesinatos de dirigentes sindicales.
Sin embargo, en Colombia se invirtió esa tendencia decreciente, pues 49 sindicalistas murieron en forma violenta el año pasado, lo que representó un aumento de 10 crímenes con respecto a 2007. Tal saldo luctuoso se registró a pesar de las afirmaciones del gobierno de Álvaro Uribe de que la situación estaba mejorando, remarcó la CSI.
"No ha habido, no hay ni habrá progresos verdaderos en el caso de Colombia, a menos y hasta que la crisis de impunidad sea directa, auténtica y honestamente resuelta", sostuvo Stanley Gacek, representante de la estadounidense Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).
Eso significa "condenar efectivamente a los autores intelectuales de esta violencia, al igual que a los materiales", precisó el dirigente de la AFL-CIO.
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Con esa finalidad, habrá que establecer en Colombia una capacidad de investigación, de acusación y de juicio, y también asegurar que los términos de las condenas sean significativos y durables, reclamó el sindicalista estadounidense.
Colombia vive un conflicto armado interno, con guerrillas izquierdistas alzadas en 1964, combatidas a la vez por fuerzas estatales y grupos paramilitares de extrema derecha.
Los números demuestran que Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical, observó a IPS el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Domingo Tovar.
Gacek mostró que la tasa de asesinatos de sindicalistas trepó 25,6 por ciento de 2007 a 2008, mientras en lo que va de 2009, por lo menos 17 dirigentes fueron asesinados, dijo.
Por otra parte, la impunidad de esos crímenes en los últimos 23 años alcanza a 95,6 por ciento de los casos. Y si se consideran no sólo los asesinatos, sino también otros actos de violencia, como secuestros, asaltos y torturas cometidos desde 1986, la proporción de esas vejaciones antisindicales que quedaron impunes se eleva a 99,9 por ciento, insistió el dirigente de la AFL-CIO.
Por otra parte, los guarismos de 2008 también evidencian la profundidad y gravedad del problema de Colombia, en el marco de las contradicciones entre el capital y el trabajo, dedujo Tovar. Desde luego, del lado del capital están el gobierno, sus instituciones y los empleadores, dijo el secretario general de la CUT.
Una interpretación parecida extrajo el secretario general de la CSI, el británico Guy Ryder. El hecho de que ciertos países, como Colombia, Guatemala y Filipinas, aparezcan año tras año en la lista de asesinatos indica que las autoridades son, como mínimo, incapaces de asegurar una protección adecuada, y en algunas ocasiones llegan a ser cómplices de unos empleadores sin escrúpulos en la perpetración de asesinatos, sostuvo.
El Informe Anual de la CSI sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales precisó que los abusos de las garantías fundamentales de trabajadoras y trabajadores han sido cometidos en 143 países.
Luego de Colombia aparece Guatemala, con nueve asesinatos en 2008. En ese país centroamericano se ha experimentado un incremento de ataques violentos contra miembros y representantes de los sindicatos, recordó el informe.
En Filipinas murieron cuatro sindicalistas, la misma cifra que en Venezuela. Luego figuran Honduras, con tres crímenes, y Nepal, con dos. Un sindicalista cayó abatido en cada uno de estos cinco países: Iraq, Nigeria, Panamá, Túnez y Zimbabwe.
La ofensiva contra el sindicalismo guarda también relación con la actual crisis financiera y económica internacional iniciada en los países industrializados. Ryder sostuvo que la falta de respeto por los derechos laborales supuso mayores desigualdades en todo el mundo, y esto ha contribuido a que se dispare la recesión mundial.
El informe de la CSI comprobó que las repercusiones de la situación económica mundial en los derechos de las y los trabajadores fue un rasgo prominente en muchos países.
Gran parte de la represión en toda África consistió en severas reacciones de los gobiernos contra trabajadores que intentan obtener mejoras salariales, al verse afectados por la crisis alimentaria, con cifras cada vez más altas de familias incapaces de conseguir alimentos suficientes, ilustró el informe.
Hacia finales de 2008 se empezaron a notar los efectos de la crisis financiera global, que implicó una opresión aún mayor en la seguridad laboral, los salarios y las condiciones de trabajo, señala el estudio que la CSI presenta cada año, en coincidencia con las sesiones de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se desarrollan en esta ciudad suiza entre el 3 y el 19 de este mes.
La conferencia, el cuerpo que legisla sobre el derecho laboral y las actividades de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ocupó del caso de Colombia a petición de los representantes de los trabajadores, que comparten el gobierno de la institución con empleadores y Estados.
Gacek dijo a la Comisión de Normas de la conferencia que el sistema judicial de Colombia se demuestra imperfecto a la hora de juzgar los crímenes de los sindicalistas porque en muchos casos los fiscales hacen propias las excusas de los perpetradores, al afirmar que la víctima era insurgente, al atribuir causas pasionales al hecho o al presentarlo como un delito común.
Al actual ritmo de 70 sentencias anuales, para impartir justicia en más de 2.700 casos de sindicalistas asesinados desde 1986 se necesitarán 37 años, dijo el dirigente obrero estadounidense.
Tovar comentó que, ante la conferencia de la OIT, se ha demostrado que en Colombia hay cada vez mayores violaciones de los convenios internaciones. En ese país "la guerra y el conflicto se degradan y en el medio quedamos los sindicalistas y la población civil", apuntó el secretario de la CUT.
El sindicalista colombiano declaró preocupación por la política del presidente Uribe y la posibilidad de una supuesta segunda reelección. "Va en camino de convertirse en un gobierno autoritario que le abre paso a una dictadura", sentenció.
Tovar reconoció que los asesinatos y persecuciones atemorizan a la juventud para incorporarse a la vida sindical. Lo anormal sería que no se amedrentaran ante la experiencia de un sindicalismo que ha perdido a casi 3.000 integrantes, al cual se le han cometido 10.097 violaciones, tanto al derecho a la vida como a la libertad sindical, y que hoy tiene más de 1.000 cuadros en el exilio, reflexionó.
"Los sindicalistas somos seres humanos y, como tales, sentimos miedo ante un régimen tan sanguinario como el de Uribe y ante la posición intransigente de los empleadores", admitió.
Sin embargo, el dolor y el miedo "se transforman en fortaleza y nosotros en Colombia seguimos luchando con el apoyo de la comunidad internacional, con el apoyo de esos gobiernos democráticos del mundo que entienden la situación de los países tercermundistas", aseveró.
El dirigente sostuvo que en Colombia hay compañías transnacionales comprometidas con las violaciones de los derechos humanos. Son de capitales españoles, suizos, estadounidenses, canadienses, "que de una manera u otra auspician al paramilitarismo y la violación de los derechos fundamentales" en Colombia, aseveró.
Tovar mencionó a las bananeras estadounidenses Chiquita y Dole, a la empresa minera extractora de carbón Cerrejón, de capitales estadounidenses, europeos y australianos, a la española Unión Fenosa, "que ha comprado la electricidad y el agua de Colombia", a la suiza Nestlé y a la mexicana Telmex.
