La justicia de Paraguay busca saldar una de sus deudas: la eliminación de las trabas e inequidades en la atención de casos de violencia contra las mujeres. Cuando las víctimas acuden a ella, no siempre encuentran respuesta y en muchos casos resultan revictimizadas.
Un caso resume otros miles. Blanca *, una madre de dos hijos, fue a la policía a denunciar a su esposo por violencia doméstica, todavía magullada por una paliza. En la comisaría tomaron su denuncia y le alertaron que requería una orden del Juzgado de Paz para retirar sus pertenencias del hogar conyugal, del que pretendía huir con sus niños.
Pero en el juzgado le dijeron que sólo después de pasar al menos tres días fuera de la casa, tramitarían su denuncia. Blanca se sintió tan maltratada por el personal del juzgado que acudió a la no gubernamental Fundación Kuña Aty (Reunión de Mujeres, en guaraní), donde recibió asesoría sicológica y legal.
Sólo con la intervención de la fundación, el juez aceptó la denuncia.
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"En los juzgados están hartos porque una mujer suele denunciar varias veces, pero luego vuelve al hogar. No comprenden la profundidad del problema y quienes trabajan allí abordan estos casos como un trabajo más", dijo a IPS Clara Rosa Gagliardone, presidenta de Kuña Aty.
Para Gagliardone, la justicia paraguaya la conforman hombres y mujeres con los prejuicios, la educación, la carga social y los vicios de la sociedad machista.
Instituciones y estudios coinciden: persiste el desconocimiento de los operadores del sistema judicial de los efectos de la violencia en la vida de las mujeres y en su entorno. Existen, además, sólo experiencias incipientes de aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Paraguay.
PROYECTO ROMPE INERCIA
"Acudir al sistema de justicia es un primer tropiezo, porque siempre existe miedo a no obtener respuestas", dijo a IPS Nimia Guanes, jueza penal de investigación y sentencia de los departamentos de San Pedro y Caaguazú, en el norte y este del país.
"Una mujer víctima de violencia tiene una autoestima muy baja y, cuando llega a la justicia, se encuentra con un ambiente que le es hostil", añadió.
Guanes forma parte del equipo de facilitadoras del Proyecto de Monitoreo y Capacitación para el Mejoramiento de Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia en Paraguay, conocido como Majuvi.
El proyecto comenzó en 2007, por impulso de la oficina en Paraguay del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y el respaldo de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público (Fiscalía General).
"Buscamos responder a las limitaciones y obstáculos identificados en el diagnóstico sobre violencia doméstica y justicia hecho por Cladem", explicó a IPS Elba Núñez, coordinadora del proyecto Majuvi.
Ese diagnóstico "mostró la escasa sensibilización y capacitación de los operadores y operadoras de justicia en género y derechos humanos de las mujeres", detalló.
También evidenció falta de conocimiento y aplicación "de los estándares internacionales de derechos humanos en las sentencias y resoluciones", contó Núñez.
En 2005, el Comité para la Eliminación de Toda Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresaron al Estado paraguayo su preocupación por el alcance de la violencia machista.
También criticaron la insuficiencia de disposiciones legales y administrativas para combatir la violencia de género, proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.
Según Guanes, hay jueces y juezas de paz que abordan con excelencia los casos de violencia. Pero otros muchos fallan, lo que hace depender el acceso a la justicia de la persona que esté a cargo.
Los juzgados de paz son las instituciones encargadas de impartir justicia primaria en cada uno de los 223 municipios distribuidos en los 17 departamentos en que está dividido este país del cono sur americano. Una de sus principales funciones es la de resolver los conflictos en el ámbito familiar.
"Un fuerte tropiezo es la mentalidad arraigada de ver estos casos como cosas de mujeres, total vendrán a retirar su denuncia, pasa siempre. Ese es el pensamiento que todavía prevalece", subrayó Guanes.
CIFRAS DETRÁS DE LAS VÍCTIMAS
En Paraguay, las mujeres y niñas son las principales víctimas de agresiones domésticas. Según la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva, una de cada siete adolescentes menores de 15 años soportó violencia física, y una de cada cinco escuchó o presenció violencia física.
Este fenómeno tiene una importante incidencia entre las mujeres de 15 a 44 años, según el sondeo realizado en 2004 por el Centro Paraguayo de Estudios de Población.
En el país, con 6,1 millones de habitantes, hay 3.025.598 mujeres. De ese total, 46,3 por ciento se encuentran entre 15 y 44 años.
En 2008, el gubernamental Servicio de Atención a la Mujer recibió 2.035 denuncias y en los cinco primeros meses de este año se computaron 1.298.
Un desglose de las cifras de 2009 retrata el alcance del fenómeno, más allá de que las denunciantes siguen siendo minoría, coinciden todas las fuentes. Se denunciaron 253 casos de violencia física, 523 de violencia sicológica, 386 de violencia económica, 71 de violencia sexual, 4 de coacción sexual y 61 amenazas de muerte.
Las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas alcanzaron a 16 el año pasado, según registros parciales de la Secretaría de la Mujer, con base en lo publicado en los medios de comunicación.
Con este escenario, el proyecto Majuvi se centra en brindar apoyo a la implementación de leyes, políticas y planes de acción de la administración de justicia.
"Nuestra prioridad es la sensibilización y capacitación de los operadores y las operadoras para que conozcan los estándares de la justicia de género y se comprometan en hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres en sus sentencias y resoluciones", explicó Núñez.
El objetivo es que "actúen con diligencia, modifiquen prácticas revictimizantes y remuevan obstáculos que impiden a las víctimas tener una justicia pronta y efectiva", apuntó la coordinadora del proyecto.
MÁS CAPACIDAD Y SENSIBILIDAD
Para Julio César Cabañas, miembro del Tribunal de Apelación del norteño departamento de Concepción, dos factores convergen contra una justicia adecuada: la falta de infraestructura y de conocimiento.
"En el campo, la población conoce poco o nada sobre sus derechos. Por ello es importante la capacitación de los operadores y de la población", dijo a IPS.
Cabañas es uno de los jueces que participaron en los talleres y admitió que cuando lo invitaron sabía poco sobre este delito y sus alcances sociales y legales.
Ahora, explicó, tiene una visión global de la realidad de la violencia de género, está preparado para aplicar bien la legislación y, algo más importante, tiene mejor sensibilidad para abordar los casos sobre delitos vinculados a agresiones contra las mujeres.
En sus dos primeros años, el proyecto capacitó a un millar de operadores y operadoras de justicia, a través de talleres en Asunción y en siete departamentos. Los participantes han sido 608 mujeres y 399 varones e incluyen a todos los integrantes de los juzgados, de la acusación y de la defensa.
También publicó la guía "Género, acceso a la justicia y violencia contra las mujeres", con base en las experiencias, lecciones y aprendizajes de la iniciativa.
En lo que resta del año, los talleres se extenderán a más circunscripciones judiciales y se ampliará el plan de monitoreo y supervisión. Con ello, se busca potenciar la aplicación de los instrumentos de derechos humanos en las resoluciones judiciales.
Al esfuerzo del proyecto Majuvi se suma otra iniciativa. Se trata de que la visión de género sea transversal en el nuevo Plan Estratégico de la Administración de Justicia.
Ese plan va a permitir, además, impulsar el fortalecimiento del Área de Género de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.
La apuesta a favor de "una justicia más justa" para la mujer maltratada tiene otra carta en la manga. El proyecto Majuvi promueve una reforma de la Ley Contra la Violencia Doméstica, porque su acción es insuficiente y algunas disposiciones son inacatables. La realidad y la práctica lo demandan, sentencian sus integrantes.
* Se reserva la identidad a pedido de la fuente.
