El proceso hacia las elecciones legislativas y de autoridades locales del 5 de julio en México entró en su recta final flanqueado por un creciente rechazo de la población a los actores políticos, la peor crisis económica desde 1995 y una ola de inseguridad pública sin precedentes.
A pesar de la adversidad, "México no se ha visto doblegado", proclamó el martes el presidente del país, el conservador Felipe Calderón, quien en medio de los problemas y para sorpresa de algunos observadores mantiene una aprobación a su gestión cercana a 70 por ciento, una de las más altas en América Latina, según indican diversas encuestas.
Sin embargo, esos mismos sondeos y otros realizados en los últimos meses por grupos privados o entidades del Estado señalan que entre la población prima el pesimismo por el presente y el futuro económicos y que hay poca confianza en los actores políticos.
Los pronósticos oficiales indican que la economía mexicana caerá este año más de cinco por ciento y algunos analistas hablan hasta de ocho por ciento. Cualquiera sea el dato final, será la contracción más severa desde la crisis de 1995, cuando el producto se contrajo 6,2 por ciento.
En los primeros cinco meses del año se perdieron 288.000 empleos formales (los que cuentan con protección social). Un estudio del Banco de México (central) indica que las plazas laborales desaparecidas al finalizar el año en ese sector serán de unas 592.000.
El mismo banco informó a comienzos de este mes que el nivel de confianza de los consumidores mexicanos medido a través de encuestas se ubicó en mayo en su nivel más bajo desde que comenzó a realizarse ese estudio en 2001.
Además, hay un creciente desequilibrio en las finanzas públicas que obligarán a definir para 2010 medidas entre las que podrían estar políticas de austeridad, definición de nuevos impuestos y contratación de deuda externa.
Entre enero y mayo, por primera vez en la última década, el gasto corriente del gobierno excedió a sus ingresos, reconoció la secretaría (ministerio) de Hacienda.
La violencia sin fin se sumó al mal desempeño económico general del país, que incrementaría la cantidad de personas en situación de pobreza de 43 a 53 por ciento de los casi 107 millones de mexicanos, según lo estima la experta Susan Parker, del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Siguen campeando los asesinatos ligados a la lucha entre y contra narcotraficantes, un fenómeno que cobró fuerza desde fines de 2006. Datos de la Procuraduría (Fiscalía) General señalan que entre septiembre de 2008 y abril de este año fueron asesinadas 5.378 personas, más del doble que en igual período anterior.
Los mexicanos se han ido acostumbrando a la violencia lo cual es preocupante. Perder la capacidad de indignación inmoviliza a la sociedad, declaró a IPS el experto en seguridad del Centro de Investigación para el Desarrollo, Asociación Civil, Guillermo Zepeda.
Este estudioso llamó a mantener viva la demanda de seguridad pública al Estado. Se trata de un derecho básico de los ciudadanos al que no se debe renunciar, expresó.
"Las autoridades deben reconocer abiertamente su incapacidad y que el país está en un profundo hoyo del que tardará en salir", declaró a IPS el politólogo Daniel Blanco de la Universidad Nacional Autónoma de México..
"No estoy describiendo algo que no sepa la mayoría, pero ni el gobierno ni los legisladores lo plantean con claridad pues eso les perjudicaría políticamente", expresó.
La situación económica se agravó con la no esperada epidemia de influenza A/H1N1 que golpeó al país en abril y mayo. Pero la crisis está presente desde 2008 por la recesión en Estados Unidos, el principal mercado de este país.
"México está en uno de sus peores momentos, pues tiene graves problemas en varios frentes", señaló Blanco.
Entre las periódicas noticias sobre nuevos hallazgo de cadáveres descuartizados, quemados o decapitados, y la difusión de datos sobre aumento del desempleo y caídas en la producción industrial y las exportaciones, las campañas políticas han ido tomando espacio a fuerza de propaganda.
En los medios de comunicación arrecia el bombardeo de piezas proselitistas de 30 segundos o un minuto. En las calles hay miles de pancartas que exhiben los rostros de dirigentes políticos con leyendas como "seguridad o renuncio", "juntos por el país", "mi compromiso eres tú" y otras similares.
Los partidos políticos reciben este año un financiamiento del Estado de alrededor de 260 millones de dólares, una cuarta parte del cual lo usan para proselitismo electoral.
El 5 de julio se elegirán 500 diputados nacionales, seis gobernadores, 432 legisladores a congresos estatales y 565 alcaldes.
Según las encuestas, la mayoría de posiciones las ganaría el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país desde 1929 a 2000 y se declara socialdemócrata, seguido por el gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN) y en un tercer puesto quedaría el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La nueva conformación parlamentaria definirá la capacidad de movilidad del presidente Calderón en sus tres últimos años de gestión, que terminarán en 2012.
En la Cámara de Diputados de 500 miembros conformada en 2006, ninguna agrupación política tuvo mayoría absoluta, aunque el PAN dominó con 206 escaños, seguido por el PRD con 126 y el PRI 106. El resto de lugares lo ocuparon los pequeños partidos Verde, del Trabajo, Nueva Alianza y Alternativa.
Las encuestas indican que gran parte de la sociedad está decepcionada con desempeño de esos partidos y sus legisladores.
La cantidad de dinero público que insumen estas agrupaciones, su poca rendición de cuentas y la campaña proselitista repetitiva que vienen desarrollando de cara a las elecciones de julio, generó en las últimas semanas un movimiento social de protesta inédito y en gran parte espontáneo.
De forma descentralizada y teniendo como lugar de encuentro redes de Internet, diversos conglomerados sociales y un grupo de académicos decidieron promover el voto nulo para julio como una forma de castigo hacia los políticos. Este movimiento ha marcado gran parte del debate político en marcha.
La organización no gubernamental y de corte feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad analizó la forma de designación de 600 candidatos a diversos cargos y descubrió que 90 por ciento de ellos fue escogido por las cúpulas de los partidos sin que medien consultas a los miembros de esas agrupaciones.
Otro grupo social denominado Comité Conciudadano de Observación Electoral concluyó, tras un análisis detallado de las candidaturas, que casi ninguno de los partidos "siguió mecanismos democráticos y constitucionales para llevar a cabo el proceso para la selección de candidatos y candidatas".
Además, calificaron de grave el hecho que durante las campañas electorales los ciudadanos hayan contado "con poca o nula información disponible acerca de las trayectorias profesionales y políticas de las y los candidatos, así como de sus propuestas legislativas".
Este grupo denunció que la mayoría de los partidos se han resistido a hacer pública esa información, lo cual "afecta el ejercicio razonado del voto, pues no permite conocer, evaluar, ni contrastar la oferta política".
Desde las organizaciones no gubernamentales y los académicos que piden votar nulo se demanda a los políticos impulsar y aprobar reformas que recorten el alto costo que representan los partidos y crear espacios institucionales para que rindan cuentas e informen con transparencia sobre sus acciones.
Otras demandas apuntan a que legisladores y otras autoridades del Estado recorten sus salarios, más aun cuando el país está en crisis económica y la pobreza va en aumento.
En México, los sueldos más abultados en el sector público los reciben los miembros de la Suprema Corte de Justicia con cerca de 26.000 dólares mensuales. Escalones más abajo y menos que lo que ganan los consejeros del independiente Instituto Federal Electoral está el presidente del país con poco más de 11.000 dólares al mes y los legisladores nacionales con cerca de 10.000.
En todos los casos se trata percepciones superiores a las que reciben sus pares en países de Europa e incluso Estados Unidos.
Según una encuesta realizada por la privada Consulta Mitofsky en abril, los diputados ocupan los últimos lugares en generación de confianza hacia la ciudadanía, junto a la policía.
En cuanto a los partidos políticos, sólo 23 por ciento de los ciudadanos consultados respondió confiar en ellos, según la Encuesta Nacional Sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas realizada entre el 3 y el 28 de noviembre a 4.383 personas bajo el patrocinio de la secretaría (ministerio) de Gobernación (Interior).
Ese mismo estudio indica que sólo cinco por ciento de los entrevistados se siente "muy satisfecho" con la democracia en México y 28 por ciento "algo satisfecho". El resto de los encuestados confiesa estar decepcionado.
