La muerte de bebés en una guardería y de jóvenes en una discoteca, así como la desaparición de niños que fueron entregados por autoridades a albergues regentados por un grupo religioso, marcaron en los 12 últimos meses un continuo e inacabado ciclo de tragedias originadas en negligencias y corrupción.
"Nos preguntamos ahora dónde ocurrirá la próxima tragedia, dónde el próximo abuso de menores, dónde surgirá nueva evidencia de que los derechos de los niños importan poco en México", dijo a IPS Nashieli Ramírez, presidenta de la Red por los Derechos de la Infancia, integrada por 70 organizaciones no gubernamentales.
La muerte de 45 bebés en un incendio registrado en una estancia infantil en el norteño estado de Sonora el 5 de este mes, 31 de ellos en el momento y el resto en horas y días posteriores a causa de las quemaduras sufridas, exhibió lo que pareció ser una cadena de omisiones y corrupción de autoridades.
La guardería "ABC" había sido dada en concesión por el estatal Instituto Mexicano del Seguro Social a un grupo de particulares que tenían parentesco con autoridades de Sonora y con Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón. En el lugar se recibía a hijos e hijas de personas que aportan al seguro social.
Tras el incendio, los primeros peritajes evidenciaron que estaba construida con materiales inflamables y que colindaba con una bodega de la Secretaría (ministerio) de Hacienda. Diez días antes de la muerte de los menores, el lugar había sido inspeccionado por autoridades y sus administradores recibieron incluso felicitaciones por su presunto buen manejo.
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El Estado mantiene en concesión a grupos privados 8.296 estancias infantiles. Entre las normativas exigidas a tales lugares, no hay ninguna que prohíba su ubicación cerca de gasolineras, basureros, minas o cualquier zona de riesgo, tampoco se les exige materiales de construcción especiales o que tengan puertas de emergencia.
El gobierno nacional del conservador Calderón ofreció una revisión exhaustiva de las estancias para evitar nuevas tragedias.
"Ahora que el gobierno nos habla tanto de seguridad en la lucha contra el narcotráfico hay que voltear los ojos y ver que seguridad es también ofrecer espacios adecuados a los niños y sus familias, es ofrecerles un desarrollo sin riesgos ni amenazas", señaló la presidenta de la Red por los Derechos la Infancia.
"No queremos otra tragedia, no podemos permitirla", expresó.
La activista recordó que está por cumplirse un año de un fatal operativo policial en una discoteca de la capital que era frecuentada por adolescentes. "Ese hecho fue otra expresión de la forma en que se vulnera los derechos de los menores", sostuvo.
El 20 de junio de 2008, docenas de uniformados bloquearon la salida de los asistentes de la discoteca News Divine con el fin de registrarlos, lo cual provocó un tumulto que acabó matando por asfixia a nueve jóvenes y tres policías. Las autoridades de la capital mexicana reconocieron que la actuación de sus agentes fue equivocada y destituyó a varios de ellos.
La misma actitud errada pareció marcar la desaparición de 11 niñas y niños de los albergues "Casitas del Sur" de la capital, a comienzos de este año. A esos sitios las autoridades enviaban a menores que han sido abandonados, a hijos de personas acusadas de graves delitos o protagonistas de disputa judicial por casos de violencia doméstica y divorcio.
Mayra Martínez, madre de la niña Ilse Michel, desaparecida de uno de esos albergues, culpa de los hechos a la fiscalía de la ciudad de México.
"Ellos son los responsables por no supervisar el albergue, por no verificar su situación", dijo Martínez a IPS.
El gobierno capitalino, que preside el izquierdista Marcelo Ebrard, anunció el jueves que pronto emitirá una amplia disculpa pública a los familiares de los menores desaparecidos y que continuará con las investigaciones.
Los dueños de los albergues no han sido localizados, tampoco los niños.
"Casitas del Sur" eran regentados por miembros de la llamada Iglesia Cristiana Restaurada, un grupo de características fanático-religiosas fundado a inicios de la década del 90.
En uno de los hogares cateados se encontraron 70 menores, entre bebés y jóvenes de 18 a 19 años, varias de las cuales dijeron a la policía que Dios los castigaría por haber invadido su hogar.
"Exijo justicia, exijo la aparición de mi hija", expresó la mamá de Ilse Michel.
La desaparición de menores en Casitas del Sur, el incendio en la guardería ABC y la muerte de los jóvenes en el News Divine, son parte de un patrón de "violación a los derechos de la infancia que no podemos seguir tolerando", declaró Ramírez.
"Tenemos muchos otros problemas como los niños que emigran a Estados Unidos y se separan de sus padres, el trabajo de menores jornaleros en condiciones deplorables y la violencia sexual", añadió la presidenta de la Red por los Derechos de la Infancia.
Este viernes, cuando se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Susana Sottoli, indicó que en este país con 106,7 millones de habitantes hay 3,6 millones de niñas y niños de cinco a 17 años que trabajan.
Se trata de una situación "inaceptable", expresó la funcionaria. De los menores trabajadores, cerca de un tercio son mujeres.
Se estima que unos 17.000 mexicanos menores de 18 años son víctimas del comercio sexual en México, señaló un estudio de 2004 realizado por la investigadora Elena Azaola.
