Proyectos frenados, obras incompletas y despidos de personal sintetizan el panorama que vive la zona rural de Guatemala por el recorte presupuestario de 125 millones de dólares practicado desde mayo por el gobierno central a las 333 municipalidades del país, y atribuido a la recesión mundial.
"Una carretera en el caserío Pacomón y varias escuelas del cantón San Sebastián Central ya no se van a poder construir", se quejó Pedro Pu, alcalde municipal de Sacapulas, ubicado en Quiché, uno de los departamentos más golpeados por la destrucción y la muerte que dejó la guerra interna (1960-1996), en el noroccidente del país.
A su alcaldía, que atiende a más de 32.000 habitantes de la etnia maya kiche, el gobierno le retiró 300.000 dólares, equivalente a 30 por ciento de su presupuesto anual. "La explicación que nos dieron fue que se debía a la crisis económica internacional, pero yo no les creo porque le están dando dinero a otras instituciones de gobierno que no están haciendo nada", dijo Pu a IPS.
La medida del gobierno obedece al intento de enjugar un déficit fiscal de unos 875 millones de dólares, reportado por el Ministerio de Finanzas Públicas, que obligó al Poder Ejecutivo a varios recortes y medidas de austeridad.
Los gobiernos locales atienden necesidades primordiales de la gente que vive en el área rural, y que constituye 72 por ciento de los 12,7 millones de guatemaltecos. La mayoría viven en condiciones precarias. La mitad de los habitantes de este país son pobres, y 17 por ciento son indigentes, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
[related_articles]
Las municipalidades prestan servicios básicos de agua, saneamiento, recolección de basura, educación e infraestructura. Con el recorte de 125 millones de dólares este año su dotación presupuestal será igual a la de 2008, de unos 500 millones de dólares.
Casi todas dependen por completo de esos fondos, pues tienen muy pocas o ninguna otra fuente de recaudación. En Sacapulas, su alcalde reconoce que se recaudan al año unos 37.500 dólares, correspondientes a tres por ciento del presupuesto anual. El resto proviene de aportes del gobierno central.
Las comunidades afectadas ya están soportando otras penurias, como la caída de ingresos de las familias que reciben remesas desde el exterior. En el primer trimestre de este año, esos fondos que envían los trabajadores emigrantes a sus parientes se redujeron seis por ciento comparados con el mismo período de 2008.
La situación ha obligado a las alcaldías a endeudarse para hacer frente a las demandas locales. "Nuestra municipalidad está pensando en hacer un préstamo de dos millones de quetzales (250.000 dólares) para evitar despedir personal o paralizar proyectos", dijo a IPS la concejala Aura Vargas, del municipio de Teculután, en el oriental departamento de Zacapa.
"Si no nos endeudamos tendríamos que despedir empleados y paralizar proyectos y así empeoraríamos la situación económica de familias enteras", señaló Vargas, presidenta de la Asociación de la Mujer en el Gobierno Municipal, dedicada a promover la participación femenina en la política local.
Otros municipios, como el sureño de Antigua Guatemala, caracterizado por su gran atractivo arquitectónico y turístico, no tuvieron opción. "Entre ayer y hoy tuvimos que despedir 20 trabajadores y además estamos dejando de hacer cinco obras prioritarias", afirmó el 9 de junio su alcalde, Adolfo Vivar.
"Nos recortaron 1,2 millones de quetzales (150.000 dólares) y obviamente eso nos trajo problemas en la inversión y el funcionamiento", dijo Vivar a IPS. Pero él cree que el gobierno central poco puede hacer frente a la crisis económica mundial.
Similar es el caso de Jocotán, en el departamento sudoriental de Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras. "Somos considerados uno de los municipios más pobres de la región chortí (zona del este guatemalteco donde se habla esa lengua maya) y nos llevamos la sorpresa cuando recibimos el recorte, pero hicimos presión y nos devolvieron una parte", dijo a IPS el alcalde Ramón Díaz.
Pero lo recuperado no es suficiente, y la alcaldía deberá despedir maestros. "Estaban presupuestados hasta octubre, pero con esta situación nos alcanzará nada más para pagarles hasta agosto", lamentó Díaz.
La situación evidencia la necesidad de fortalecer los ingresos propios de los municipios y de descentralizar la administración. Su dependencia del gobierno central determina que no tengan potestad para decretar el cobro de impuestos, trámite que sólo puede habilitar el Poder Legislativo.
Con el fin de cambiar esta realidad, la Asociación Nacional de Municipalidades y la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (Agaai) promovieron el proyecto de Código Tributario Municipal, que daría más facultades a las alcaldías, como aprobar arbitrios, impuestos por el uso de publicidad, actividades comerciales y profesionales, entre otras.
Además, han planteado varias reformas al Código Municipal a fin de hacer más justos y equitativos los aportes que les otorga el gobierno central. Pero hasta ahora no hay una respuesta positiva en el parlamento.
"Ha habido falta de voluntad política de parte del Congreso para aprobar estos temas. Además, a algunos sectores del país no les favorece que los municipios recauden los tributos locales, pero esto es indispensable para lograr su desarrollo", dijo a IPS Carlos Guárquez, coordinador ejecutivo de la Agaai.
El presidente del no gubernamental Instituto Munikat, Rigoberto Quemé, que apoya el fortalecimiento del poder local, criticó que muchas actividades industriales no dejen nada al municipio o inclusive le hagan daño, como la práctica de arrojar desechos a los ríos.
En ese aspecto también es importante aprobar el Código Tributario Municipal, pues permitiría incrementar de manera sostenible los recursos propios para hacer frente a problemas como la contaminación. Y es que "al municipio se lo ve como la cenicienta, nadie le quiere dar nada, y si le dan se trata de recursos condicionados", dijo a IPS.
Así navegan las alcaldías y la población rural guatemaltecas el mar embravecido de la crisis.
