«Hoy salí a buscar trabajo, pero no encontré nada. Lo peor es que la mayoría de las cosas están subidas de precio», dijo a IPS el campesino guatemalteco Nicolás Cruz, mientras retornaba a su vivienda en Jocotán, uno de los municipios más pobres del oriente de este país centroamericano.
"Este año no se sabe si habrá cosecha porque hay mucha plaga. Además, el gobierno está entregando fertilizante, pero nosotros tenemos tres años de no recibir nada", se quejó Cruz, quien sembrando maíz apenas logra reunir unos 150 dólares mensuales para mantener a su familia, conformada por ocho personas.
La realidad de Cruz refleja la de miles de personas cuya situación económica empeorará este año.
Unos 849.300 habitantes se convertirán en pobres en 2009, de acuerdo con un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En otras palabras, su bolsillo les permitirá adquirir únicamente los productos de una canasta básica de alimentos.
El aumento de las deportaciones de guatemaltecos, practicadas por las autoridades migratorias de Estados Unidos, y la disminución de las remesas que envían a sus familias los trabajadores emigrantes serán factores determinantes en esta situación, según el PNUD.
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Solo en lo que va del año, más de 12.000 personas han sido deportadas, mientras que las remesas han disminuido 4,5 por ciento.
Para agravar más la situación, el desempleo se disparó. La crisis económica internacional ha provocado la pérdida de más de 55.000 empleos entre enero de 2008 y enero de este año, según la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
Conforme al estudio del PNUD, unos 733.500 guatemaltecos pobres pasarán a vivir este año en la pobreza extrema o, lo que es lo mismo, con menos de un dólar al día, por lo que no alcanzarán a comer lo suficiente.
Los departamentos más afectados, según la proyección, serán Quiché y Totonicapán, en el occidente del país, donde residen 22 por ciento de los 733.500 inminentes nuevos indigentes. Mientras que Escuintla y Suchitepéquez, en el sudoeste, concentrarán otro 22 por ciento de los que serán nuevos pobres.
Guatemala es el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe, solo superado por Haití. Aquí, la mitad de la población de 13 millones de habitantes vive en condiciones de pobreza, mientras 17 por ciento es indigente, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El gobierno de Álvaro Colom ha desplegado varias acciones para combatir la pobreza, pero poco efectivas a los ojos de los afectados.
La estrategia del gobierno "no tiene el soporte económico necesario para lograrlo", dijo a IPS el alcalde del municipio de Joyabaj, Florencio Carrascosa, situado en Quiché, uno de los departamentos que más sufrió los daños económicos y humanos del conflicto armado interno (1960-1996).
Por ejemplo, explicó, el gobierno ejecuta el programa Mi Familia Progresa, que aporta el equivalente a 37,5 dólares a cada familia pobre a cambio de que ésta envíe a los niños a la escuela y a control médico. Pero, en forma simultánea, le recortó 40 por ciento del presupuesto a su municipalidad, que atiende servicios básicos como agua, recolección de basura y drenajes.
"¿Qué vamos a hacer para sacar adelante a nuestra gente?", se quejó Carrascosa.
En mayo, el gobierno decidió reducir en 125 millones de dólares los fondos fiscales que se transfieren a los 333 municipios del país.
Para el economista Eduardo Velásquez, director del Centro de Estudios Urbanos y Rurales de la estatal Universidad de San Carlos, es evidente la falta de políticas sustentables para combatir la pobreza. "Ni siquiera de recursos que ya están aprobados se ha echado mano", dijo a IPS.
El experto hizo alusión a que el gobierno cuenta con una suma de 723,6 millones de dólares de préstamos y de fondos propios para invertir en el área rural y salud, entre otros programas.
Sin embargo, al 31 de mayo no había ejecutado ni la cuarta parte, según reveló el diario Prensa Libre. "A eso le llamo indolencia. Pareciera que no importa lo que está pasando", dijo Velásquez.
Las políticas contra la pobreza las centraliza el Consejo de Cohesión Social, dirigido por la esposa del presidente Colom, Sandra Torres. Además del programa Mi Familia Progresa, este Consejo promueve los Comedores Solidarios, que ofrecen dos turnos de comida a precios populares, y las Bolsas Solidarias, paquetes de víveres entregados a familias de áreas marginales, entre otras iniciativas similares a las aplicadas con éxito en Brasil, México y El Salvador.
El Consejo, integrado por los ministerios de Educación, Salud, y las secretarías de Seguridad Alimentaria y de Obras Sociales, maneja un presupuesto anual de unos 273 millones de dólares. Pero la poca transparencia con que gasta estos recursos ha generado suspicacias y malestar en distintos sectores de la población.
No existe duda de que los programas sociales tienen muy buenas intenciones, según Velásquez. "Pero hacen falta mecanismos para transparentar el uso de esos recursos. El problema es que tampoco se nota que el gobierno haga algo para poner las cuentas claras", señaló.
Maynor Cabrera, analista investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, dijo a IPS que si los programas sociales gubernamentales estuvieran mejor fiscalizados y llevaran un mejor control de su impacto, generarían mayores beneficios para la población. "Pero carecen de controles adecuados y de mecanismos de rendición de cuentas", indicó.
La marginación histórica y desatención de la población indígena y rural, la caída de las remesas familiares y de la recaudación tributaria son factores decisivos en el impacto que tendrá la crisis en este país, según Cabrera.
En los últimos cinco años, las remesas incidieron de manera importante para atenuar o contener la pobreza, indicó.
La recaudación tributaria ha caído a niveles nunca vistos. "Guatemala es uno de los países con la menor carga tributaria en Latinoamérica. Este año llegó a 11,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), y las expectativas para 2010 es que llegue a 9,5 por ciento, lo cual tendrá, obviamente, grandes consecuencias", dijo.
