La concesión de un millonario préstamo del Banco Mundial al Estado argentino para sanear la bonaerense cuenca Matanza-Riachuelo, la más contaminada de este país, fue recibida con cauto optimismo por vecinos y ambientalistas.
La Asociación es parte del Espacio Matanza-Riachuelo, una red de organizaciones que velan por el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en julio de 2008 emplazó a Estado y a las empresas a sanear definitivamente la cuenca, de 64 kilómetros de extensión.
El Riachuelo marca el límite sur de la capital argentina y luego, con el nombre de río Matanza, atraviesa 14 municipios de la provincia de Buenos Aires. En la región viven 3,5 millones de personas, 40 por ciento sin agua potable y 60 por ciento sin saneamiento.
Unas 5.000 industrias arrojan vertidos contaminantes a esos cursos de agua y en sus riberas crecen 13 asentamientos precarios y un centenar de basureros.
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El fallo de la Corte fue resultado de una causa judicial iniciada en 2004 por vecinos afectados por la contaminación. El tribunal convocó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a los municipios y a empresas implicadas y ordenó al Estado a presentar un plan.
Así nació la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), integrada por representantes de las distintas jurisdicciones implicadas, para aplicar un plan de limpieza controlado por la justicia, la Defensoría del Pueblo (ombdusman) y organizaciones no gubernamentales.
El plan requiere una inversión de 1.484 millones de dólares. El gobierno nacional comprometió 644 millones, y otros 840 millones fueron otorgados este mes por el Banco Mundial, mediante un préstamo a pagar en 30 años con cinco de gracia.
Se trata del mayor desembolso para saneamiento otorgado a un país latinoamericano, según autoridades del Banco, y apunta "al problema ambiental más visible de Argentina", proponiéndose "mejorar la calidad del agua de la cuenca en 15 o 20 años"..
El dinero se destinará a obras de suministro de agua, cloacas, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo (694 millones). Buena parte del resto, unos 148 millones de dólares, irá a la reconversión de industrias para una producción más limpia, al ordenamiento territorial de la cuenca y al fortalecimiento de la autoridad de control y vigilancia.
Pero organizaciones sociales sostienen que el dinero en manos del Estado no garantiza el cumplimiento del plan.
"Lo que faltó hasta ahora no es dinero. Cada vez que se buscó financiamiento para la limpieza del Riachuelo se consiguió. El problema es si se gasta o no de forma racional y coherente", declaró a Tierramérica Juan Carlos Villalonga, de Greenpeace Argentina.
En los años 90, para hacer frente a un proyecto gubernamental que prometía limpiar la cuenca en 1.000 días, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un préstamo de 250 millones de dólares, recordó Villalonga.
"Una parte se gastó en consultorías, otra se desvió a planes sociales, y el Riachuelo siguió igual", dijo.
Por eso, para Greenpeace —también integrante del Espacio— no hay que creer que el nuevo préstamo destrabará el proceso. "El problema siempre fue la escasa voluntad política", insistió.
La idea de que el dinero caerá en saco roto sin voluntad de cambio es compartida por Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), otra integrante de la red.
"Es una buena noticia que el Estado reciba recursos para estas obras, pero tendrá que mejorar mucho la gestión para que se apliquen como se debe. Está el precedente del BID, un préstamo que costó más de 30 millones de dólares en intereses (comunes) y 10 millones en punitorios", dijo a Tierramérica.
No obstante, las fuentes coincidieron en que la nueva coyuntura es más favorable. Ahora hay una autoridad interjurisdiccional, más participación de la sociedad civil y un actor relevante que nunca había estado: la justicia, dijeron.
"La intervención de la Corte Suprema es una diferencia fundamental. Nos da mucha tranquilidad", rescató Nápoli.
Según el vecino Alberti, ahora hay "organizaciones sociales mejor parapetadas" para defender la cuenca. Pero aún así, "el fantasma de la mala política nos asalta", afirmó.
"Tenemos una historia de créditos desviados o sub-ejecutados y creemos que no todo se gestiona con dinero. Ojalá esta vez sea diferente; no queremos ser agoreros", opinó.
Alberti destacó que en los últimos meses una docena de barcos hundidos en el Riachuelo fueron reflotados y, a diferencia de oportunidades anteriores, fueron colocados en tierra y desguazados.
Sin embargo, en materia de control de vertidos, "es donde más se manifiesta que el problema no es de dinero sino de falta de control. Si eso no cambia, el préstamo no será una inversión sino un nuevo gasto", vaticinó.
* Este artículo fue publicado originalmente el 20 de junio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
