Las organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela están en pie de guerra ante la inminente aprobación por la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral, de una ley que puede controlar a discreción sus actividades y financiamiento.
"De la misma manera que deben ser controladas las instituciones del Estado, los sindicatos o las empresas, ¿por qué las ONG no?", expuso el diputado Roy Daza, presidente de la comisión legislativa de Política Exterior, que maneja el borrador del proyecto de ley de cooperación internacional.
La ley "se necesita porque el nivel de cooperación hacia el exterior y desde fuera hacia Venezuela es muy grande, la complementariedad es importante y no todo se resuelve por la vía de la competitividad", argumentó Daza.
Venezuela "no se propone establecer una talanquera, ni un control sobre el desarrollo de la cooperación, especialmente en aquellas áreas donde el Estado tiene prioridad, que son las áreas sociales. Nunca un control para impedir, sino para dinamizar", dijo Daza.
Su predecesor, Saúl Ortega, había dicho a IPS que "la ley no toca a ninguna asociación y el Estado no se inmiscuye en sus actividades ni en las normas de sus propios estatutos para que eventualmente dejen de trabajar".
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Pero han coincidido en que debe vedarse el financiamiento externo a la ONG de derechos electorales Súmate, que el oficialismo la considera un grupo político.
La conductora de Súmate, María Corina Machado, fue recibida en 2005 en la Casa Blanca por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush (2001-2009), y ha recabado financiamiento de la National Endowment for Democracy, una fundación del Congreso de ese país.
Además, los legisladores oficialistas, que en lo que va del año han aprobado varias leyes en cuestión de horas, han sostenido que revisarán el conjunto de la norma sobre cooperación que sancionaron en una primera lectura, de las dos reglamentarias, en 2006, y ahora han desempolvado.
La actual integración de la Asamblea Nacional surgió de las elecciones de diciembre de 2005, cuando las oposición no se presentó a las urnas alegando falta de garantías. Sin embargo, en esta legislatura abandonaron las huestes del presidente Hugo Chávez 11 de los 167 miembros del cuerpo.
"El problema no es que se nos audite o revise, pues todas nuestras organizaciones deben cumplir con el ordenamiento jurídico nacional e internacional", dijo a IPS Liliana Ortega, de la coalición de ONG humanitarias Foro por la Vida, "sino que se pretende encuadrarlas dentro de los proyectos del gobierno".
Análisis del Foro por la Vida destacan que la ley faculta al gobierno a establecer órganos de coordinación de la cooperación internacional y controlador de sus actividades, además de que crea un sistema integrado de registro de las ONG.
Por añadidura, dijo Liliana Ortega, "remite a un Reglamento todo lo relativo a autorizar el funcionamiento y relaciones con ONG internacionales, a las cuales, celosas de su autonomía, prácticamente se les quieren cerrar las puertas de Venezuela".
Destacó que artículos como el 22 del proyecto, titulado Deber de Información, afectan la médula del trabajo de las ONG defensoras de los derechos humanos, pues las obliga a "suministrar a las autoridades competentes, así como a cualquier ciudadano que lo solicite, información y datos sobre su constitución, actividades que realicen, proveniencia y destino de sus recursos".
La activista se preguntó si debería entregar a los policías señalados como posibles autores de ejecuciones extrajudiciales más de 6.000 casos en el quinquenio 2003-2008, según la Fiscalía— la información que posean con base en los relatos de familiares, es decir, si la ley pretende acabar con la protección debida a las víctimas.
"Imaginemos si la Vicaría de Solidaridad en Santiago de Chile hubiese debido entregar al gobierno o a la policía de Carabineros la información que tenía sobre detenciones y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)", ejemplificó.
Otro tema neurálgico es el del financiamiento que las ONG reciban del extranjero, y que la ley prevé que pueda ir a un fondo común bajo la batuta del Estado.
Feliciano Reyna, de Sinergia, una coalición de ONG educativas y de desarrollo social, planteó que "es un dardo disparado directamente al trabajo de los derechos humanos, porque las organizaciones de trabajo social casi no reciben financiamiento externo, sino de las principales empresas privadas que actúan en el país".
El conjunto de las 19 organizaciones no gubernamentales del Foro por la Vida no reciben más de cinco o seis millones de dólares al año de fuentes externas, y en promedio tienen entre siete y ocho funcionarios a tiempo completo o convencional, dijeron los activistas.
"El tema del control gubernamental sobre los recursos, no sólo financieros sino técnicos y humanos, como envío de pasantes o cooperantes, ahuyentará la cooperación desde organizaciones internacionales celosas de su autonomía", subrayó Reyna a IPS.
Según Liliana Ortega, el contexto es peor que el de 2006, cuando la ley fue ventilada por primera vez, "porque ha habido un deterioro hasta casi la extinción del diálogo entre actores políticos y de la sociedad civil venezolana, y se ha producido una mayor destrucción de las instituciones".
Argumentó que 16 grupos del Foro por la Vida "han sido criminalizados, o llevadas a la jurisdicción penal o víctimas de campañas de estigmatización, pues desde programas de televisión, como Aló Presidente (conducido por Chávez) se las señala como agentes del imperio con sede en Washington".
Agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado desde 2002 medidas de protección contra 32 activistas de derechos humanos, en su mayoría mujeres.
Activistas de ONG han admitido que encajaron con la imagen de adversarios del gobierno después que motivaron y movilizaron a grupos de la sociedad civil en las marchas y huelgas que desembocaron en el golpe de Estado cívico-militar del 11 de abril de 2002, que alejó a Chávez del gobierno por dos días.
Ortega, sin embargo, puede mostrar como credencial que fue la primera activista de derechos humanos que alzó su voz, el 12 de abril de ese año, para denunciar que la supresión de los poderes públicos por parte del usurpador de la presidencia por breve lapso, el empresario Pedro Carmona, constituía un golpe de Estado, y reclamar la vuelta a la legalidad.
Ahora se pregunta si, con la discrecionalidad que le otorgaría la nueva ley, el Poder Ejecutivo podrá decir cuáles ONG defienden los derechos humanos, "lo que en la práctica le confiere poder para decir cuáles son derechos humanos defendibles y cuáles no".
"También, encasilla a las ONG, que se definen precisamente por lo que no son, no-gubernamentales, en los objetivos que se plantea un gobierno. Y debe agregarse que es una ley con retroactividad, pues se aplicará a organizaciones, como la educativa Fe y Alegría, que funcionan según la legislación vigente desde hace 50 años", agregó.
En cambio, Amnistía Internacional produjo una declaración en la que reconoce "el derecho y la responsabilidad de las autoridades venezolanas de regular las actividades y financiación de la cooperación internacional", pero pide "asegurarse de que la ley se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos".
"En la práctica, esta ley supondría dar vía libre al gobierno venezolano para regular lo que pueden y no pueden hacer las ONG legítimas, incluido su acceso a fondos de cooperación internacional", señaló el texto de esta organización con sede en Londres.
Las normas internacionales, destacó Amnistía, "garantizan el derecho de las organizaciones de derechos humanos a definir el ámbito de su labor, incluida la petición, recepción y utilización de recursos para poder desempeñar sus actividades".
