La policía que antes entraba disparando en Santa Marta, uno de los populosos barrios pobres de esta ciudad brasileña, ahora aparece integrada a la comunidad. Es el resultado de un plan gubernamental calificado «de pacificación permanente», que, sin embargo, no deja de levantar fuertes críticas.
Por la fuerza de la costumbre, muchos de los habitantes de esta "favela", como se les llama en Brasil a los asentamientos irregulares colgados de los cerros, no se atreven a hablar abiertamente de los policías que ocupan su comunidad desde hace seis meses en el marco de un plan del gobierno del estado de Río de Janeiro.
Desconfían que, como ocurrió con tantas otras experiencias frustradas del pasado, la policía se vaya, vuelvan los traficantes "y tengan que arreglar cuentas con ellos porque establecieron una buena relación" con esa fuerza, explica la socióloga Silvia Ramos, coordinadora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESC).
También temen al propio uniforme policial, simbólicamente vinculado en estos barrios a un papel represivo y de abuso de poder.
Pero, sin grabadores ni cámaras de por medio, algunos se atreven a expresar lo que Ramos observa en más de 70 por ciento de los casos y es que los vecinos están más tranquilos desde que la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) se instaló en el "morro" (cerro).
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En Santa Marta, al igual que en las más de 750 favelas cariocas donde viven casi 1,5 millones de personas, tranquilidad es sinónimo de que no hay disparos. Una ecuación tan simple como la derivada de la ausencia del narcotráfico y, con ello, de los enfrentamientos con la policía o entre las mismas mafias.
Los pobladores de los asentamientos, mayoritariamente trabajadores y trabajadoras, estudiantes, desocupados y retirados, suelen quedar en medio del fuego cruzado, amenaza que ahora, al menos los vecinos de Santa Marta, no extrañan.
Así como tampoco extrañan la habitual brutalidad policial del pasado. "Está más tranquilo ahora los niños juegan en la calle sin aquel peligro de los enfrentamientos con la policía", dijo a IPS Antonio Guedes, consejero de la Asociación de Residentes de Santa Marta, un barrio de unos 10.000 habitantes.
La puesta en marcha de las UPP comenzó en el cerro Santa Marta, enclavado en pleno barrio de clase media de Río de Janeiro, y después se extendió hacia el oeste de la urbe, a Batán y también a Cidade de Deus (Ciudad de Dios), que el director Fernando Meirelles hiciera famosa con su película de igual nombre.
"Lo más importante, debido al historial traumático de la relación entre la fuerza de seguridad y la favela, es que esta vez la experiencia no se basa en el talento o sensibilidad de algunos efectivos sino que es parte de una política del gobierno de reclutar policías y entrenarlos especialmente para este tipo de guardia comunitario", destacó Ramos.
Pero la discusión sobre el programa resurgió esta semana con la ocupación "permanente" de dos nuevas favelas, Chapeau Mangueira y Morro de Babilonia, ambas en Leme, el barrio contiguo al turístico y costero de Copacabana.
El proceso comienza con el ingreso de batallones de elite de la Policía Militar, para reprimir el narcotráfico.
En las dos favelas de Leme, por ejemplo, toda la semana sobrevolaron helicópteros para buscar narcotraficantes fugitivos, mientras que tropas terrestres rastrearon las zonas ocultas en medio de la floresta, para encontrar drogas u armas escondidas.
Una vez expulsadas las mafias, la UPP se instala en forma permanente y, paralelamente, comienzan a implementarse inversiones sociales en áreas como salud, educación, deporte, y generación de ingresos para sus habitantes.
Un modelo que Ramos define como "policía comunitaria", es decir que "crea vínculos de confianza" en un "contexto preventivo del crimen", explica la investigadora del CESC y vinculado a la Universidad Cándido Méndes.
Como especialista en seguridad, y fuerte crítica de la represión policial, Ramos considera que esta sería "la primera experiencia en Río de Janeiro" que, a diferencia de otras, integra y realmente deja de forma permanente a las fuerzas de seguridad en "un área geográfica determinada" que sus habitantes reconocen.
Entre otros puntos positivos, la especialista destaca el número de efectivos, 124 en el caso de Santa Marta, que entiende será suficiente para enfrentar cualquier tipo de problema y para "disuadir" toda acción armada.
Asimismo, celebra el hecho que los policías especialmente entrenados para esta tarea terminan siendo "mediadores" y receptores de quejas sobre el comportamiento de la propia institución encargada de la seguridad ciudadana.
Pero sin lugar a dudas que entre los avances más notables en la históricamente desprestigiada Policía Militar brasileña está el hecho de que la ocupación de Santa Marta no generó denuncias sobre violencia o extorsión policial.
El programa de pacificación de Santa Marta, es el niño mimado del gobernador Sergio Cabral, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado del gobierno nacional del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Cabral asegura que redujo a cero la actividad del narcotráfico en esa favela, al tiempo que subraya la importancia del componente social del plan.
"Lo más importante de esta policía pacificadora que tenemos hoy en las comunidades es que la población, que había aprendido a convivir con criminales, ahora convive con la presencia del Estado", dice el gobernador.
Pero es precisamente esa situación la que muchos consideran uno de los puntos débiles. Para Ramos, la acción social es "muy tímida", así como lenta la implementación de las obras.
Guedes da el ejemplo de la televisión prometida. Cuando el gobierno entró en Santa Marta fueron eliminadas todas las conexiones irregulares a la televisión por cable para abonados y "hasta el momento no tenemos televisión porque aquí (por la accidentada geografía) la imagen de los canales de aire no es buena".
Ramos, por su parte, se refiere a la controvertida medida de prohibir bailes populares como el "funk", que la policía vincula al narcotráfico, sin que se ofrezcan otras opciones de entretenimiento a los jóvenes.
"Lo ideal sería que la policía entre, retire los grupos armados ilegales que dominan el área, implementen la brigada comunitaria e, inmediatamente, se ponga en marcha un paquete de programas sociales", opinó.
El rapero Fiel, nombre artístico de Emerson dos Santos, lo sabe por experiencia, dado que también fueron prohibidos sus conciertos, aunque como aclara "no tiene ninguna vinculación con el tráfico" de drogas.
"Todas las comunidades de Brasil tienen sus peculiaridades, algunas escuchan "funk", otras "pagode", "hip hop" u otro tipo de géneros, y la policía no tiene nada que ver con los gustos musicales, pues deben remitirse a reprimir el crimen y no meterse con la cultura de las personas", lamenta Fiel en diálogo con IPS.
Este músico de 29 años cuestiona, entre otras cosas de la ocupación policial, la manera como se estereotipa a los habitantes de las favelas.
"Si ven alguien con pantalón ancho y pelo largo atado para atrás lo detienen, pero si viste traje y corbata no lo hacen", ilustra este joven que participa del proyecto de cine comunitario de Santa Marta titulado "Favela Visao".
Aclara que, aunque hay policías "supereducados", otros "tienen una resistencia a aproximarse" a los habitantes de la favela porque, o nunca trabajaron en comunidades o porque "nos ven como cómplices del trafico".
"La clandestinidad el narcotráfico- es una cosa y los habitantes de las favelas, que son en 99 por ciento de los casos trabajadores y honestos, son otra cosa, aclara Fiel.
Los líderes de los nuevos asentamientos también tienen resquemores. El vicepresidente de la Asociación de Habitantes del "Morro de Babilonia, Carlos Antonio Pereira, reclama que nadie los buscó para discutir proyectos.
"Queremos el brazo social estirado dentro de la comunidad. Poner sólo policías no va a resolver", señaló.
Marcelo Freixó, diputado provincial del opositor Partido Socialismo y Libertad (PSOL), admite no obstante algún "avance" en el programa. "Evidentemente es mejor que la policía entre a una comunidad con el objetivo de aproximarse a sus habitantes que matando", opinó.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, Pero Freixó, cuestiona que la iniciativa no sea parte de una política general de gobierno en todas las favelas cariocas.
Freixó recordó ante IPS las cifras que indican que la policía carioca es "la que más mata y muere en el mundo". En lo que las estadísticas oficiales califican como "muerte de autorresistencia", tres personas mueren por día en enfrentamientos policiales en Río de Janeiro.
"Que la policía se aproxime al morro es un concepto diferente al de guerra, pero no significa que exista otra política de seguridad del Estado", aclara el diputado.
"Tenemos que tener un proyecto de ocupación del Estado para esos lugares… no volver a cometer ese error histórico de que la favela es cosa de la policía", sostuvo al considerar que sin una fuerte presencia social el plan de policía comunitario será una nueva "forma de control" y no de "construcción de libertad".
Ramos, a su vez, se refiere a lo que llama "un problema estructural". "Siempre habrá algo equivocado mientras que la principal presencia del Estado en una favela sea un policía", critica al reclamar la falta de otros interlocutores del gobierno.
