El Plan Europeo de Recuperación Económica, concebido el año pasado para hacer frente a la crisis financiera, asistirá a proyectos perjudiciales para el ambiente en los países que acaban de incorporarse a la Unión Europea (UE).
El Plan de Recuperación Económica fue lanzado en noviembre por José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE.
Uno de sus principios es proporcionar dinero en efectivo a los nuevos miembros del bloque de 27 países, procedente de los Fondos Estructurales, del Fondo de Cohesión y del Banco de Inversiones Europeo.
La asistencia, que asciende a unos 23.000 millones de euros (más de 31.000 millones de dólares), apunta principalmente al desarrollo de infraestructura. La Comisión Europea la considera esencial para crear empleo y ayudar a la recuperación económica de los países de Europa central y oriental.
El Plan de Recuperación Económica, aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, destaca la necesidad de inversiones "inteligentes" mediante la promoción de tecnologías limpias, el respaldo a las microempresas y programas de reconversión laboral.
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Pero varias organizaciones ambientales advierten que los países beneficiarios pueden llegar a invertir el dinero en proyectos de infraestructura con un alto costo ambiental o que no son sustentables a largo plazo.
La organización independiente Bankwatch divulgó un mapa con 55 proyectos del Plan de Recuperación Económica que "amenazan el ambiente y son poco seguros desde el punto de vista económico".
La lista elaborada por Bankwatch, que estudia el impacto de las inversiones de instituciones financieras y corporaciones que operan en Europa, incluye la construcción de 22 incineradores de basura, 12 de ellos en Polonia, y varias rutas que pasan por áreas naturales protegidas.
Esos proyectos son prioridad para los gobiernos y son los que tienen más posibilidades de recibir financiación..
"Los fondos concedidos por la UE a los países de Europa oriental implican dinero en efectivo para grandes inversiones, pero no logran desarrollar competencias ni transferir conocimientos para proyectos de pequeña escala, que suelen tener un mayor impacto en las comunidades locales y regionales", dijo a IPS Keti Medarova, de Bankwatch.
"Por ello, los pequeños emprendimientos no pueden absorber dinero el dinero, que se redistribuye a costosos proyectos de infraestructura", apuntó.
Medarova advirtió que la combinación del "enfoque keynesiano para superar la crisis, que supone invertir fondos públicos en grandes proyectos de infraestructura", puede tener consecuencias negativas para los nuevos miembros de la UE, cuyos políticos desean aprovechar la oportunidad para "cumplir sus grandes promesas y planes a expensas del desarrollo local y regional".
Los 55 proyectos del Plan de Recuperación todavía no tienen luz verde. Medarova explicó que el mapa pretende ser "un alerta temprana" para la Comisión Europea, que decide el destino de los fondos y puede controlar los procesos de evaluación de impacto ambiental y las consultas públicas.
Muchas de esas iniciativas no cuentan con apoyo local. El gobierno polaco no sólo ignoró las protestas contra los incineradores de Varsovia y Cracovia, sino que aumentó su cantidad de ocho a 12.
Los avances tecnológicos de los últimos años han logrado que los incineradores sean menos perjudiciales para la salud y el ambiente, pero la mayoría todavía suponen un riesgo por las emisiones de partículas cancerígenas.
Las cifras manejadas por Bankwatch muestran, además, que los 12 proyectados incineradores polacos emplearán más de 66 por ciento de los Fondos de Cohesión que recibe ese país para la gestión de desperdicios y para invertir en métodos menos perjudiciales para el ambiente y más efectivos, como programas de recolección y reciclado de basura.
La UE atenta contra su propia política de promover el reciclaje, la reducción y la reutilización de desechos, señaló esa organización.
Polonia actualmente recicla sólo tres por ciento de la basura que produce.
La campaña llevada adelante por las empresas constructoras de incineradores llevó a una política más permisiva frente a los inversionistas, según la independiente Alianza Global para Alternativas a los Incineradores (GAIA, por sus siglas en inglés).
La organización reveló en junio de 2008 que Caroline Jackson, europarlamentaria y relatora de la UE para directivas en materia de desperdicios, tuvo un cargo remunerado en un consejo ambiental asesor de la compañía Shanks PLC, dedicada a la gestión de la basura.
Pero no sólo los incineradores son polémicos.
La autopista R52, que se pretende construir entre la sureña ciudad checa de Brno y Viena, afectará varios sitios de Natura 2000, red europea de áreas protegidas.
Tras la evaluación de impacto ambiental y el estudio de una propuesta alternativa, el gobierno checo decidió en junio de 2008 seguir adelante con ambos proyectos, pese a que los dos cumplirán con el mismo objetivo en materia de transporte.
En Bulgaria, la central nuclear de Belene, que el gobierno priorizó para recibir financiación de la UE, cuenta con la oposición de ambientalistas y especialistas desde hace años porque se pretende construirla en una zona de mucha actividad sísmica, lo que supone un mayor riesgo de accidentes.
Bankwatch advirtió sobre las asociaciones entre empresas públicas y privadas en el marco del Plan de Recuperación Económica.
La Comisión Europea sostiene que las asociaciones público-privadas dan un fuerte impulso a la recuperación económica, pero los especialistas alegan que en la práctica la rápida disponibilidad de dinero atrae a políticos corruptos y a compañías que priorizan el lucro ante todo.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional advirtió que "es más probable que las corporaciones que reciban dinero en este momento lo guarden en vez de reinvertirlo".
"La crisis económica no debe verse como una oportunidad para impulsar proyectos de infraestructura polémicos con pocas consecuencias para la recuperación", subrayó Medarova.
"En cambio, la Comisión Europea debe insistir en el estricto respeto de las leyes ambientales, en especial en lo que respecta a las evaluaciones de impacto, al estudio de soluciones alternativas para el transporte y la basura, a una mayor transparencia y al debate público acerca de cómo gastar el dinero y medidas que permitan recuperar la economía", sostuvo.
