Continúan sin castigo buena parte de las atrocidades cometidas por fuerzas rebeldes, regulares y de países vecinos en la última guerra civil de República Democrática del Congo. Los mecanismos para descubrir y exponer la verdad son motivo de conflicto.
La guerra civil (1998-2002) acabó con cuatro millones de vidas, y fue particularmente cruenta en la nororiental región de Ituri, donde permanecen impunes numerosas atrocidades y violaciones masivas de derechos humanos.
Activistas de derechos humanos creen que la falta de justicia puede desatar nuevos enfrentamientos, e incluso a reacciones violentas de las víctimas y sus familiares.
Las opciones son, a grandes rasgos, promover la acción de la justicia penal o crear un proceso de diálogo entre antiguos rivales, o entre víctimas y perpetradores.
Un antecedente en ese sentido, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que funcionó entre 2002 y 2005, no inició ni una sola demanda luego de tres años de existencia, según organizaciones de la sociedad civil.
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En algunos ámbitos se postula la instauración de un proceso de diálogo similar al del Programa Amani, que restableció en enero de 2008 la paz tras los sangrientos enfrentamientos en las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur.
Este mecanismo "ayudaría a la población local a vivir en mayor armonía y fomentaría el desarrollo" de la región de Ituri, dijo el experto congoleño en resolución de conflictos Gilbert Tandia.
"Teniendo en cuenta la memoria colectiva y las deficiencias del sistema judicial, y a falta de una 'comisión de la verdad', debe crearse un mecanismo que ayude a la gente a expresarse, dándole a la verdad el lugar adecuado", sostuvo.
"Eso ayudará a los perpetradores y a las víctimas debatir libremente, como en una familia, creando una atmósfera para la reconciliación", agregó Tandia.
El activista Jean Claude Sady, del Consejo de la Fe de Ituri, consideró que este tipo de acciones ayudarán a "la población de Ituri saber la verdad sobre lo que realmente ocurrió durante esos años".
El mayor del ejército Innocent Mayembe, mayor del ejército y presidente de la corte marcial de Ituri, es uno de los pocos funcionarios judiciales que apoyan la propuesta.
"Es importante establecer una plataforma de reconciliación que involucre a todos los políticos de Ituri para superar la cultura de la desconfianza", afirmó.
Según Mayembe, el recelo aumenta las posibilidades de enfrentamiento. Pero, aclaró, "una 'comisión de la verdad' será mejor" que un proceso como el de Amani, cuyos resultados están previstos para dentro de un año.
La comisión propuesta por este juez militar debería analizar "crímenes cometidos entre 1998 y 2008 por milicias locales y efectivos de países vecinos de la República Democrática del Congo".
Entre 1998 y 2001, por ejemplo, varias milicias cometieron atrocidades en Ituri. Algunos de los jefes de esos grupos han sido acusados ante la Corte Penal Internacional que atiende casos de crímenes de guerra y contra la humanidad y de genocidio.
Entre los muchos acusados figuran Thomas Lubanga, presidente y fundador en 2001 de la Unión de Patriotas Congoleños, y Mathieu Ngudjolo, ex líder del Frente de Nacionalistas e Integracionistas (FNI) y actual coronel del ejército.
El presidente de República Democrática del Congo, Joseph Kabila, ya decidió qué mecanismo utilizará para "responder a las demandas de justicia hechas por las víctimas".
Este país "pondrá a la justicia primero, pronto", declaró Kabila, para una entrevista publicada el mes pasado el diario estadounidense The New York Times. "La 'comisión de la verdad y la reconciliación' vendrá después."
Recordando anteriores fracasos de la antigua Comisión de la Verdad, Kabila dijo que el país no debe tomar decisiones "que lo lleven de regreso a donde estaba ayer o anteayer".
La Comisión de la Verdad se creó tras el diálogo entre los bandos beligerantes en la guerra civil, del que el ex presidente sudafricano Nelson Mandela (1994-1999) fue mediador en 2002.
"Fue un fracaso", según el profesor de derecho Raphael Nyabirungu, asesor del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
El juez Fidèle Sindan Kabamba, presidente del Tribunal Superior de Ituri, dijo a IPS que "el único mecanismo capaz de establecer la verdad sobre los crímenes cometidos en Ituri es la justicia".
Para él, "primero y por sobre todo" el país "debe apelar a la capacidad de disuasión de la justicia penal" para que, en el futuro, "nadie de ninguna tribu —y en Ituri hay 18— sea responsable de ninguna matanza más, ni de ninguna violación de derechos humanos".
Pero el problema en torno a la verdad sobre Ituri permanece. "El sistema judicial congoleño tiene deficiencias que le impiden establecer la verdad", sostuvieron varias organizaciones no gubernamentales de Ituri, entre ellas Justice Plus y Lotus Group.
Pero Kabila insiste. "El sistema judicial congoleño es independiente y capaz de dar respuestas a las víctimas de delitos cometidos en Ituri", declaró a The New York Times en Kinshasa.
