La justicia mexicana exhibió sus aberraciones en el caso de la violación y las torturas cometidas en 2002 por soldados contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo. Las suyas no son historias excepcionales en zonas rurales del estado sureño de Guerrero.
Pero Fernández y Rosendo, de 23 años y que han soportado amenazas de muerte y el rechazo de sus vecinos y hasta de esposos por haber sido violadas, no se rinden. La primera logró en este mes que su caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la segunda podría conseguir algo similar en el futuro.
Los abusos militares y policiales son constantes en los parajes rurales de Guerrero y denunciarlos ante la justicia mexicana han surtido poco o ningún efecto, según lo documentan organizaciones defensoras de derechos humanos.
La presencia de las fuerzas del estado en Guerrero es para combatir al narcotráfico y a células de grupos guerrilleros, explican autoridades.
"Con el pretexto de la seguridad, las autoridades violan de forma rampante los derechos humanos" de los campesinos de Guerrero, en su mayoría indígenas, y los casos de Fernández y Rosendo son un ejemplo claro de eso, dijo a IPS Vidulfo Rosales, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
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Fernández, de la etnia tlapaneca, fue violada en marzo de 2002 cuando llegaron soldados a su casa reclamando información sobre el origen de una carne de res que ella preparaba en ese momento.
La mujer, que para entonces tenía menos de 18 años, no respondió pues no habla castellano. Los militares furiosos irrumpieron en su casa y allí frente a algunos de sus cuatro pequeños hijos, un soldado la violó, según relató el abogado Rosales, quien lleva el caso.
Con Rosendo, también indígena tlapaneca y menor de edad en ese momento, pasó algo similar, pero un mes antes. Cuando ella lavaba ropa fue abordada por un grupo de soldados que intentaron interrogarla sin obtener respuesta pues ella tampoco hablaba español. Minutos después uno de ellos la violó.
Ambos casos fueron denunciados ante autoridades locales de policía y judiciales. Los procesos derivados estuvieron plagados de obstáculos como la mala atención de peritos, un marcado desinterés para obtener pruebas y discriminación hacia las víctimas, "cosas que, como sabemos bien, no son raras para nosotros los mexicanos", señaló Rosales.
Tras varios meses de gestiones infructuosas, la justicia civil remitió ambos casos a la justicia privativa del fuero militar, que en 2006 los cerró tras resolver que no había pruebas suficientes que acreditarán que soldados hubieran incurrido en "faltas a la disciplina" castrense.
Según el Código de Justicia Militar de 1933, este régimen especial avalado por la Constitución actúa cuando los delitos "a la disciplina militar" término genérico en el que los jueces incluyen desde la insubordinación hasta una violación sexual son cometidos por personal castrense activo y durante el desempeño de sus funciones.
Si los delitos son perpetrados en complicidad con civiles, los acusados uniformados pasan de forma automática a la justicia ordinaria.
La justicia militar ha sido duramente cuestionada por activistas y víctimas que aducen que ampara la impunidad y no cumple con estándares internacionales. Aunque legisladores y hasta autoridades de gobierno reconocen que debe ser revisada, no hay en firme ningún plan al respecto.
Rosales, el coordinador jurídico de Tlachinollan, que tiene oficinas en Tlapa, ciudad cercana a las zonas rurales de Guerrero, relató que, ante la falta de justicia en México, las mujeres violadas llevaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia con sede en Washington y que es parte del sistema de la Organización de Estados Americanos.
El caso de Rosendo aún es procesado en la Comisión, pero el otro fue remitido a comienzos de este mes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, luego que la primera instancia resolvió que el Estado mexicano permanecía omiso en brindar justicia a la afectada, a pesar de los exhortos y las recomendaciones que le había hecho.
"Lo que esperamos de la Corte es que logre hacer justicia con estas mujeres, que los culpables de la violaciones no permanezcan impunes. También esperamos una sentencia que sirva para generar cambios en la justicia militar", expresó Rosales.
Los grupos de derechos humanos denuncian que los abusos militares en Guerrero se incrementaron a partir de junio de 1998, cuando en la localidad rural de El Charco militares mataron a 11 indígenas.
Según la versión oficial de esos hechos, las muertes se produjeron cuando soldados detectaron que en una escuela de esa localidad se realizaba una reunión de guerrilleros, quienes dispararon contra los uniformados.
Pero los sobrevivientes de aquella matanza, que afirman no ser guerrilleros, sostienen que nadie tenía armas ni opuso resistencia cuando los soldados les ordenaron salir al patio de la escuela, donde, sin justificación, procedieron a ejecutar a 11 personas.
Apenas en febrero pasado, no muy lejos del Charco y de los lugares donde fueron violadas Fernández y Rosendo, se encontraron los cuerpos de dos dirigentes indígenas, quienes en vida y desde una organización social habían documentado diversos atropellos militares.
Se trataba de Raúl Lucas, de 39 años, y a Manuel Ponce, de 32, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos. El 13 de febrero fueron detenidos por supuestos policías frente a varios testigos. Ocho días después sus cuerpos fueron encontrados con huellas de haber sido torturados.
Los culpables de estos asesinatos, así como de las violaciones de las mujeres en 2002 y de otras muertes y abusos, permanecen impunes.
La lista de violaciones a derechos humanos contra indígenas en Guerrero es extensa e invariablemente en ella siempre aparecen como presuntos culpables soldados o policías.
Por ejemplo, Felipe Arreaga y otros campesinos de ese estado sufrieron años atrás cárcel y persecución por su resistencia a la destrucción de los bosques.
Arreaga fue acusado de asesinar al hijo de un talador y estuvo preso 10 meses en 2005, mientras sus compañeros Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera pasaron entre 1999 a 2001 detenidos por cargos de uso de armas y siembra de cultivos ilegales.
Arreaga fue detenido por policías y los otros por militares, que según denunciaron los torturaron y "sembraron" pruebas. El primero fue excarcelado por falta de pruebas, mientras sus compañeros se beneficiaron de una amnistía decretada de forma extraordinaria por el presidente Vicente Fox (2000-2006).
La militarización en Guerrero, estado gobernado desde abril de 2005 por Zeferino Torreblanca del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, data de comienzos de los años 70, cuando allí operaba una guerrilla denominada Partido de los Pobres, fundada por el maestro rural Lucio Cabañas.
Ese grupo es la simiente del Ejército Popular Revolucionario, de corte marxista leninista, que aparece en 1996 de forma intermitente y que según autoridades tiene escaso poder.
