Defensores de los derechos humanos y expertos legales de Estados Unidos temen que el gobierno de Barack Obama restaure las comisiones militares creadas por su predecesor, George W. Bush (2001-2009), para juzgar a los detenidos en la cárcel de Guantánamo en el marco de la «guerra contra el terrorismo».
El 20 de este mes expira una moratoria sobre el funcionamiento de esas comisiones.
Esa posibilidad pareció crecer cuando el juez jefe de Guantánamo se negó a aplazar una audiencia prevista para el 27 de este mes sobre el caso de Ahmed Al Darbi, un saudita de 34 años acusado de proveer apoyo material al terrorismo y de participar en una conspiración para cometer asesinato y otros delitos.
Autoridades militares también lo acusan de haber conspirado con la red radical islámica Al Qaeda en un frustrado plan entre 2000 y 2002 para hacer estallar barcos en el estrecho de Ormuz, entre el golfo de Ares y el golfo Pérsico o Arábigo. Ha estado detenido desde 2002, primero en la cárcel de la base aérea de Bagram, en Afganistán, y desde 2003 en Guantánamo.
La audiencia de Al Darbi sería la primera sesión de una comisión militar desde que Obama asumió el cargo y ordenó congelar todos los procesos a cargo de la justicia militar. El juez de Guantánamo, coronel James Pohl, falló que los abogados de la defensa habían tenido suficiente anticipación como para prepararse para la audiencia, que llevará todo un día.
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"No ha habido cambios en el esquema legal o regulatorio referido a las comisiones militares, dijo el juez Pohl, al ordenar la audiencia para el 27 de este mes.
El magistrado aclaró no estar "intentando influenciar la revisión de la administración", y consideraría ajustar o cancelar la audiencia si "hay cambios entre hoy y el 27 de mayo".
El tema principal en la audiencia de Al Darbi es cuánta evidencia será presentada en su juicio para mostrar que fue torturado para confesar delitos que ahora niega. Su abogado, Ramzi Kassem, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale, intenta evitar que los fiscales del Pentágono introduzcan las decenas de declaraciones autoincriminatorias realizadas por su cliente, que habrían sido obtenidas mediante malos tratos en Bagram y Guantánamo.
El abogado además solicitó presentar como evidencia dos filmes documentales que describen el clima de abusos en esas cárceles en tiempos en que Al Darbi fue interrogado.
Durante su primera semana en el cargo, Obama ordenó una revisión caso a caso de todos los detenidos en Guantánamo. El abogado de Al Darbi dijo a IPS que no sabía si el suyo sería examinado por la administración. Pero estaba seguro de que su cliente no recibiría un juicio justo en una comisión militar.
"El gobierno de Bush decidió usar la base naval de Guantánamo, en Cuba, porque la consideraban una zona libre de leyes, pero los tribunales decidieron otra cosa. Ahora que la administración de Obama prometió cerrar la cárcel, parecen estar pensando en mudar las comisiones militares a territorio continental, quizás con unas pocas protecciones a prisioneros añadidas", afirmó.
"No hay un grado de ajustes que hagan mejores a las comisiones. Éste es un sistema diseñado para producir condenas, no justicia", añadió.
Al Darbi también presentó un recurso de hábeas corpus en un tribunal federal en Washington.
El Departamento de Defensa señaló que Al Darbi es cuñado de uno de los secuestradores del vuelo 77 de American Airlines, que se estrelló contra el Pentágono en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Si bien Darbi no está acusado de estar vinculado a esos ataques, autoridades militares dicen que conspiró con Al Qaeda en el caso del estrecho de Ormuz. Además, aseguran que se habría reunido con el líder de la red extremista, Osama bin Laden, y habría sido entrenado en un campamento en Afganistán.
Las comisiones militares tienen una historia llena de idas y venidas. En una serie de órdenes en 2001 y 2002, el gobierno de Bush creó un sistema de tribunales que explícitamente no se adherían a los estándares de las Convenciones de Ginebra, que protegen los derechos de prisioneros de guerra, arguyendo que, como "actores no estatales", los sospechosos no tenían derecho a ese tipo de amparo. También se declaró que el sistema estaba por encima de las cortes federales.
El gobierno creó la cárcel en Guantánamo para mantener a los prisioneros fuera de la jurisdicción federal, arguyendo que el derecho de hábeas corpus (a impugnar las razones de una detención) no se aplicaba a extranjeros detenidos fuera de territorio estadounidense como "combatientes enemigos". Éste fue el término usado para calificar a los sospechosos, dado que si se los consideraba "prisioneros de guerra" se le debían reconocer los derechos de las Convenciones de Ginebra.
Pero, en 2004, la Suprema Corte discrepó, en el caso conocido como Rasul versus Bush. Otra importante decisión fue la de junio de 2006, en el caso Hamdan versus Rumsfeld, en el que el máximo tribunal concluyó que los tribunales militares violaban la Constitución y las Convenciones de Ginebra.
En respuesta, la administración de Bush y el Congreso en los hechos reescribieron la ley, aprobando la Ley de Comisiones Militares en 2006.
De esta manera se amplió la definición de combatientes enemigos para incluir a los "no ciudadanos" que viven legalmente en Estados Unidos o extranjeros determinados a combatir contra este país bajo un criterio definido por el presidente o el secretario de Defensa.
A partir de entonces, en lugar de los habituales procedimientos de hábeas corpus, los detenidos sólo podían impugnar su detención a través de audiencias conocidas como "juicios de revisión del estatus de combatiente". En estos se admite como evidencia aquella obtenida en Estados Unidos o en el exterior sin orden judicial de allanamiento.
Si bien la ley impide la admisión de evidencia obtenida por tratos crueles e inhumanos, hace una excepción para la conseguida antes del 30 de diciembre de 2005, cuando el Congreso aprobó la Ley de Tratamiento a Detenidos, que prohíbe la tortura.
Pero, en una decisión sobre el caso Boumediene versus Bush en junio de 2008, la Suprema Corte, dio una nueva interpretación a porciones de la ley, señalando que los sospechosos de terrorismo internacional recluidos en Guantánamo tenían derechos constitucionales a impugnar su detención en tribunales de Estados Unidos.
La Corte rechazó el argumento de la administración de Bush de que las protecciones individuales provistas por la Ley de Tratamiento de Detenidos y la Ley de Comisiones Militares eran más adecuadas.
