Más de 20 millones de hectáreas de tierras en el mundo en desarrollo están en manos de gobiernos y empresas extranjeras, ejemplo de una apropiación agraria que se disparó con la crisis alimentaria del año pasado.
"Hay muy poca transparencia en estos negocios de bienes raíces", dijo Von Braun en una conferencia de prensa telefónica desde Washington.
El estudio del IFPRI "Expropiación de tierras por parte de inversores extranjeros en países en desarrollo", elaborado por Von Braun y Ruth Meinzen-Dick y presentado la semana pasada, estima que entre 15 millones y 20 millones de hectáreas han sido compradas o están en operaciones de venta.
Eso representa casi la cuarta parte de las tierras cultivables de Europa, según Von Braun. El informe se basó sobre todo en reportes de prensa.
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Es difícil conseguir datos fiables, pero el IFPRI calcula que esas operaciones implican inversiones de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares procedentes de China, Corea del Sur, India y los estados del Golfo Pérsico o Arábigo, principalmente en África.
"Alrededor de la cuarta parte de estas inversiones son para plantar vegetales destinados a elaborar biocombustibles", dijo Von Braun.
Hace ya 10 años que China comenzó a subarrendar tierras para producir alimentos en otros países, como Cuba y México. También ha adquirido propiedades en África, donde hay negocios pendientes por millones de hectáreas en la República Democrática del Congo, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe, con el añadido de varios miles de trabajadores chinos "importados" para trabajar esas tierras, según el informe.
Sudán tiene la mayor cantidad de tierras de cultivo africanas en manos foráneas, en este caso un grupo de estados del Golfo. El año pasado, Emiratos Árabes Unidos logró varios acuerdos con Pakistán. Qatar tiene tierras agrícolas en Bahrein, Birmania, Filipinas, Indonesia y Kuwait.
La enorme compañía coreana Daewoo Logistics Corporation firmó un acuerdo para subarrendar 1,3 millones de hectáreas en Madagascar, a fin de cultivar maíz y palma aceitera, una presencia que jugó su papel en los conflictos políticos que condujeron al derrocamiento del gobierno este año, según el informe.
"El número de acuerdos por tierras es mucho más elevado que el citado por el IFPRI. Nadie revisa esos negocios agrarios privados", dijo Devlin Kuyek, investigador de la organización no gubernamental Grain, dedicada a cuestiones agrícolas y radicada en la ciudad española de Barcelona.
En un informe elaborado hace seis meses, Grain concluyó que los países ricos están comprando a los pobres suelos fértiles, agua y sol, para llevarse a casa alimentos y combustibles, en una suerte de neocolonialismo.
Kuyek dijo a Tierramérica que esta fiebre agraria del siglo XXI es liderada, en parte, por países que no quieren ser rehenes de las grandes empresas transnacionales del comercio de alimentos.
Pero están jugando un papel creciente en estas operaciones los capitales privados procedentes de fondos de pensiones, que apuestan a la tierra como un bien redituable tras el colapso de las bolsas mundiales y la caída de los precios del petróleo y los metales.
"Un gran sector de la industria ganadera australiana ahora es propiedad de una firma de inversiones. Los dos mayores productores porcinos de China pertenecen al banco de inversiones Goldman Sachs", señaló Kuyek.
Así, hacendados y agricultores se convierten en empleados, opinó.
Pero para cientos de millones de minifundistas, pastores e indígenas que no poseen títulos de propiedad de sus tierras, las cosas podrían ser mucho peores, y terminar en expulsiones, dijo.
La mayor parte de las tierras agrícolas africanas son propiedades consuetudinarias, sin títulos formales, según Meinzen-Dick.
"Cuando llegan los extranjeros a comprar tierras no reconocen esos derechos tradicionales, que deben respetarse", dijo a Tierramérica.
El IFPRI instó a la comunidad internacional a desarrollar un código de conducta que proteja el derecho de las poblaciones autóctonas a su tierra, garantice la transparencia de las operaciones y el reparto de los beneficios, asegure la sustentabilidad ambiental y no contribuya a la inseguridad alimentaria.
Von Braun ve un gran potencial en esos negocios, porque llevan capitales muy necesarios a sectores agrícolas de los países pobres, impulsando la infraestructura y la investigación. "China está creando varias estaciones de investigación en África para estimular los rendimientos del arroz y los granos", dijo.
Kuyek discrepó. "Esas inversiones no tienen nada que ver con el desarrollo agrícola. Se trata de hacer dinero y despachar alimentos a los mercados de origen", sostuvo.
Las empresas procesadoras e incluso vendedores minoristas de alimentos están involucrados en el negocio porque les importa garantizar la "seguridad de suministro" del modo más eficiente posible, dijo Janice Jiggins, del Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo, en Londres.
Uno de los mayores bancos del mundo, el Rabobank de Holanda, es uno de los principales financiadores de este tipo de acuerdos, dijo Jiggins a Tierramérica por correo electrónico.
El último informe del relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Olivier de Schutter, detalló las implicancias legales de esos negocios y advirtió que violan derechos adquiridos, consagrados por leyes, constituciones y tradiciones, afirmó Jiggins.
* Este artículo fue publicado originalmente el 2 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
