El gobierno peruano no salvará de sus problemas financieros a la empresa metalúrgica Doe Run, responsable de una vasta contaminación en la ciudad andina de La Oroya, pero aceptará por segunda vez ampliar el plazo para que cumpla sus obligaciones ambientales.
El salvataje fue asumido por compañías mineras que son clientes del complejo metalúrgico de Doe Run Perú. Prevaleció la solución económica a la urgencia de proteger la salud de los pobladores de La Oroya, que diariamente respiran los efluvios tóxicos de la fundición, dijeron a IPS varias fuentes.
"La protección del espacio de la vida de la población constituye una obligación estatal permanente que deriva del derecho fundamental de las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida", señaló el lunes un comunicado de la Defensoría del Pueblo (ombdusman) sobre el caso Doe Run.
Una carta enviada por la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, a la que tuvo acceso IPS, exhorta al gobierno a adoptar medidas efectivas que garanticen la calidad del ambiente de La Oroya, situada en la central región de Junín, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar y en los tramos orientales de la cordillera de los Andes.
La misiva obedece a que el 3 de abril el ministro del Ambiente, Antonio Brack, confirmó que se dará hasta tres meses más de plazo a Doe Run para cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) al que se comprometió en 1997, cuando obtuvo la concesión del complejo metalúrgico de La Oroya.
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Unos 35.000 habitantes soportan las emanaciones de dióxido de azufre, plomo y cadmio de las chimeneas de Doe Run.
En 2006, el no gubernamental Instituto Blacksmith, con sede en Nueva York, incluyó a La Oroya en una lista de los 10 sitios más contaminados del mundo.
Brack hizo el anuncio luego de que el gobierno informara que un grupo de empresas avalarían operaciones de crédito para financiar con 175 millones de dólares a Doe Run, que paralizó su actividad por problemas económicos. Según las autoridades, un cierre de la fundición llevaría al despido de 3.500 trabajadores y tendría un impacto "sistémico" que afectaría a las empresas mineras del centro del país.
La compañía, que tiene su casa matriz en Estados Unidos, debía llegar a octubre de este año con el cumplimiento de sus compromisos ambientales, pero Brack argumentó que "hasta que se concrete todo el sistema de financiamiento (a favor de la empresa) habrá unos meses donde no se opere y el PAMA tendrá que correrse un poco".
En los próximos días, el gobierno emitirá un decreto sobre la ampliación del plazo del plan ambiental, a pesar de que una medida similar que había autorizado la primera postergación, señalaba que cualquier flexibilización posterior sería inaplicable.
Para los especialistas, estas medidas transgreden las leyes.
"Cualquier decisión debe tomar con prioridad la salud de la población. Además, las normas y los instrumentos ambientales no deben resolver los problemas puntuales de una entidad, sino que deben establecer disposiciones de aplicación general para resolver las necesidades de la población", dijo a IPS el funcionario adjunto de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra.
El gubernamental Consejo Nacional del Ambiente determinó en 1997 que la fundición era la fuente de 99,7 por ciento de las emisiones tóxicas de esa zona del país.
Según los resultados de las mediciones realizadas en 2009 en diferentes estaciones de monitoreo, este año tampoco se respetaría en La Oroya el límite anual de calidad ambiental, establecido en la legislación peruana, de 0,5 microgramos de plomo por metro cúbico de aire.
Aunque sólo en la tercera semana de marzo la situación de Doe Run apareció en los medios de comunicación, la crisis de la compañía estalló el 24 de febrero, cuando las entidades financieras BNP Paribas, Banco de Crédito del Perú y Standard Bank le cortaron un crédito "revolvente" de 75 millones de dólares, congelando gran parte de sus operaciones.
¿Cómo es posible que tras varios años de elevados precios internacionales de los metales, Doe Run tuviera que enfrentar una situación crítica? Al parecer, la empresa tenía un frágil sistema de pagos y cobros.
Doe Run operaba con una línea de crédito revolvente —que permite al cliente disponer de una misma suma fija apenas paga lo adeudado— con el que compraba concentrados de zinc, cobre y plomo a las diferentes empresas mineras del centro del país, a las que luego vendía el material procesado en la fundición.
Pese a los precios altos de los minerales, Doe Run no acumuló un gran capital por la actividad metalúrgica, debido a que tenía una deuda de cerca de 140 millones de dólares con su casa matriz, Renco Group, es decir con su acaudalado propietario, Ira Rennert.
Sin embargo, entre 2005 y 2008, Doe Run tuvo utilidades netas de 400 millones de dólares, señaló a IPS el economista José de Echave, de la organización no gubernamental CooperAcción.
"Esta es una buena oportunidad para hacer un análisis exhaustivo de la situación financiera de Doe Run y sus operaciones en Perú. Hay que revisar en detalle el contrato que firmó con el Estado", agregó De Echave.
Cuando el Estado privatizó la fundición de La Oroya en 1997, no creó un marco adecuado de regulación.
"Además, debe revisarse si se ha estado ejecutando la carta fianza y el fideicomiso que se acordó con el Estado como protección para el cumplimiento del PAMA, en caso de que la empresa tuviera algún problema financiero", advirtió a IPS José Luis Capella, de la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
El gobierno no ha dado una respuesta clara sobre esto y, al parecer, ha pretendido subsanar el error al considerar en el reciente arreglo financiero que Renco Group capitalice el total de sus acreencias con la empresa y otorgue el íntegro de su nuevo capital, de casi 300 millones de dólares, como garantía al Estado para el cumplimiento del PAMA.
El "salvataje" supone que las empresas mineras otorguen a Doe Run Perú 175 millones de dólares en dos tramos: 75 millones en garantías para una línea de crédito revolvente y los otros 100 millones en concentrados de mineral.
"El problema es que no han publicado los acuerdos, porque han firmado una cláusula de confidencialidad. Y lo que debe haber es transparencia, porque cuando ya está en juego la salud pública, el tema deja de ser un asunto privado", señaló a IPS la ex viceministra de Minas, María Chappuis.
Capella insistió en que "ninguna crisis financiera de la empresa debe hacer olvidar que los pobladores de La Oroya están primero".
En mayo de 2006, el Tribunal Constitucional exhortó a todas las autoridades concernidas y a Doe Run a adoptar acciones urgentes para proteger a la gente de La Oroya.
En 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar a favor de 65 moradores de La Oroya, afectados por la contaminación ambiental.
Estudios de la universidad estadounidense de Missouri- Saint Louis, realizados en 2005, revelaron que la mayoría de los niños menores de seis años de edad analizados tenían, en promedio, más de 40 microgramos de plomo por decilitro de sangre (mcg/dl), cuatro veces más de los 10 mcg/dl que establece como límite máximo la Organización Mundial de la Salud.
"Queremos que la empresa sea honesta con nosotros y el Estado", manifestó a IPS la presidenta del Movimiento por la Salud de La Oroya, Rosa Amaro.
