La organización israelí de derechos humanos Yesh Din acusó judicialmente al ejército y a varias empresas nacionales, por la extracción ilegal en canteras palestinas de material usado en la construcción, entre otras cosas, de asentamientos judíos en Cisjordania.
Las compañías mineras involucradas operan bajo la jurisdicción de las Fuerzas de Defensa de Israel (fuerzas armadas) y de la administración civil de los territorios ocupados, que emite los permisos de extracción.
En su demanda, Yesh Din acusa a todos ellos de "práctica ilegal de una brutal explotación económica de territorio conquistado, para satisfacer las necesidades económicas exclusivas de la potencia ocupante, que viola flagrante y directamente principios básicos del derecho internacional".
"Israel transfiere recursos naturales desde Cisjordania en su beneficio, y eso está absolutamente prohibido no sólo por el derechos internacional sino también por fallos anteriores de la Corte Suprema de Justicia", dijo Michael Sfard, abogado de Yesh Din.
"Se trata de transferencias ilegales de tierra en el más literal de los sentidos", agregó.
El artículo 55 de las Regulaciones de La Haya, que rigen desde 1907 la "guerra terrestre", sólo le permite a la potencia ocupante administrar edificios públicos, bienes inmuebles, bosques y haciendas agrícolas en el territorio que ocupa.
Las Regulaciones de La Haya figuran, junto con las Convenciones de Ginebra, entre las primeras leyes internacionales sobre la guerra y el derecho humanitario, que protege a la población civil en situaciones de conflicto.
Luego se aprobaron diversas normas internacionales según las cuales la potencia ocupante debe pagar un canon en caso de beneficiarse económicamente de sus operaciones en territorio ocupado, así como un porcentaje del lucro que obtenga.
"Las ganancias de las canteras deberían retornar a la economía palestina, y las que deberían beneficiarse son las empresas palestinas, no las israelíes. Eso no sucede", dijo a IPS Jamil Mtoor, vicepresidente de la gubernamental Autoridad Ambiental Palestina en Ramalah.
"La remoción de rocas, arena y grava por parte de Israel en las canteras cisjordanas impacta negativamente" en el ambiente local, agregó.
"Las canteras dañan el equilibrio ecológico y la biodiversidad de la flora y la fauna del área. También dañan a las tierras agrícolas, pues toma mucho tiempo rehabilitar los predios donde se practican las extracciones para que se pueda volver a cultivar en ellos", sostuvo Mtoor.
"Los niveles de contaminación asociados con las canteras afectan adversamente la salud de los palestinos, con un aumento de la incidencia de asma en las cercanías de la explotación, particularmente entre los niños", aseguró el funcionario.
Las leyes israelíes son estrictas con los niveles de ruido y emisión de polvo de las canteras en su territorio. Por eso operar en Cisjordania es atractivo para las empresas de Israel, pues la Autoridad Nacional Palestina (ANP) no tiene la capacidad necesaria para hacer cumplir las leyes ambientales.
Israel asegura que la ocupación de la Cisjordania palestina se debe a razones de seguridad. Pero la comunidad internacional considera que permite la continua expropiación de recursos palestinos como tierra, agua y material de construcción, en principio para ampliar los asentamientos judíos existentes y construir otros nuevos.
Gran parte de los asentamientos se construyen con piedra extraída de Cisjordania. Pero el grueso de ese material se usa en territorio israelí.
Israel tiene poca arena, grava y roca adecuada para la construcción. El propio gobierno pronosticó el año pasado una escasez severa de estos materiales para el próximo decenio. Además, las empresas constructoras suelen robar con camiones arena del desierto del Néguev en medio de la noche.
Las diez canteras de Cisjordania mencionadas en la demanda de Yesh Din suministran a Israel 12 millones de toneladas de los 44 millones de su demanda anual de material para la construcción. Tres cuartas partes de lo extraído en Cisjordania se dirige a Israel.
Yesh Din afirma que el gobierno israelí prevé continuar aprovechándose de estas extracciones por al menos tres decenios más.
"Los israelíes roban nuestros recursos naturales, y eso contradice los Acuerdos de Oslo" entre el estado judío y la Organización para la Liberación de Palestina, dijo a IPS Raed Abed Rabbo, del Instituto Jerusalén de Investigaciones Aplicadas (ARIJ).
Esta organización se alió con Yesh Din en la lucha contra la explotación de las canteras.
"Esto debe conocerse. El daño de estas actividades aún no se ha evaluado y estudiado exhaustivamente, y no hay suficiente conocimiento del asunto en los niveles gubernamentales", sostuvo Rabbo.
