La renovación del compromiso con la reforma migratoria del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, adelantó en el meridional estado de Arizona el debate al respecto, cuyo inicio en el Congreso legislativo está previsto para fines de este año.
Este mes se desarrollarán en todo el país numerosas protestas callejeras para presionar a los legisladores en esa dirección.
Como primera muestra, miles de personas inundaron el domingo las calles de la ciudad de Phoenix, la más poblada del estado, en una de varias marchas de protesta programadas para que Obama acelere su prometida reforma legal.
"Queremos que el presidente nos ayude. Él es nuestra única esperanza para que salgamos de entre las sombras", dijo Josefina Moreno, trabajadora indocumentada de 52 años de edad que vive en este país hace 16.
Inmigrantes como Moreno, que marchaba junto a su nieta, temen ser deportados por la policía local y, en consecuencia, separados de sus familias.
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Por Arizona ingresan la mitad de todos los inmigrantes irregulares que llegan a Estados Unidos, y también la mitad de las drogas traficadas ilegalmente a este país.
El Departamento de Justicia (fiscalía general) investiga desde Washington acusaciones contra la policía del condado de Maricopa —donde se encuentra Phoenix, que también es la capital del estado—, por perseguir sobre bases raciales a la comunidad de origen latinoamericano.
"Hubo mucho sentimiento antiinmigrante aquí en Arizona. Que la gente se haya manifestado públicamente por los cambios demuestra claramente su compromiso y su coraje", dijo Arturo Rodríguez, presidente de la Unión de Campesinos, el sindicato que organizó las protestas en todo el país.
En las próximas semanas se realizarán manifestaciones en Texas, California y Nueva York, con la misma plataforma que la realizada en Arizona.
Los defensores de la reforma consideran que la salida de los inmigrantes de las sombras en las que hoy están sumidos a la plena luz del día aliviará los abusos contra los trabajadores, además de que servirá para aumentar los salarios.
Todas las organizaciones que respaldan esta plataforma promueven la legalización de la residencia de los alrededor de 12 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos.
Quienes se oponen atribuyen a la inmigración ilegal un gasto excesivo de fondos públicos, elevar el costo de los servicios de salud y aumentar el desempleo en la fuerza de trabajo nativa.
"No nos detendremos hasta que haya una reforma migratoria", dijo Rodríguez.
La lucha que se avecina podría ser prolongada. Algunos observadores consideran que el debate se verá dominado por la crisis económica mundial y la preocupación por el posible cruce de la frontera de la violenta guerra entre narcotraficantes y fuerzas de seguridad en México.
"No creo que el Congreso la apruebe este año. No estamos preparados", dijo a IPS Jon Kyl, representante de Arizona en el Senado nacional que en 2997 patrocinó sin éxito una ley sobre migración que alentaba la legalización de la residencia de trabajadores indocumentados.
"Aquellos que votaron en contra de la ley aquella vez tendrán un buen argumento: que no hemos hecho todo lo que podíamos para asegurar la frontera", agregó.
Kyl, junto con otro senador procedente de Arizona, el ex candidato presidencial John McCain, y con Joe Lieberman, presidente del Comité de Seguridad Interna del Senado, participaron en un panel especial público el lunes en Phoenix para tratar la criminalidad en la frontera.
Phoenix es considerada la segunda capital mundial del secuestro después de México, lo cual alimenta el temor de que los delincuentes se infiltren desde la frontera sur a todo el territorio estadounidense.
El año pasado, la policía de la ciudad investigó 368 secuestros, la mayoría vinculados con actividades de traficantes de drogas y de personas.
Pero gran parte de las víctimas fueron inmigrantes indocumentados, sin que se vieran afectados los residentes con familias afincadas de larga data, según las fuerzas de seguridad.
El jefe de la policía de Phoenix, Jack Harris, calculó que en la ciudad hay más de 100 guaridas donde son confinados los inmigrantes, mientras los traficantes amenazan con matarlos si sus familiares no pagan un rescate.
"Debemos encontrar una manera de que esta gente se vuelva legal. Es una de las medidas más importantes que puede tomar el Congreso", dijo Harris.
Pero no hay unanimidad en Arizona al respecto.
"Es hora de que el gobierno federal se dé cuenta de la enorme carga fiscal que los estados fronterizos soportan al combatir la inmigración ilegal", dijo ante el comité el gobernador de Arizona, Jan Brewer, del opositor Partido Republicano
Brewer cree que la solución es afianzar la seguridad en la frontera mediante la incorporación de 250 miembros más a la Guardia Nacional. El gobierno de Obama considera tomar esa medida en toda la frontera sur, dijo la secretaria (ministra) de Seguridad Interna, Janet Napolitano, en una visita a Nogales, Arizona, la semana pasada.
Los defensores de la reforma migratoria confían en que Obama revise medidas de su antecesor, George W. Busn (2001-2009), como las redadas en sitios de trabajo y la autorización a las policías locales para aplicar las leyes en la materia.
Los problemas migratorios no estuvieron en el centro de la agenda de la reciente visita de Obama a su par mexicano, Felipe Calderón. La violencia en la frontera ocupó ese lugar.
"La seguridad fronteriza solo trajo inseguridad fronteriza", dijo la abogada Isabel García, directora de la red de organizaciones humanitarias especializadas en migración Derechos Humanos.
El aumento de la vigilancia en la frontera en los años 90 convirtió Arizona en el embudo del tráfico de drogas y de seres humanos, según García. Además, agregó, esa política llevó a cientos de inmigrantes a zonas áridas del desierto de Sonora, lo que tuvo un gran costo en vidas.
La clave para la pronta aprobación de una reforma migratoria será la presión de los votantes de origen latinoamericano, sostuvo el ex senador Alfredo Gutiérrez, director de La Frontera Times, sitio web especializado en cuestiones migratorias.
"No se puede despertar las expectativas de la gente para después ignorarla", advirtió Gutiérrez.
