Tras la primera audiencia pública por el caso del asesinato de tres mujeres en la mexicana Ciudad Juárez, las madres de las víctimas se mostraron esperanzadas de obtener un fallo condenatorio contra ese país en este emblemático juicio que sigue la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Tengo fe y confianza en los jueces de esta Corte. Tengo fe de que vamos a obtener justicia", dijo a IPS en Santiago de Chile Benita Monárrez, progenitora de una de las jóvenes mexicanas asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua y lindante con la localidad estadounidense de El Paso. Los crímenes aún siguen impunes.
La audiencia pública en la que participó Monárrez se realizó el martes y este miércoles en la capital de Chile, país elegido por la Corte con sede en San José de Costa Rica para llevar a cabo su XXXIX Periodo Extraordinario de Sesiones.
En octubre de 2001, ocho mujeres aparecieron muertas con signos de tortura, violación y mutilación en un descampado conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, siendo identificadas sólo tres de ellas: Claudia Ivette González, de 20 años, Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17 años, y Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años.
Luego de denunciar diversas irregularidades en el proceso de investigación de los casos, las madres de estas tres jóvenes presentaron en 2002 una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington y que al igual que la Corte forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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El 4 de noviembre de 2007 este organismo elevó el caso a la Corte, que en la actualidad es presidida por la jurista chilena Cecilia Medina. Este tribunal es un órgano autónomo de la OEA.
En los dos días de alegatos en Santiago intervinieron los familiares de las víctimas y sus representantes, así como delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Estado de México, entre otros peritos y testigos.
Los representantes de la Comisión solicitaron a los siete jueces de la Corte declarar al Estado de México responsable de violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana, en la Convención de los Derechos del Niño y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará.
Entre ellos figuran los derechos a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Además de reclamar verdad, justicia y reparación para los tres casos, los demandantes acusan al Estado mexicano de falta de prevención, considerando que desde 1993 las mujeres de Ciudad Juárez son víctimas de feminicidios o femicidios, como se les llama al asesinato por causa de género.
En la demanda también se alega presunta falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de las víctimas y presunta falta de diligencia en la investigación, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Los familiares de las víctimas y sus representantes también reclaman sanciones para los funcionarios responsables de las irregularidades, que según el Estado mexicano ya fueron cursadas.
En este sentido, los representantes de la Comisión Interamericana señalaron que las negligencias y omisiones detectadas en la investigación obedecen a actitudes discriminatorias contra las mujeres.
"Tenemos la esperanza de ganar y que se haga justicia con nuestras hijas", dijo a periodistas Josefina González, madre de Claudia, quien acusó a los representantes del Estado mexicano de mentir en la audiencia sobre diversos puntos.
"Yo y las otras mamás siempre hemos dicho que (detrás de los asesinatos de las tres jóvenes) hay un poderoso que no quieren investigar o son los policías (los autores), porque no han encontrado a los verdaderos culpables", indicó la mujer.
En la audiencia, los familiares de las víctimas dijeron sentir temor a represalias por sus declaraciones. Benita Monárrez está asilada en Estados Unidos desde 2006 producto de los hostigamientos, según explicó.
Los representantes del Estado mexicano, entre ellos la procuradora general de Justicia del Estado de Chihuahua, Patricia González, reconocieron la existencia de irregularidades en la primera fase de la investigación, entre 2001 y 2004, hasta que asumió la actual administración.
Desde ese momento, aseguró, se ha llevado a cabo una investigación "seria y objetiva", descartando las denuncias de falta de apoyo hechas por los familiares de las víctimas.
La procuradora González enumeró una serie de avances institucionales, legislativos y judiciales registrados tanto en Chihuahua como en el resto del país en los últimos años y aseguró que el caso del "Campo Algodonero" se resolverá pronto.
Ya se identificó "al probable responsable de dos de los casos (de Esmeralda y Laura) y tenemos confianza que en el caso de Claudia Ivette, con esa línea de investigación, también tendrá resultados muy positivos", dijo la procuradora a periodistas. "Los próximos meses tendremos resultados. Lo único que nos falta es que nos brinden las órdenes de aprehensión para ir a detenerlos", apuntó.
Pero los familiares de las jóvenes asesinadas dudan del accionar de la justicia mexicana porque aseguraron que ésta "ha inventado" numerosos falsos culpables en estos ocho años.
Los representantes de la Comisión complementaron que la Corte no puede fallar sobre lo que sucederá en "el futuro" sino sobre los problemas cometidos en el pasado. Más aún cuando los feminicidios siguen ocurriendo.
Para la madre de Claudia, la situación en Ciudad Juárez no ha cambiado nada desde 2001 "porque hay más muchachitas desaparecidas y muchas mamás no han encontrado a sus hijas".
A juicio de los abogados de derechos humanos, el fallo de la Corte puede ser histórico no sólo para las familias de las víctimas, sino para toda la región porque establecería jurisprudencia en casos de violencia contra las mujeres.
En su resolución, la Corte deberá pronunciarse sobre la solicitud de "excepción preliminar" presentada por el Estado mexicano para ésta se declare incompetente para conocer sobre eventuales violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención de Belem do Pará.
Las partes del caso tienen plazo hasta el 1 de junio para hacer llegar por escrito a la Corte los alegatos finales del caso. Por ello se espera que el fallo se conozca en el segundo semestre de este año.
Según la procuradora de Chihuahua, de un total de 447 casos de feminicidios registrados entre 1993 hasta 2008 en Ciudad Juárez, 201 cuentan con sentencia definitiva, mientras que en otros 51 casos hay personas detenidas sujetas a proceso.
