Organizaciones de derechos humanos y de defensa de la libertad de prensa critican el origen político del juicio celebrado en Irán contra la periodista iraní-estadounidense Roxana Saberi, que terminó en una condena a ocho años de prisión por el delito de espionaje.
Saberi fue detenida en enero acusada de intentar comprar alcohol, prohibido en la República Islámica de Irán, luego de no tener en regla su acreditación de periodista y, por último, fue condenada la semana pasada por espionaje.
"Cuando escuchó la sentencia, la consideró inaceptable. Quedó sorprendida y consternada. Para mí también fue totalmente inesperado", relató a IPS su abogado Abdolsamad Khorramshahi, desde Teherán.
"Argumenté contra los cargos al tribunal y sigo sosteniendo lo mismo. En 20 días presentaré la apelación", apuntó.
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Por su parte, Robert Baer, columnista de inteligencia de TIME.com dijo a IPS que, lamentablemente, Saberi quedó atrapada en la puja electoral iraní, en la que partidarios de línea dura tratan de probar que son más fuertes que sus rivales en materia de seguridad nacional.
"Fue una desgracia que se le venciera la acreditación porque se volvió un blanco fácil", apuntó Baer, también autor de "The Devil We Know: Dealing with the New Iranian Superpower" ("El diablo que conocemos: lidiando con la nueva superpotencia iraní").
"Cuando estuve en Irán, sólo hacía lo que Isrhad (el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica que supervisa a los periodistas extranjeros) me permitía, incluso evité reunirme con un funcionario de la embajada británica y participar en fiestas privadas", relató.
El analista y profesor de ciencias políticas de la Universidad de Teherán, Sadegh Zibakalam, dijo a IPS en entrevista telefónica que Saberi sólo es culpable de preocuparse mucho por Irán y su pueblo.
Saberi entrevistó a Zibakalam varias veces en los últimos tres años. Además tradujo artículos suyos al inglés para que pudieran ser publicados en distintos periódicos y agencias de noticias.
"Ella me había comentado su preocupación por el vencimiento de su acreditación, lo que la obligaría a regresar a Estados Unidos. Estaba muy molesta. Yo le dije que la iba ayudar a renovar su carné", relató.
El profesor iraní escribió una columna denunciando la situación de Saberi para un periódico reformista, que a último minuto se retractó y prefirió no publicarla. Eso revela el gran miedo a que el gobierno clausure el medio por difundir el caso, sostuvo.
Zibakalam escribió una carta abierta al presidente del Poder Judicial, ayatolá Mahmoud Shahrudi, que tampoco quisieron publicar los medios de prensa iraníes.
"Le pregunté al ayatolá Shahroudi cómo una periodista que ni siquiera puede renovar su carné de prensa puede acceder a documentos de Estado clasificados y enviárselos a enemigos de Irán como los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. ¿Cómo es posible?", indicó.
El presidente iraní Mahmoud Ahmadineyad pidió al fiscal de Teherán que asegure el derecho a apelación de Saberi, en una misiva enviada el sábado, al otro día de emitirse el fallo.
"La carta de Ahmadineyad y el pedido del presidente del Poder Judicial de reinvestigar el caso parecen indicar que ninguno de los dos conocía el veredicto", dijo a IPS Hadi Ghaemi, portavoz de la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, con sede en Nueva York.
"Si los jueces y fiscales actuaron sin el consentimiento de las autoridades quiere decir que están fuera de control. Pero también existe la posibilidad de que sí estuvieran al tanto y, ahora, al defender a Saberi, parecen preocupados por los derechos humanos y la justicia, un recurso artero", remarcó.
"La acusación no es creíble. Si el caso no se resuelve pronto es una mala señal del control que ejercen las fuerzas de seguridad y de inteligencia sobre las autoridades iraníes", añadió Ghaemi.
Ahmadineyad también mencionó en su carta al blogger canadiense-iraní Hussein Derakhshan, que está preso desde noviembre de 2008 por insultar a líderes religiosos. El presidente iraní solicitó al fiscal Saeed Mortazavi que se asegurara al detenido el derecho a la defensa, según la agencia estatal de noticias IRNA.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó el domingo su profunda preocupación por la condena de Saberi y negó que estuviera involucrada en asuntos de espionaje.
"Es una ciudadana estadounidense-iraní interesada por los asuntos del país de origen de su familia. Debe ser tratada como tal y ser liberada", declaró Obama.
Por su parte, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, también denunció la situación.
"La periodista estadounidense-iraní Roxana Saberi es rehén de las relaciones políticas entre Irán y Estados Unidos y debe ser considerada como presa de conciencia", reza el comunicado.
"Las acusaciones cambiantes desde que fue detenida hasta el día del juicio muestran que las autoridades iraníes buscaban cualquier excusa para apresarla", señaló Hassiba Hadj Sahraui, directora adjunta del programa para Medio Oriente y norte de África de Amnistía.
"No hay ningún motivo para que Saberi permanezca detenida a menos que las autoridades iraníes puedan demostrar que cometió un delito reconocible", añadió.
El subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch, Joe Stork, señaló que las "11 semanas de detención de Saberi y el juicio de un día de duración revelan la falta de transparencia" del proceso. "Es una farsa aun para los parámetros poco exigentes de Irán".
La república islámica tiene antecedentes de acusar a personas con doble nacionalidad, como Haleh Esfandiari, especialista en Medio Oriente estadounidense-iraní, y Ramin Jahanbeglu, intelectual canadiense-iraní acusado de promover una "revolución de terciopelo" en ese país.
Ambos académicos fueron liberados tras pocos meses de reclusión y se fueron de Irán.
Pero es la primera vez que las autoridades iraníes condenan a una ciudadana estadounidense de origen iraní por espionaje.
Fuentes cercanas al caso temen que las autoridades iraníes obliguen a Saberi a confesar su delito ante cámaras y lo difundan en la televisión nacional, una táctica que suelen emplear los servicios de inteligencia como parte de un acuerdo que incluye la pronta liberación del detenido.
