Las nuevas medidas de seguridad dispuestas por el gobierno del partido derechista Nueva Democracia de Grecia socavan los derechos sociales y políticos de la población, según varios especialistas.
La violencia social instalada desde los disturbios de diciembre, tras la muerte de un adolescente a manos de la policía, y el aumento de delitos causados por el deterioro social revelan el cambio de temperamento de la sociedad griega.
Al mismo tiempo, ante las denuncias en los medios de comunicación del aumento de actos violentos y de la inseguridad, los políticos parecen incapaces de mantener un sistema de control social estable, eficiente y liberal, afirman voces críticas.
El viceministro del Interior, Christos Markoyiannakis, creó el mes pasado una unidad especial de la policía para coordinar acciones contra la delincuencia.
La cartera invitó a especialistas de Scotland Yard, la policía de investigación británica, para asesorar a los oficiales sobre cómo combatir la violencia callejera y contener a los grupos radicales de izquierda.
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A principios de este mes, el ministro de Justicia, Nikos Dendias, anunció medidas adicionales, entre ellas penas por insultar a agentes en funciones, a raíz de los insultos de que han sido objeto durante los disturbios.
Además, llevar una capucha cuando se comete un delito también aumenta el castigo. Las fuerzas del orden también podrán recurrir a más equipos de vigilancia.
Pero algunas de esas iniciativas son consideradas ilegales por especialistas.
"Garantizar la reputación de las autoridades a expensas de la libertad de expresión viola de forma flagrante el artículo 14 de la Constitución", alegó el abogado Theodoris Simeonidis. "Además es un asunto problemático, tanto desde el punto de vista simbólico como histórico, porque ese mismo tipo de acciones fueron moneda corriente durante la dictadura militar" de Grecia (1967-1974).
Simeonidis considera que las nuevas medidas de seguridad pueden impregnar a los movimientos sociales enfrentados al gobierno de otras cuestiones de tipo político.
El gobierno no pudo impulsar un programa que incluyera medidas sociales y financieras impopulares. A cambio, se propone reprimir las reacciones de protesta, según sus críticos.
Por su parte, el profesor de política social y de antropología de la Universidad Panteion de Atenas, Makis Makris, señaló que las medidas de seguridad no hacen más que agravar un contexto ya represivo.
"Si aceptas que por política se entiende, además de los líderes, una actitud hacia la vida que, en determinadas condiciones, pueden llevarte a tomar ciertas posturas, entonces esas disposiciones deben entenderse como un intento de criminalizar, en la medida de sus posibilidades, actitudes políticas que obviamente cuestionan al gobierno y los límites de la legalidad", dijo Makris a IPS.
"No temo que nos convirtamos en un Estado policial", apuntó, "pero esa represión se volverá en contra de ciertos sectores específicos de la población y de minorías que suelen ser ignorados por la sociedad en general".
Puede que estemos en los albores de una nueva "cultura de control", sostuvo Vasilis Karidis, profesor de criminología de la Universidad de Peloponnesus en Patra, 215 kilómetros al suroeste de Atenas.
"La incapacidad del sistema para contener las tensiones y un amplio sentimiento de inseguridad entre los ciudadanos dan la impresión de que todo y todos estamos en peligro", explicó Karidis.
"En ese contexto, no estamos lejos de crear una 'cultura de control' en la cual ciudadanos atemorizados cedan de buen grado sus derechos políticos y sociales", concluyó.
