Es muy difícil que la Corte Suprema de Justicia de Perú anule o rebaje la sentencia a 25 años de prisión que recibió el ex presidente Alberto Fujimori, porque el dictamen está suficiente y vigorosamente sustentado, dijo el fiscal supremo titular José Antonio Peláez.
Entrevistado por IPS, el fiscal también precisó que Fujimori ha sido sancionado por homicidio calificado, un delito que no es pasible de indulto. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia le impuso el 7 de este mes una condena de prisión que, debido a que se le computa la prisión preventiva, vencerá el 10 de febrero de 2032, cuando tendría casi 95 años de edad.
Por eso la hija del ex mandatario, Keiko Fujimori, que promete concederle dicha gracia en caso de llegar al gobierno en las elecciones de 2011, lo más que podría hacer si lo logra es otorgarle los beneficios penitenciarios existentes, que es la libertad anticipada cuando cumpla 18 años de cárcel, indicó Peláez, quien actuó en este juicio junto a su adjunto, Avelino Guillén.
A Fujimori, quien gobernó Perú de 1990 a 2000, se le imputó "autorizar, dirigir y controlar" el escuadrón de la muerte del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), llamado grupo Colina, que asesinó a 15 habitantes de la zona limeña de Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991, y a nueve estudiantes y un profesor de la capitalina Universidad de La Cantuta el 18 de julio de 1992.
También fue condenado por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, quienes fueron detenidos por militares el 5 de abril de 1992, el día que Fujimori disolvió el parlamento, suspendió la vigencia de la Constitución e intervino el Poder Judicial.
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IPS: Fujimori apeló la sentencia, ¿qué posibilidades hay de que se le reduzca o revoque la pena?
JOSÉ ANTONIO PELÁEZ: La última instancia de la Corte Suprema de Justicia tiene tres alternativas: confirmar la sentencia, disminuir la pena o declararla nula y ordenar que se lleve a cabo un nuevo juicio oral basándose en presuntas irregularidades en el proceso o violaciones de derechos constitucionales.
Esas son las posibilidades que tiene la Sala. Pero, dada la contundencia y la calidad de la sentencia, así como el formidable conjunto de evidencias e indicios probatorios, no creo que sea modificada y mucho menos disminuida la pena porque tendría que haber atenuantes y realmente no existe ninguno.
IPS: ¿Podría conseguir la reducción de la pena si admite los crímenes que se le imputan?
JAP: Es factible, pero sería algo inédito, inusitado, porque en ningún momento ha aceptado cargo alguno.
IPS: ¿No expresó nunca arrepentimiento o reconoció errores?
JAP: Jamás. Por el contrario, ha quedado acreditado que cuando la prensa reveló los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori utilizó el aparato de poder clandestino para encubrir a los responsables, premiarlos con dinero para que no hablasen y por si fuera poco los amnistió.
IPS: Si la Corte ratifica la condena a 25 años de cárcel, ¿a qué beneficios podría acceder Fujimori y cuándo saldría en libertad?
JAP: En torno a este tema hay discusión sobre (el contenido de) las leyes que estaban vigente cuando se cometieron los hechos, en 1991 y 1992. La norma decía que en los casos de secuestro el imputado podrá acceder a un día de redención por cada siete días de prisión. Pero, esto va a ser materia de arduo debate.
IPS: En caso de aplicarse dicha ley, ¿dentro de cuántos años saldría de la prisión el ex jefe de Estado, más o menos?
JAP: En unos 18 años.
IPS: La hija mayor del ex presidente y actual líder de la bancada de su partido, Keiko Fujimori, ha dicho que si llega a la presidencia de Perú indultará a su padre. ¿Ese beneficio es aplicable en este caso?
JAP: Hay una ley que prohíbe indultar a acusados por determinados delitos, entre los que se encuentra el delito de homicidio calificado. (Por lo tanto) en este momento no podría darse ningún tipo de indulto porque está prohibido por ley.
IPS: La defensa insiste en que no hay pruebas que acrediten que Fujimori ordenó las ejecuciones de Barrios Altos y La Cantuta, pero en el juicio testimoniaron ex agentes del SIE que dijeron haber participado en las masacres convencidos del respaldo del mandatario.
JAP: Sí, fueron siete ex miembros del destacamento Colina que participaron en los crímenes los que señalaron eso. Testificaron en las audiencias que intervinieron con la convicción de que estaban cumpliendo órdenes superiores, porque no se trataba de una banda de delincuentes comunes ni de sicarios a sueldo sino de agentes de inteligencia del ejército.
Dijeron que actuaban con una amplia libertad y que recibían todas las facilidades para el cumplimiento de su misión, que no dudaban de que el jefe de Estado estaba enterado.
Más aun si el intermediario entre el grupo de agentes y Fujimori era su asesor Vladimiro Montesinos, quien había recibido las atribuciones de éste para que en su nombre actuara ante los servicios de inteligencia.
Además, los testigos han señalado que Montesinos se reunía con el jefe de los agentes, el mayor Santiago Martin Rivas.
IPS: ¿Montesinos no pudo haber actuado sin que lo supiera Fujimori?
JAP: Imposible. Se reunían hasta altas horas de la noche para compartir sus secretos. Es por eso que Fujimori en ningún momento acusa de nada a Montesinos.
IPS: ¿Es un pacto de silencio?
JAP: Así es. Fujimori no emitió ni una sola palabra de condena para su ex asesor. No lo cuestionó porque este era el hombre a quien encargó que manejara directamente el aparato de inteligencia. Y no lo incriminó para de este modo ocultar que actuó con su consentimiento.
IPS: ¿No hubo ni una sola palabra de condena?
JAP: Ninguna. El calificativo más duro que dirigió a Montesinos fue: "me ha defraudado". Y nada más.
IPS: Tampoco tuvo palabras condenatorias para el general retirado Nicolás Hermoza, el jefe del ejército durante siete de los 10 años de gobierno de Fujimori, a quien se le encontraron cuentas millonarias en Suiza.
JAP: En efecto. El hecho de que tanto Fujimori como los hombres que conforman la cadena de mando, Montesinos y Hermoza, no hayan manifestado arrepentimiento o admisión de error o culpa es precisamente porque formaron parte de un aparato de poder en cuya cabeza estaba el ex presidente. Entre ellos se protegen. En cambio, los ejecutores, los agentes del Destacamento Colina, aceptaron haber cometido los asesinatos.
IPS: Al leer la sentencia, el tribunal declaró que las 25 víctimas de Barrios Altos y La Cantuta no eran terroristas, como pretendían justificar los asesinos. ¿Por qué era necesaria la aclaración?
JAP: Porque era necesario reivindicar a personas a las que nunca se les ofreció el derecho a defenderse de una presunción. Nunca fueron sometidas a interrogatorio, nunca fueron investigadas, nunca fueron procesadas y mucho menos condenadas.
El tribunal supremo hizo el deslinde porque quienes respaldan a Fujimori sostienen falsamente que eran terroristas y no es verdad. Jamás se demostró.
IPS: ¿Fujimori ha sido condenado por omisión o por comisión?
JAP: Por comisión, por haber actuado como autor mediato, con conocimiento del dominio del hecho y por dominio de la organización.