La revelación de una conversación telefónica entre un dirigente de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de El Salvador y un ex diputado prófugo de la justicia de este país y preso en Estados Unidos parece indicar un cambio en el viento que soplaba a favor de la corrupción.
La conversación se mantuvo el 20 de marzo de 2008 entre el director de la derechista Arena en el departamento de San Salvador, Adolfo Tórrez, y el ex diputado Roberto Silva, del también derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN), detenido en Estados Unidos en 2007 por ingresar de forma irregular a ese país.
La llamada se efectuó desde un despacho jurídico en la occidental ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, conectando a Silva, alojado en el centro de detención federal de Pinal County, Arizona, sudoeste de ese país, con Tórrez, que se encontraba en El Salvador.
Pero Tórrez ignoraba que la conversación era escuchada y grabada por el abogado de Silva, Joseph Sandoval. Esta semana fue publicada por el periódico electrónico salvadoreño El Faro.
En la charla, Tórrez solicita a Silva 500.000 dólares para gestionar con "jueces y magistrados" la extinción de los cargos que penden sobre él, de soborno y lavado de dinero del narcotráfico, y "sacar" a su esposa, Nora Parada, de la cárcel donde está cumpliendo una condena por varios delitos.
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"Adolfo, ¿con cuánto arreglamos todo el problema?", pregunta Silva. "Te voy a explicar. No te puedo dar los nombres de las personas que van a intervenir, porque no es conveniente (…) Son de primera categoría y amigos míos. Inclusive, mara (gente) bien cercana a los meros meros (personas con poder). Ellos creen que con medio millón. La primera garantía es sacar a tu esposa", responde Tórrez.
"¿Y mi problema me lo solucionan?", insiste el ex diputado. "Al tuyo le vamos a meter de uno solo, nosotros calculamos que con medio millón se van los dos, brother (hermano)", replica el dirigente de la Arena.
"Vamos a hacer el estudio por dónde vamos a entrar ( ) por el juez, por el magistrado, etcétera, etcétera. Por eso no me quiero abrir mucho por teléfono. Una cosa sí te puedo garantizar, cabrón, (Nora) va para fuera; y que te sacamos, ¡te sacamos, no te preocupes!", contesta Tórrez.
La defensa de Silva, que filtró la grabación al periódico, presentó la conversación como evidencia de que Tórrez trató de extorsionar a su cliente.
Ante una consulta de El Faro, la embajada de Estados Unidos en El Salvador ratificó la autenticidad de la cinta y confirmó que el estadounidense Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) hizo llegar una copia al fiscal general de El Salvador, Félix Garrid Safie, en abril de 2008.
Garrid Safie aseguró esta semana a la prensa que, si bien abrió una investigación cuando recibió la cinta, no halló mérito para inculpar a Tórrez de ningún acto ilícito.
Para el sociólogo Leonel Gómez, que ha colaborado en varias investigaciones con legisladores estadounidenses, el destape de la conversación telefónica se debe "entender a partir" de la investidura de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, que parece decidido a combatir la corrupción.
Desde 2001, informes anuales del departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos han señalado al sistema judicial salvadoreño de "ineficiente y corrupto".
El acto mismo refleja la "penetración del narcotráfico" en el sistema judicial de este país, dijo Gómez a IPS.
Este tipo de petición de dinero es posible debido a la "impunidad" imperante, que permite que "cualquier persona se sienta protegida" para realizar estas actividades, dijo Gómez, asesor en El Salvador del senador demócrata Patrick Leahy y que en 1991 trabajó con el ahora fallecido congresista demócrata Joe Moakley en la investigación de la masacre de seis sacerdotes jesuitas cometida en noviembre de 1989.
Para él, Tórrez es apenas una "víctima del sistema" porque la "corrupción comienza en las altas esferas", donde quienes tienen la última palabra son los "poderes fácticos", que corrompen las instituciones del Estado.
Nadie podría pedir esa suma de dinero sin verse obligado a compartirla, dedujo Gómez.
Tórrez, nacido en Nicaragua e hijo de un ex guardia de la dictadura de la familia Somoza en ese país, negó que la solicitud de dinero estuviera destinada a sobornar autoridades judiciales, pues únicamente se refería a buscar mecanismos legales para ayudar a Silva.
El presidente electo de El Salvador, Mauricio Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), acusó a Tórrez de dirigir una red dedicada a falsificar documentos de identidad para que ciudadanos hondureños, guatemaltecos y nicaragüenses votaran por la Arena en las elecciones presidenciales de marzo.
Otras fuentes consultadas por IPS aseguran que Tórrez y el ex candidato presidencial de Arena, Rodrigo Ávila, son socios en empresas de seguridad y tiendas de armas.
Silva, el otro protagonista de la llamada, huyó en enero de 2007 a Estados Unidos luego de haber perdido su fuero parlamentario como diputado suplente del PCN, aliado de Arena en el parlamento, y cuando pendía sobre él una orden de captura en este país.
Nueves mese más tarde, autoridades estadounidenses lo arrestaron en el sudoccidental estado de California por haber ingresado sin permiso.
Su esposa, Parada, fue condenada en noviembre de 2007 a siete años de prisión por delitos cometidos en complicidad con su cónyuge.
La fiscalía salvadoreña ha anunciado varias veces que solicitó la extradición de Silva, pero esta semana se reveló que nunca presentó un pedido formal ante el gobierno estadounidense.
Mientras, la defensa de Silva consiguió frenar el proceso de deportación argumentando que su cliente es víctima de persecución política en El Salvador.
Pero fuentes consultadas por IPS sostienen que la deportación no se ha materializado porque Silva podría estar colaborando con agencias del gobierno de Estados Unidos encargadas del combate del tráfico de drogas.
Silva, además, es requerido por la justicia de Guatemala que investiga su papel en el asesinato de tres diputados salvadoreños ante el Parlamento Centroamericano, cometido en territorio guatemalteco en febrero de 2007, un caso también relacionado con el narcotráfico.
En tanto, la dirigencia de Arena dispuso la destitución de Tórrez y anunció un "proceso de expulsión" del político porque el partido "no tolera ningún vínculo de sus miembros con cualquier actividad ilícita".
El politólogo Antonio Martínez coincide con Gómez en que la revelación de la conversación telefónica es resultado de un cambio en el gobierno de Estados Unidos frente a la corrupción salvadoreña.
Pero también se refleja en este incidente "un conflicto al interior de la Arena entre el grupo liderado por el presidente Antonio Saca, que incluye a Tórrez, y el 'sector oligárquico', generado hace meses y agudizado por la derrota electoral frente al FMLN.
Además de ejercer la Presidencia del país, Saca retuvo el mando de la Arena desde que fue designado candidato en 2003 hasta mediados del año pasado. La concentración de poder en el presidente y su grupo de allegados excluyó al llamado "sector oligárquico" de las decisiones, que ahora culpa al presidente del fracaso electoral. "Se necesita más participación de la ciudadanía" y mayor protagonismo del periodismo para afrontar la corrupción, porque hasta ahora se tiende a "no hablar de los problemas del sistema judicial", reflexionó Gómez.
Uno de los desafíos más importantes para el gobierno de Funes, que asumirá la Presidencia el 1 de junio, es "resolver esta problemática", dijo.
