Un cargo público se tiene para defender el bien común y no a la persona que lo ejerce, y por eso todo funcionario debe tolerar las críticas, aún las más injustas o despiadadas, sostuvo en Venezuela el guatemalteco Frank La Rue, relator para la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU.
Fue como nombrar la soga en la casa del ahorcado, según expertos venezolanos como Marcelino Bisbal, director del postgrado en Comunicación de la privada Universidad Católica Andrés Bello, a pesar de que La Rue aclaró que la suya fue una visita académica, sin posibilidades de pronunciarse públicamente sobre la libertad de expresión en este país.
"Todo funcionario debe entender que el cargo público viene con la apertura a la crítica, válida o no", dijo La Rue en conferencia con académicos y periodistas. "Para fortalecer la democracia, todos los funcionarios deben estar absolutamente abiertos a recibir críticas, con respeto, aunque no sean ciertas o válidas", remarcó.
"La libertad de expresión y de crítica deberían tener como únicas limitaciones que no se las use para vulnerar derechos de otros, pequeñas restricciones en seguridad pública que estén claramente asentadas en leyes previas, y que se haga apología de la violencia o se emplee un lenguaje de odio", agregó el abogado y periodista guatemalteco.
Mientras La Rue llegaba a Caracas, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en un mitin para conmemorar siete años de su regreso al gobierno tras el frustrado golpe de Estado en su contra, dijo en cadena de radio y televisión que los medios que critican sentencias judiciales "arremeten contra el Estado, es decir, contra el pueblo, y eso no podemos tolerarlo".
[related_articles]
"Espero que los órganos correspondientes hagan lo que tienen qué hacer con los medios que de manera descarada tratan de subvertir y desestabilizar el país", dijo Chávez en referencia a emisoras de televisión de línea opositora, como el canal de noticias Globovisión.
Los programas de opinión e información de esa estación, así como de otras de radio y medios impresos, criticaron el largo proceso judicial que culminó con la condena a 30 años de prisión, pena máxima en Venezuela, de varios policías considerados culpables de algunos de los homicidios producidos durante confusos tiroteos previos al golpe de 2002.
Según Bisbal, el mitin convertido en una de las 1.800 cadenas de radio y TV que Chávez ha hecho en 10 años de gobierno, "es la última muestra, que La Rue ha podido ver sin que se la contaran, de un conjunto de medidas discriminatorias e intimidatorias contra los derechos de opinión y de expresión en Venezuela".
"Sabemos lo que una orden del presidente significa: de inmediato se gesta un procedimiento contra el medio, que va desde visitas del ente recaudador de impuestos hasta la agresión a los reporteros, pasando por retirar la publicidad oficial o desatender medidas cautelares dictadas por organismos internacionales", dijo Bisbal.
La Rue dijo a IPS que "los funcionarios no sólo deberían atender las críticas, sino que todas las legislaciones deberían eliminar el delito de desacato y los de difamación de funcionarios públicos en cuestiones inherentes a su cargo, no así sobre su vida privada".
"Mientras en países como Argentina, Brasil o Chile se avanza en el acceso de la ciudadanía a la información pública y se eliminan o minimizan leyes de desacato y sus efectos, en Venezuela se endurecen y se actúa sobre medios y periodistas desde todo el tejido institucional", comentó a IPS Carlos Correa, de la organización no gubernamental de comunicación social Espacio Público.
En Venezuela, "el gobierno desde hace 10 años trata de controlar el espectro radioeléctrico para implantar una hegemonía comunicacional, colocando los medios al servicio de su proyecto político", dijo a IPS Gustavo Hernández, director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la caraqueña Universidad Central.
Para ello, según Hernández, "se han colocado al servicio del gobierno, que no del Estado, las radios y televisoras que debieron dedicarse al servicio público en manos de corporaciones independientes, al tiempo que se cerca a las estaciones independientes y se quitó la señal abierta al canal privado opositor Radio Caracas TV".
Como resultado, según el investigador, "en Venezuela avanza la autocensura como preámbulo de una censura abierta, que hiere profundamente la democracia".
La Rue alabó al gobierno argentino por impulsar una ley que distribuye el espectro radioeléctrico a tercios iguales entre el sector comercial, el estatal y el comunitario.
"Son medidas de democratización que contrastan con tendencias a la formación de monopolios en los medios que hemos visto en países del Norte industrializado", comentó La Rue a IPS.
"Todas las comunidades, aún y quizá con mayor razón las más aisladas y rurales, tienen derecho a expresarse, todos los medios tienen derecho a existir, y el Estado debe mantener siempre una visión pluralista", insistió La Rue.
