Ambientalistas de Estados Unidos aplaudieron a la gubernamental Agencia de Protección Ambiental (EPA) por declarar oficialmente que el dióxido de carbono y otros gases invernadero «ponen en peligro» la salud pública y el bienestar.
Se trata de una antigua deuda del gobierno de Estados Unidos, que durante la presidencia de George W. Bush (2001-2009) se excluyó del Protocolo de Kyoto de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el cual ordena a los países ricos reducir sus emisiones de esos gases.
Ambientalistas indicaron que la declaración, que permitirá a la EPA regular esas emisiones de acuerdo con la Ley de Aire Limpio, presiona al Congreso legislativo para que este mismo año fije metas de recorte.
Y esperan que lo haga antes de diciembre, cuando representantes de los gobiernos negocien en Copenhague un tratado que sustituya al Protocolo de Kyoto después de que se extinga en 2012.
"Ya no está en cuestión si Estados Unidos actuará contra el recalentamiento planetario. Ya lo estamos haciendo", dijo David Bookbinder, consejero jefe sobre clima de la organización ambientalista nacional Sierra Club.
[related_articles]
"La EPA reconoció oficialmente, por fin, que la contaminación de carbono es perjudicial para nuestra salud y para el clima", agregó, por su parte, David Doniger, experto en clima del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.
"La contaminación que atrapa el calor, emitida por nuestros vehículos y centrales de energía, lleva a picos de temperatura asesinos, huracanes más fuertes, mayores niveles de smog y muchas otras amenazas directas e indirectas a la salud humana", explicó.
"La medida de hoy es un importante paso al frente, con el fin de componer el clima y nuestro planeta para las próximas generaciones", sostuvo Doniger.
La declaración de la EPA —anunciada por su administradora, Lisa Jackson, con el aval de la Casa Blanca— es el punto culminante de una batalla administrativa y judicial de 10 años.
El hito anterior de este conflicto fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia según el cual la EPA debía determinar si el dióxido de carbono y otros gases invernadero calificados de "contaminantes" de acuerdo con la Ley de Aire Limpio, al tiempo que criticaba la negativa de Bush a actuar en ese sentido.
El caso judicial había sido iniciado por varios estados y organizaciones ambientalistas.
A pesar de consenso virtualmente universal entre expertos en salud pública y en clima, según quienes los gases invernadero son peligrosos para la salud humana y los ecosistemas de los que ésta depende, el gobierno de Bush repitió durante todos estos años que estaba "estudiando" la cuestión, aunque nunca llegó a ninguna conclusión.
Jackson, designada por el presidente Barack Obama, consideró "convincente y abrumadora" la evidencia recogida por la EPA y sus científicos sobre el peligro a la salud humana y al bienestar que representan el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarburos, los perfluorocarbonos y el hexafluorido de azufre.
La declaración agrega que la contaminación con esos y otros gases invernadero es "un problema serio ahora y para las futuras generaciones".
"Por suerte", dijo Jackson, esta decisión es posterior "al llamado del presidente Obama a una economía baja en carbono y al fuerte liderzazo del Congreso en materia de legislación sobre energía limpia y clima".
La declaración de este viernes abre un periodo de 60 días durante los cuales la EPA preparará regulaciones. El público y otras partes interesadas están invitadas a participar en el proceso con sus comentarios.
A falta de más anuncios oficiales, expertos prevén que la agencia podría fijar patrones nacionales de emisión de gases invernadero para los vehículos con motores de combustión interna que se fabriquen en el futuro. Estos vehículos representan alrededor de 20 por ciento de las emisiones estadounidenses.
De hecho, la EPA considera un pedido de 14 estados, entre ellos California, de fijar criterios sustancialmente más estrictos que los vigentes hoy a nivel nacional, solicitud desoída por Bush.
Los expertos especulan con la posibilidad de que se adopte la propuesta de California, lo cual recortaría 30 por ciento las emisiones de los nuevos vehículos para 2016.
La industria automovilística, hoy asolada por una de las peores crisis económicas de su historia, insistió este viernes en que "comparte la meta de reducción de emisiones con la administración".
"Confiamos en que la administración de Obama encuentre mecanismos para atender las preocupaciones federales y de los estados", a través del establecimiento de "un programa administrado por el gobierno" central, dijo el presidente y gerente general de la Alianza de Fabricantes de Automóviles, Dave McCurdy.
Luego, la EPA podría regular las centrales de producción de electricidad alimentadas con combustibles fósiles, que concentran alrededor de 40 por ciento de las emisiones estadounidenses, y a otros grandes emisores como las fábricas de productos químicos y de cemento, prevén expertos.
Pero industrias y otros sectores empresariales advirtieron que una regulación más estricta dificultaría mucho la recuperación económica, y que podrían realizar demandas judiciales para dejarla sin efecto.
not, in the words of Karen Harbert, president of the U.S. Chamber of Commerce's Institute for 21st Century Energy, "created or intended for (the) purpose of "regulating greenhouse gas emissions."
"Cualquier regulación futura podría impactar en los hogares estadounidenses y en pequeñas y grandes empresas", dijo la presidenta del Instituto para la Energía del Siglo XXI de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Karen Harbert.
"Por lo tanto, la comunidad empresarial tiene una contribución vital en este debate, detallando las consecuencias que tendría sobre la recuperación y el crecimiento económico de nuestra nación", agregó.
La organización ambientalista Greenpeace Internacional observó este mismo viernes que "la industria explotará cualquier ambigüedad, cualquier brecha y cualquier vacío en la legislación para dilatar las acciones reales sobre clima durante tanto tiempo como puedan".
La meta solicitada por Obama para una futura legislación es reducir 80 por ciento las emisiones para 2050.
