Autoridades y organizaciones no gubernamentales coincidieron en Brasil en la necesidad de que los países ricos y empresas «paguen» a los habitantes de la Amazonia como «prestadores de un servicio ambiental», cual es no deforestar y así mitigar el cambio climático.
La reivindicación, ya planteada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue el centro de un debate en el marco de las discusiones del Foro Económico Mundial para América Latina, que finalizó este jueves en Río de Janeiro.
El debate "Administración de la Amazonia, ¿una responsabilidad global?", coordinado por la cadena estatal británica de radio y televisión BBC, partió de datos y predicciones alarmantes.
La selva amazónica que cubre seis por ciento de la superficie del planeta estaría en un "irreversible" proceso de deforestación, con graves efectos en el recalentamiento global.
Solamente Brasil, uno de los ocho países sudamericanos por donde se extiende la selva amazónica, es el cuarto mayor emisor de gases invernadero, 48 por ciento de los cuales son provocados por "quemadas" (incendio de árboles) por la expansión de la llamada frontera agrícola, entre otros motivos.
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Pero para los participantes del debate, entre otros Luiz Fernando Furlan, presidente de la Fundación Amazonia Sustentable, el problema podría revertirse si se establece un "valor de mercado" de la selva y se paga por ello.
Una responsabilidad que le correspondería a los gobiernos locales, pero también a los empresarios y a la comunidad internacional por la prestación de un servicio ambiental. Citó el ejemplo de la selva amazónica como reguladora del sistema pluviométrico.
"Si las florestas dejan de existir habrá sequías que afectaran la agricultura en otras partes del planeta. Por lo tanto tienen un valor económico. En este caso para la agricultura, consideró. Parte del principio de que "las personas no derrumban árboles porque quieren, sino que lo hacen porque tienen que sobrevivir".
Furlan, quien fue ministro de Industria del gobierno de Lula y es presidente de la empresa alimenticia brasileña Sadía, definió la Amazonia como un patrimonio estratégico y económico".
Carlos de Souza Braga es gobernador de Amazonas, un estado brasileño con casi cuatro millones de habitantes que, según observó, es por ejemplo 16 veces mayor que el territorio de Gran Bretaña.
Este dirigente del centrista "Partido del Movimiento Democrático Brasileño", de la alianza que integra el gobierno nacional, destacó que su estado tiene 98 por ciento de la selva preservada.
"Nuestros habitantes no pueden ser castigados por vivir en un paraíso. A cambio tenemos que asegurar mejores padrones de vida para nuestra población", dijo el gobernador, quien asegura haber reducido 70 por ciento la deforestación en su estado.
Braga, que fue uno de los creadores de la fundación amazónica hoy presidida por Furlan, coincide en la necesidad de ponerle un precio a la floresta.
"Si se evita la emisión de carbono y con ello se otorga un servicio ambiental a la humanidad" tiene que establecerse un precio por ello", dijo.
Por ejemplo a través de un fondo internacional como el ya planteado por el gobierno brasileño, que financie entre otros proyectos sustentables para las poblaciones locales, o para generar empleos alternativos.
"Es una cuestión de soberanía global. La selva es nuestra, permanece a nuestro pueblo, pero nuestro pueblo está prestando un servicio a la población global", aclaró el gobernador al rechazar la idea la Amazonia debería ser "internacionalizada". Pamela Cox, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, destacó que hay buenas noticias aún para celebrar pese que en los ultimos años fue deforestada 37 por ciento de la floresta amazónica. Una de esas buenas nuevas es que hoy 40 por ciento de la selva tiene áreas protegidas.
Destacó también que en los últimos años se consiguió reducir la deforestación en la Amazonia, una región que con 25 millones de habitantes es comparable al territorio de Europa occidental.
"El mundo tiene que reconocer que la Amazonia tiene un valor ambiental" y que lo que debe establecerse es "cuánto están dispuestos a pagar" por ello, subrayó Cox.
"Los países tienen que pagar si quieren que las selvas sean protegidas. Si la Amazonia es el pulmón del mundo, hay que darle un valor", ratificó, tras rechazar propuestas como "poner cercas" para protegerla.
Según Luiz Carlos de Miranda Joels, director del servicio de selvas del Ministerio de Desarrollo, el gobierno de Lula logró hacer disminuir en 60 por ciento la deforestación de la Amazonia.
"Demostramos que somos capaces de una gestión adecuada, pero con ayuda externa se podría hacer mucho más", dijo.
"Necesitamos de asistencia, más recursos y ser reconocidos como prestadores de un servicio ambiental", reforzó en la misma dirección que sus compañeros de debate.
Furlan puso como ejemplo la solución planteada por su fundación, que brinda asistencia a 10.000 familias que viven en 35 áreas protegidas de la selva amazónica y que, según dijo, podría multiplicarse en proyectos similares financiados por el sector privado.
A cambio de una "bolsa floresta" una ayuda económica mensual— las familias se comprometen a no deforestar, explicó posteriormente a IPS Virgilio Viana, director de la Fundación Amazonia Sostenible. "Les pagamos por un servicio ambiental", resumió.
Con aportes de la iniciativa privada, las familias también reciben asesoramiento y financiamiento en proyectos de desarrollo sostenible, como la producción de caucho para la confección de neumáticos, de castanas, aceites y de pesca local
"Así es que se conseguirá reducir a cero la deforestación. Así es que serán guardianes de la floresta", destacó.
La idea de "financiar la floresta" es compartida también por Greenpeace. Marcelo Furtado, director de esa organización no gubernamental ambientalista en Brasil, consideró que es necesario presionar a los líderes mundiales para conseguir esos recursos.
La Amazonia "sí es un programa global, porque causa un problema global", opinó.
