Pilar identificó a siete supuestos narcotraficantes que habrían asesinado en agosto a 12 jóvenes y un bebé en el poblado de Creel, en el septentrional estado mexicano de Chihuahua. También las autoridades los conocen, pero ninguno fue detenido.
Además, acaba de ser asesinado un pariente de las víctimas que presionaba para que actuara la justicia.
Pilar, quien perdió a un familiar en la masacre, dijo a IPS que "los narcos se imponen y las autoridades son cómplices". "Por eso sé que me podrían matar", advirtió.
Esta mujer pidió omitir su nombre real, igual que el de los sospechosos a los que señaló.
El viernes 20 fue hallado dentro de un vehículo detenido en una carretera de Chihuahua, con dos balazos en la cabeza, el cadáver de Daniel Parras, padre de uno de los asesinados en Creel, quien había participado en varias protestas para exigir justicia.
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La matanza de agosto en Creel, pintoresco y pequeño poblado de 6.000 habitantes enclavado en la sierra Tarahumara, es una pincelada en el cuadro de violencia e impunidad que afronta México en la lucha entre y contra narcotraficantes, sobre todo en Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos.
En ese estado fueron asesinadas cerca de 1.700 personas el año pasado, 26 por ciento de las 6.500 ultimadas entonces en todo México.
Desde comienzos de este año, los asesinatos suman en Chihuahua alrededor de 400 de los más de 1.500 registrados en todo el país. Se detuvo a sospechosos de esos crímenes en menos de una docena de los casos ocurridos en ese estado. En una exhibición de poder y osadía, un grupo de supuestos narcotraficantes atacaron el 22 de febrero un convoy de automóviles en el que viajaba el gobernador de Chihuahua, José Reyes. El hecho desencadenó una balacera en la que falleció un agente y fue herido y detenido un sicario. Unos 5.000 soldados y 3.500 policías federales han sido enviados por el gobierno del presidente Felipe Calderón a ese estado para afianzar la seguridad, pero la violencia persiste, igual que la impunidad de los crímenes que a diario se cometen allí.
Los deudos de las víctimas en Creel entregaron en 2008 a la fiscalía estadual, que depende del gobierno de Chihuahua dirigido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los nombres de los supuestos asesinos.
También indicaron los domicilios de los sospechosos, "pero las autoridades, por miedo o corrupción, no los han detenido", dijo a IPS Jorge Espino, miembro de una comisión investigadora del Congreso legislativo de Chihuahua.
Este diputado estadual, miembro del Partido Acción Nacional que gobierna a nivel nacional, declaró que la corrupción de la policía y de las autoridades de Chihuahua "llega a niveles récord", lo que, a su entender, impide acabar con la violencia.
Junto a sus pares de otros partidos, excepto del PRI, Espino demanda que la investigación de la matanza de Creel pase a manos de la fiscalía general del gobierno nacional.
El diputado Espino "es uno de los pocos que sí se ha preocupado por nuestro caso, pero ya perdimos la confianza en la Procuraduría" (fiscalía) de Chihuahua y "tenemos poca en la federal", declaró Pilar. "Nadie parece querer hacer justicia", se lamentó.
Pilar confirmó que los nombres de los supuestos culpables fueron entregados a las autoridades de la fiscalía del estado. Según su versión, los criminales buscaban a un enemigo que ni siquiera se encontraba entre los asesinados.
"Aquí siempre fue muy tranquilo, pero la matanza cambió un poco al pueblo. La gente ya no sale en las noches y ha bajado el turismo", declaró a IPS desde Creel el párroco local, Javier Ávila, de la orden católica jesuita.
Creel, a 170 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, capital del estado, se encuentra cerca un lago y un valle donde destacan caprichosas formas rocosas, además de ser lugar de paso hacia otros atractivos turísticos apreciados sobre todo por visitantes extranjeros.
La policía se había esfumado de Creel horas antes de que las 13 personas —la mayoría hombres de entre 18 y 20 años— perecieran bajo una lluvia de balas. Ávila terminó repentinamente la misa que ofrecía entonces, para ver qué sucedía a menos de 10 minutos de distancia de la iglesia.
El sacerdote jesuita encontró los cuerpos en medio de un lago de sangre. No había ningún policía presente. Uno de los fallecidos, de 30 años, llevaba en brazos un bebé que también murió.
Cámara en mano y en medio del griterío de los deudos, Ávila registró la escena y contó el número de cuerpos. "Tuve que hacer de fiscal y perito, no había otra alternativa ante la falta de policías", declaró el religioso.
Según testigos, los agentes de seguridad locales abandonaron Creel tras recibir amenazas de muerte.
"Ahora ya tenemos policía federal, no como en aquella ocasión, pero el miedo persiste", indicó Ávila. El asesinato de Daniel Parras, agregó, "es muy lamentable", expresó.
En opinión de Pilar, la matanza de Creel es un ejemplo más de la violencia de la que vive presa Chihuahua y de la poco o nula efectividad de la policía, fiscales y jueces en aclarar los crímenes y sancionar a los responsables.
"Los criminales nos quitaron a nuestros seres queridos y por denunciarlos también pueden matarnos. ¿Quién nos ayudará?", expresó.
