Apenas un año después de ser elegido, el gobierno de Pakistán afronta una tormenta política. Una «larga marcha» de protesta, liderada por abogados y partidos de la oposición aliados con sectores religiosos, concluirá el próximo lunes 16 con una «dharna» (sentada) en Islamabad.
Estas manifestaciones se realizan en reclamo de la reinstauración del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iftikhar Mohammed Choudhry, a quien el ex presidente Pervez Musharraf (2001-2008) suspendió el 9 de marzo de 2007. Y también exigen el regreso a sus funciones de otros varios jueces en situación similar.
Vigilando la marcha, que partió el 12 de este mes desde la meridional Karachi y otras ciudades, está un ejército no habituado a tratar con civiles, mientras los insurgentes de inspiración religiosa hacen estragos en todo el país.
Nada de esto es nuevo para Pakistán, pero muchos lo encuentran todavía más doloroso dadas las esperanzas que crearon las elecciones generales del año pasado.
El 18 de febrero de este año, los votantes pakistaníes apoyaron abrumadoramente a partidos seculares y rechazaron a los que habían sido impulsados por el ejército.
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El rechazo a los partidos religiosos por parte del electorado y la alianza entre el Partido Popular de Pakistán (PPP) y la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) crearon expectativas de poner fin a la política inspirada en la fe y en la confrontación. Y también de que el ejército se alejara de la política.
La ex primera ministra Benazir Bhutto (1998-1990 y 1993-1996) lideró el PPP hasta su asesinato en diciembre de 2007. El titular del PML-N, su ex rival Nawaz Sharif, también fue primer ministro (1990-1993 y 1997-1999).
Las expectativas populares se suscitaron tras décadas de mal gobierno y explotación de la religión con fines políticos.
A instancias de Washington, el sistema pakistaní fortaleció a la insurgencia armada, explotando los sentimientos religiosos para sacar a los soviéticos de Afganistán durante los años 80. En el proceso creó la "Yihad (guerra santa) Internacional", como la llamó el erudito Eqbal Ahmad (1933 o 1934-1999).
Ésta puede ser la mayor amenaza que enfrentan Pakistán y el mundo desde el ataque que el 11 de septiembre de 2001 dejó 3.000 muertos en Nueva York y Washington, y que se atribuyó la red extremista islámica Al Qaeda, del saudita Osama bin Laden.
Desde entonces, Washington ha presionado a Islamabad para que combata a las fuerzas del Islam insurgente que ambos impulsaron y fortalecieron.
A consecuencia, este país sufrió la mayor parte de los ataques insurgentes, señalan los pakistaníes.
En esta situación, la inestabilidad política distrae y es peligrosa. La "larga marcha" liderada por abogados y sectores de la sociedad civil tiene aliados entre la oposición de derecha.
Ésta incluye al PML-N de Sharif y al Jamaat-e-Islami, un partido religioso dominante afín al Islam insurgente, así como otros que simpatizan con el movimiento fundamentalista Talibán.
Entre ellos, el general retirado Hamid Gul, ex jefe de los servicios de inteligencia (ISI) y acérrimo enemigo de India, el burócrata retirado Roedad Khan, quien aplastó brutalmente a la oposición política durante la dictadura de Muhammad Zia-ul-Haq (1978-1988), y el héroe del cricket devenido en político Imran Khan, líder del Tehrik-e-Insaaf (Movimiento por la Justicia).
Todas estas fuerzas boicotearon las elecciones de 2008, excepto Sharif, quien decidió no participar de la medida luego que Bhutto lo convenció de que los comicios eran la única manera de salir adelante.
Las históricas tensiones entre el PPP y el PML-N llegaron a un punto crítico el 25 de febrero, cuando la Corte Suprema prohibió a Nawaz Sharif y a su hermano Shahbaz Sharif ocupar cargos. Se cree que quien está detrás de este controvertido fallo es el presidente Asif Ali Zardari, viudo de Bhutto.
Los contrariados Sharif, presionando para la reinstauración de Choudhry, se han introducido de lleno en la marcha, algo que los observadores no consideran enteramente altruista, dado que sus objetivos declarados incluyen concretar un cambio de régimen.
"Los intentos de Sharif de retratarse como un activista radical de la sociedad civil se da de bruces con sus orígenes políticos", escribió el ex abogado y analista Mustafa Qadri.
Lo hizo refiriéndose a la oportunidad que los políticos pakistaníes de todas las tendencias malgastaron en su "negativa a mirar más allá de los juegos personales de poder y provincianismo para desarrollar la democracia todavía embriónica de la nación".
Los Sharif cobraron destaque como empresarios patrocinados por el general Zia-ul-Haq, que estuvo detrás de la transformación de Pakistán "de una nación con mayoría musulmana a un Estado islámico con más seminarios religiosos por persona que cualquier otro país", como planteó Qadri en el artículo "Larga marcha hacia ninguna parte", publicado el 10 de este mes en el periódico británico The Guardian.
La semana pasada, Musharraf visitó India, donde concedió varias entrevistas en las que insinuó un posible regreso político.
Curiosamente, Musharraf, quien renunció a la presidencia en agosto de 2008, urgió a Nueva Delhi a dejar de "despotricar" contra el ejército y a los ISI, dado que, según él, ambos son la mejor defensa contra el crecimiento del Talibán y de la insurgencia en Pakistán.
Zardari suscita comparaciones con Musharraf por el uso que hace de la fuerza policial y por los arrestos masivos para impedir la marcha, como hizo Musharraf tras suspender a Choudhry en marzo de 2007 e imponer el estado de emergencia el 3 de noviembre, medida que levantó el 16 de diciembre del mismo año.
Resulta ilustrativa de esta ironía la reciente detención, por tres horas, de la activista por los derechos femeninos y políticos Tahira Abdalá, que viene movilizando a los abogados desde su hogar en Islamabad.
Abdalá enfrentó los bastones policiales y el gas lacrimógeno en las eras de Zia y de Musharraf. Un día antes de iniciarse la marcha, un contingente policial llegó a su casa y prácticamente tiró abajo la puerta de su cocina.
Su arresto concitó la atención de los medios, avergonzando al gobierno a tal punto que rápidamente ordenó su liberación. La activista reanudó inmediatamente sus tareas de movilización.
"Es triste e irónico que el gobierno del PPP haya llegado a esto. Ellos dijeron que era detención preventiva. No pueden atrapar a personas como (los líderes del Talibán) Baitullah Mehsud y Maulvi Fazlullah, pero envían a la policía detrás de mí, que soy una persona muy común", dijo a IPS.
También hay una cuota de ironía en el hecho de que activistas progresistas y seculares como Abdullah unan filas con la coalición de derecha emergente para lograr un objetivo en común: la reinstauración de Choudhry.
"Nosotros somos apenas un puñado. Y en el país no hay más de 100.000 abogados. Así que tenemos que unirnos con fuerzas políticas que coinciden con nosotros en esta materia aunque no coincidamos en otras. Sabemos que nos están usando, pero nosotros también los estamos usando a ellos", dijo a IPS uno de los activistas.
Sin embargo, el economista político y ex activista estudiantil S.M. Naseem declaró a IPS que el movimiento de los abogados "debería haber ampliado la agenda para crear un nuevo sistema político".
"Dos años para la reinstauración de una persona (Choudhry), aunque ésta sea honesta y audaz, es demasiado", opinó.
