Una reunión a contrarreloj entre el jefe del Ejército, el presidente y el primer ministro de Pakistán concluyó con un drástico anuncio en las primeras horas de este lunes de que Iftikhar Mohammed Choudhry volvería al cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En los últimos días se llevaron adelante intensos esfuerzos a nivel local e internacional para acabar con ese estancamiento, incluso de parte de la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Hillary Clinton, y del secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, David Miliband.
El ex presidente Pervez Musharraf (2001-2008) había a suspendido a Choudhry del cargo en marzo de 2007, desatando un movimiento en todo el país de abogados y activistas políticos y de la sociedad civil. Como la Corte Suprema ordenó la reposición de Choudhry, Musharraf ordenó el estado de emergencia el 3 de noviembre de ese año, que muchos consideraron una ley marcial.
Por primera vez en la historia de este país, la mayoría de los jueces se negaron a tomar juramento bajo el estado de emergencia, lo que hizo pensar que los años de connivencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial habían llegado a su fin. Varios magistrados fueron entonces sacados de sus cargos.
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Las elecciones del 18 de febrero de 2008 llevaron al poder a nueva administración que generó expectativas, pero los abogados continuaban disgustados por la forma en que se manejaba el tema de los jueces.
El nuevo gobierno restauró a los magistrados que aceptaron tomar un nuevo juramento bajo la Constitución.
Pero Choudhry y otros pocos jueces se negaron a esto arguyendo que legitimaba la orden ejecutiva de Musharraf que los había expulsado, y exigían ser restituidos por una orden similar.
Líderes del movimiento de abogados anunciaron una "larga marcha" que comenzó el 12 de este mes y debía culminar este lunes en Islamabad con una sentada hasta que Choudhry recuperara su cargo.
Cuando la movilización comenzó, el gobierno pareció dividirse. El primer ministro Gillani dijo que se les permitiría a los manifestantes ingresar a Islamabad, aun cuando el ministro del Interior, Rehman Malik, cercano al presidente Asif Ali Zardari, tomó medidas para impedir que esto ocurriera.
Las escenas de policías golpeando y deteniendo a los manifestantes, en muchos casos sacándolos de sus casas, motivaron comparaciones entre el actual gobierno y el régimen de Musharraf, particularmente durante el estado de emergencia de 2007.
En su anuncio este lunes, Gillani dijo que Choudhry sería restaurado en el cargo el 21 de este mes, cuando se retirará el actual jefe de justicia Abdul Hameed Dogar, designado por Zardari.
Además, confirmó la decisión anunciada un día antes de que su gobierno presentaría una petición ante la Corte Suprema para que revise la descalificación del cargo electo de Nawaz Sharif, de la opositora Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), y de su hermano menor Shahbaz Sharif.
La Corte Suprema ordenó el 25 de febrero la expulsión del más joven Sharif del cargo de ministro jefe de Punjab, la provincia más populosa del país. La oposición sostiene que detrás del fallo estuvo el presidente Zardari.
Muchos consideraron que la descalificación tenía como objetivo sacar a los Sharif del poder en vísperas de la marcha.
Mientras, varios alcaldes leales al Partido del Pueblo de Pakistán (PPP), de Gillani, que habían sido removidos del cargo por los Sharif, fueron restituidos para asistir al gobierno federal en sus intentos de bloquear la movilización.
La policía detuvo a cientos de activistas en todo el país y colocó camiones y autobuses para cerrar las calles e impedir que los manifestantes avanzaran, excepto en la provincia de Balochistán, donde el gobierno local permaneció neutral y permitió las protestas.
No obstante, los manifestantes desafiaron las barricadas de la policía y los gases lacrimógenos, y llegaron a lugares clave, como la Corte Suprema de Lahore.
La situación se agravó cuando Nawaz Sharif desafió una orden de detención que lo confinaba a su estado de Raiwind, cerca de Lahore, y encabezó una caravana de automóviles hacia el centro de esa ciudad, donde ya se encontraban cientos de activistas.
En algunos sitios, la policía evitó la confrontación y simplemente observó la marcha, sin intentar detener a los activistas. En otros, manifestantes armados con palos atacaron los autobuses que bloqueaban las calles.
Gillani también anunció este lunes que todos los detenidos en los últimos días serían liberados de inmediato. Además informó el levantamiento de las prohibiciones a las reuniones públicas.
El discurso causó júbilo en las calles de todo el país. Abogados y activistas bailaron al ritmo de tambores y distribuían caramelos mientras Sharif llamaba a poner fin a la marcha.
Sin embargo, hay cierta cautela.
El administrador del Programa de Transparencia y Derecho a la Información del Centro de Iniciativas para la Paz y el Desarrollo, Zahid Abdullah, sostuvo que Choudhry ahora necesita evaluar "si debe unirse al sistema judicial o seguir siendo un símbolo de independencia trabajando desde afuera para un verdadero sistema judicial independiente en todos sus niveles".
"Él ha ganado la victoria moral a través de su tenacidad y la de los abogados. Su restauración personal no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. Si se une al sistema judicial, es probable que se empantane en las parcialidades y coacciones", escribió en un mensaje de correo electrónico que circuló en este país.
"Sería mejor si se queda afuera y ayuda a las fuerzas políticas a ejercer su presión e influencia para sugerir e implementar la modalidad de colocar jueces independientes en los tribunales y realizar reformas", afirmó.
