«Un pasito pa lante y un pasito pa tras», dice el pegadizo estribillo de una canción de Ricky Martin que resume lo que sucede en la lucha contra la violencia hacia la mujer en Costa Rica, un país con una ley de vanguardia para enfrentar el delito, ahora parcialmente derogada, y donde el femicidio aumenta.
Pero esa ley no impidió que Lennia Serrano, de 34 años y con dos hijos, fuese apuñalada por su esposo en la población occidental de Puntarenas, pese a que en noviembre un tribunal dictó medidas de alejamiento contra el asesino, tras comprobar que la víctima sufría maltratos desde hacía 16 años.
El asesinato de Serrano en esta nación de 4,4 millones de habitantes, algo menos de la mitad mujeres, se produce en la semana que concluye el 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer, para el que las Naciones Unidas eligió este año el lema "hombres y mujeres contra la violencia contra las mujeres y las niñas".
Larraitz Letxarza, responsable del no gubernamental Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina), dijo a IPS que "no se puede perder el optimismo sobre los beneficios de la ley", pese a que los asesinatos de mujeres por violencia machista más que se duplicaron en 2008 respecto del año anterior.
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LOS PASITOS PA TRAS
La defensa de los derechos humanos esenciales de las mujeres es una larga marcha con avances y retrocesos y "el machismo y la cultura patriarcal están presentes en todas partes, incluido el Poder judicial, donde se acaba de dar un importante paso atrás", dijo Letxarza.
En octubre de 2008, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia derogó dos artículos de la ley penal, los que se refieren a la violencia emocional y al maltrato físico que no produzca lesiones, bajo el argumento de que los dos puntos no deben estar en ese marco específico.
Pero son esos dos delitos los que en los primeros 17 meses de aplicación de la ley ocasionaron 78 por ciento de las denuncias realizadas por mujeres, y la propia Sala Constitucional había avalado antes su inclusión dentro de los delitos definidos como de violencia contra las mujeres.
"La decisión de la Sala es aberrante", sentenció a IPS Ibelis Velasco, responsable del área de violencia de género del gobernante Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), gran promotor de la ley penal.
El Inamu, la Defensoría de los Habitantes, Cefemina y otras organizaciones no gubernamentales, junto con varios diputados y una víctima de violencia sexista, se unieron a comienzos de este año en la presentación de un recurso para que se revoque el fallo.
Para Velasco la declaración de inconstitucionalidad de los dos artículos brinda una especie de "carta blanca" a la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas, "porque parece que mientras no la mate, no hay delito" y reafirma la indefensión de la mujer.
La funcionaria añadió que los magistrados de la Sala del máximo tribunal se pusieron en una situación "antijurídica", porque Costa Rica ha suscrito y ratificado todos los tratados internacionales que establecen como delito contra los derechos humanos fundamentales el de la violencia machista.
Los cuatro magistrados de la Sala argumentaron que no era preciso el significado de términos como agredir, insultar, humillar y amenazar, en una ley que hasta su fallo establecía penas de cárcel de hasta dos años para quien insultase, ridiculizase o atemorizase a su pareja o ex pareja.
Otro hecho preocupante es que en 2008 el número de mujeres asesinadas a manos de sus esposos, parejas, ex parejas o novios volvió a grados anteriores a la aplicación de la ley, para situarse en 37 víctimas.
En 2007, seguramente como efecto de la gran campaña nacional de promoción de la nueva ley, los asesinatos machistas cayeron a 16.
Otro temor del Inamu y de las organizaciones en defensa de la mujer es que la derogación parcial de la ley conlleve una reducción del aporte anual para su cumplimiento, de unos 4,5 millones de dólares.
Cualquier reducción presupuestaria sería un grave error, dijo Velasco, porque la violencia contra la mujer dentro del hogar y por su pareja constituye la mayor causa de actuación policial en el país.
"Es un problema que no se visibiliza adecuadamente por parte de los organismos policiales, que minimizan el hecho de que la mayor violencia contra la mujer se produce en el ámbito doméstico", explicó.
La última encuesta realizada sobre el problema en el país, elaborada por la Universidad de Costa Rica, mostró que 58 por ciento de las mujeres habían sufrido al menos un incidente de violencia física o sexual.
LOS PASITOS PA LANTE
En Cefemina y otros grupos organizados creen que el Estado costarricense "da una de cal y una de arena" en materia de igualdad de género.
Letxarza argumentó que recientemente se concedió el estatus de refugiada a una mujer estadounidense por ser víctima de violencia por parte de su pareja, un hecho que sienta un primer precedente en América Latina.
Pero al mismo tiempo se amenaza con un recorte en los derechos sociales de las mujeres, con la propuesta de que sea el estatal seguro social el que asuma el total del costo de la baja maternal, hasta ahora compartida con las empresas, lo que en la práctica mermaría el alcance del beneficio.
Velasco dijo que las sombras no pueden tapar las luces que existen. "Hemos avanzado mucho respecto a otros países", afirmó al recordar que desde 1996 Costa Rica cuenta también con una ley contra la violencia doméstica, que favorece a las mujeres, los niños y los ancianos, tiene un marco legal muy moderno y un plan que lo hace sostenible.
Además subrayó la toma de conciencia de la propia mujer sobre sus derechos. Un ejemplo: en 1996 hubo 3.000 denuncias relacionadas con el maltrato contra la mujer y en 2008 superaron las 50.000.
"No es que haya crecido la violencia, si no que la gente antes no se atrevía a denunciar y hoy, en cambio, no está dispuesta a silenciar", dijo Velasco.
Y esto es en buena parte producto de la ley de 2007, que por primera vez en el mundo estableció el delito específico del femicidio, también conocido en otros países como feminicidio.
El artículo 21 de la ley fija como femicidio "la muerte de una mujer con la que se mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no" y establece para el mismo una pena de prisión de entre 20 y 35 años.
Los crímenes contra mujeres cometidos por personas con las que sostengan una relación de noviazgo o de ex pareja son igualmente incluidos, aunque no sean femicidio, al igual que las agresiones contra las adolescentes, si el delito no proviene de sus padres.
Además de la violencia física, la ley suma como delitos que pueden ser castigados con prisión los de violencia sicológica, sexual y patrimonial. La ley es acompañada de un seguimiento mensual por diferentes organismos, apoya la formación de la policía para atender las agresiones contra la mujer e impulsa centros especializados de atención y refugio para personas maltratadas, además de brindar apoyo legal, sicológico y laboral.
LA LEY AYUDA A MANUELA
Manuela, una mujer de unos 40 años que pide identificarla sólo por su segundo nombre, sabe bien lo que la ley puede ayudar. Su pareja comenzó a pegarle a los seis meses de convivencia, "cuando se me echó encima y me puso un ojo a la funerala", contó a IPS. Después se encadenaron insultos y golpizas.
El hombre, padre de su hijo menor, "incluso llevó una mujer a nuestra casa durante una semana, y lo acepté porque vivía asustada", siguió su relato. Pero dos años después, alentada por lo mucho que se hablaba de la ley, "me harté y lo denuncié, porque me mataba a mí, o yo lo mataba a él, no podía seguir así".
"Es bueno saber que hay una ley que te defiende y yo sola no hubiera salido de ese horror", aseguró Manuela, ahora libre de su maltratador, pero sola y sin recursos para sacar adelante a sus tres hijos.
