Al grito de «Anna Pata, Ana Yan» («Nuestra tierra, nuestra señora), organizaciones indígenas de Brasil festejaron el fallo judicial que ratifica la demarcación de una reserva de comunidades nativas, el cual será decisivo para otras disputas similares.
Por 10 votos a uno, en una acalorada sesión de dos días, el Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmó que el territorio "Raposa Serra do Sol", en el septentrional estado de Roraima, se reintegre a los casi 19.000 indigenas de 194 comunidades de las etnias macuxi, wapichana, patamona, ingaricó y taurepang, que habitan la región.
La sentencia confirma el decreto emitido en 2005 por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que legalizó la demarcación de ese territorio y pidió a los residentes no indígenas —un grupo de grandes productores de arroz y 50 familias de agricultores— que se retiren de allí. Las tierras indígenas, "ocupadas desde tiempos remotos", son "inalienables, indisponibles y los derechos sobre ellas imprescriptibles", dijo, al fundamentar su voto a favor, el juez Celso de Mello.
Sin ellas, los nativos están expuestos al "riesgo gravísimo", de "la desintegración cultural, de la pérdida de su identidad étnica, de la disolución de los vínculos históricos, sociales y antropológicos, y de la erosión de su propia conciencia", añadió. La reserva de 1,7 millones de hectáreas, ubicada en la frontera con Venezuela y Guyana, había sido demarcada en 1998, durante el gobierno del predecesor de Lula, Fernando Henrique Cardoso.
"Después de 500 años de discriminación, este voto no solo favorecerá a Raposa Serra do Sol, sino también a todo Brasil, porque además de reconocer la tierra, trae vida y respeto a los pueblos indígenas", declaró por teléfono a IPS el activista macuxi Dionito José de Sousa, coordinador del Consejo Indígena de Roraima.
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"La justicia demoró, pero no erró", dijo.
Segun De Sousa, la sentencia servirá como antecedente para otros conflictos judiciales similares, y facilitará el reconocimiento del mundo entero a una cultura, porque define la propiedad de los pueblos indígenas de forma permanente.
"Ahora es que nos van a pagar la deuda de más de 500 años, en los que mataron indígenas y usaron el autoritarismo y la violencia contra nosotros. Hoy se cumple la ley. Hoy tenemos libertad y autoridad", celebró el dirigente.
El juicio, que comenzó en agosto pasado, fue interrumpido dos veces. En diciembre, después de que ocho de los 11 miembros del tribunal ya habían votado a favor de los indígenas por la demarcación del territorio y por la expulsión de los productores de arroz.
En esa ocasión el proceso se postergó por un pedido del juez Marco Aurelio Mello, el único magistrado que voto en contra de la demarcación, fundamentado en la necesidad de estudiar mejor el caso.
En una fundamentación de voto que duró casi siete horas, Mello confirmó su posición, con el argumento de que hubo irregularidades en el proceso de demarcación. Alegó que no fueron escuchadas otras voces interesadas en el proceso, como todas las etnias y los poseedores de títulos de propiedad en predios de la reserva.
Apoyándose en declaraciones de altos oficiales del ejército, el magistrado se refirió también a cuestiones de soberanía, pues el área en cuestión es fronteriza.
Además, cuestiono que una reserva en la que cabe 12 veces la ciudad de São Paulo —donde viven 11 millones de personas— se destine a menos de 19.000 indígenas, muchos de los cuales, insistió, "son aculturados".
Esas afirmaciones recibieron críticas del también juez del STF Ayres Britto, que en diciembre ya había votado a favor de la demarcación.
Brito destaco que la demarcación es un derecho "reparador" de las injusticias cometidas históricamente contra los indígenas.
Mello también fue cuestionado por el presidente del STF, Gilmar Mendes, quien al referirse a la cuestión de la soberanía recordó que el fallo prevé el libre transito por el territorio de las fuerzas armadas y la policía para defender las fronteras.
Pero De Sousa criticó esa previsión. "No podemos aceptar que el gobierno permita al ejército y la policía entrar en la reserva sin consultar a las comunidades. Tenemos que conversar", objetó el líder indígena.
El tribunal reconoció a los indígenas el derecho a la pesca, la caza y la extracción de recursos vegetales del Parque Nacional Monte Roraima que ocupa 6,72 por ciento de la reserva, pero condicionado a la autorización expresa de autoridades ambientales nacionales.
La decisión del STF implica la salida inmediata de los productores de arroz que se negaban a retirarse de la reserva y que no aceptaron la indemnización ofrecida por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).
En caso de resistencia, la FUNAI, con ayuda de la Policía Federal y la Fuerza Nacional de Seguridad, está autorizada y preparada para expulsar a los agricultores, por la fuerza, de ser necesario.
"Esperamos" que el retiro "sea inmediato, porque ya estamos esperando hace tres años", advirtió De Sousa. "No podemos esperar mas", añadió el líder macuxi. Corresponderá a la policia "meter palo" —reprimir— si eso no ocurre, sostuvo.
El dueño de la mayor hacienda en la reserva y líder de los arroceros, Paulo Cesar Quartiero, advirtio que el mantenimiento de la reserva acarreará más disputas por tierra y conflictos sociales.
El presidente de la Asociación de Arroceros del estado de Roraima, Nelson Itikawa, dijo a la oficial Agencia Brasil que los agricultores no tienen opciones para el traslado de sus cultivos para garantizar la producción.
El juicio fue observado por representantes indígenas con el rostro y cuerpos pintados, autorizados a vestir sus ropas tradicionales y no el traje obligatorio en una sesión del órgano.
En Brasilia, donde esta la sede del STF, centenares de manifestantes cumplieron vigilia desde la víspera del fallo. También hubo concentraciones de indígenas y de organizaciones campesinas y humanitarias en Boa Vista —capital de Roraima— y en la propia reserva.
El coordinador del Consejo Indigena de Roraima anticipó que una vez que los arroceros desocupen la tierra, la utilizarán para desarrollar un tipo de agricultura "indígena", y "sin química".
Mientras, los campesinos no indígenas que permanezcan en la reserva y que ya conviven con ellos utilizarán, según dijo, tecnologías aportadas por la gubernamental Empresa de Investigación en Agricultura (EMBRAPA).
La reserva indígena Raposa Serra do Sol es centro de conflictos desde mediados de la década del 70, cuando comenzó el proceso de reconocimiento de esas tierras. Los agricultores no indígenas se negaron a abandonar la región, en la que se radicaron desde los primeros años 90.
Después de la postergación del juicio, en diciembre, los productores de arroz habían conseguido autorización del STF para permanecer allí hasta la votación final.
La disputa tuvo momentos de tensión, con protestas continuas, obstrucción de caminos y ocupación de edificios por parte de ambos bandos.
Los conflictos alcanzaron uno de sus momentos culminantes el año pasado, cuando fueron baleados 10 indígenas en una hacienda.
En Brasil —según datos de la FUNAI— hay 488 territorios indígenas en proceso de demarcación, que suman 105.673.003 hectáreas. Otros 123 territorios están todavía en proceso de identificación.
