Unas 300 personas marcharon este martes por San Salvador para recordar el asesinato del obispo Óscar Arnulfo Romero y demandar investigación sobre los responsables del crimen cometido el 24 marzo de 1980, en el preludio de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Las actividades se iniciaron con una misa en la capilla del Hospitalito de la Divina Providencia, en el oeste de la capital, donde 29 años atrás un francotirador disparó al corazón del entonces arzobispo de San Salvador, mientras oficiaba misa.
Los manifestantes, que gritaban vivas al "pastor mártir", le rindieron un tributo en la Plaza Monseñor Romero, en la Alameda Roosevelt, uno de las avenidas más concurridas de la ciudad. Más tarde, la peregrinación se dirigió al Monumento Pro Memoria Histórica, un muro en el que están grabados los nombres de unas 30.000 víctimas del conflicto armado.
"Monseñor Romero es un santo de América. La sangre que derramó se ha convertido en una bendición y tenemos fe que pronto se hará justicia", dijo una de las manifestantes, María Romero, de 59 años de edad, quien viajó el lunes por la noche desde el oriental departamento de San Miguel y marchó por más de tres horas hacia la cripta de Romero en el sótano de Catedral metropolitana, donde la jornada concluyó con una misa.
Irene Melgar, una de las 75 estudiantes de bachillerato del colegio Sagrado Corazón que colaboraron en la organización de la marcha, dijo a IPS que el obispo fue "un héroe que luchó por nosotros y que hizo escuchar la voz de los demás a través suyo".
Mientras, otros dos manifestantes mostraban camisas con las leyendas "Que mi sangre sea semilla de libertad" y "Con este pueblo no cuesta ser pastor", unas de las últimas frases pronunciadas por Romero antes de su magnicidio.
El crimen fue perpetrado por un escuadrón de la muerte dirigido por el ya fallecido Roberto d'Aubuisson, fundador de la gobernante y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), según estableció la Comisión de la Verdad, creada por la Organización de las Naciones Unidas en el marco de los acuerdos de paz de 1992.
Para el abogado David Morales, denunciante del Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que el presidente Antonio Saca, "en el último año y medio, no ha mostrado ningún signo de querer superar la impunidad" en que permanece el crimen.
La guerra civil salvadoreña, entre fuerzas del Estado y guerrillas de izquierda, dejó 75.000 personas muertas y cerca de 7.000 desaparecidas, la mayoría civiles, en crímenes mayoritariamente cometidos por militares y paramilitares.
En 2000, la CIDH "declaró al Estado responsable por la violación del derecho a la vida del arzobispo y por la falta de investigación de estos hechos", además de recomendar adecuar la legislación interna a la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de dejar sin efecto la ley de amnistía general, aprobada en 1993, que impide el juzgamiento de crímenes de guerra.
La demanda ante la CIDH fue presentada por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado en 1993.
Pero el gobierno ha rechazado las recomendaciones de la CIDH, desconociendo la autoridad del organismo internacional, lo cual "es grave", dijo Morales.
En octubre de 2007, la CIDH reiteró que el Estado había incumplido con las recomendaciones.
"Desde esa fecha no hay ningún avance sobre el esclarecimiento del asesinato", añadió el abogado, que ahora trabaja para la no gubernamental Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.
Para sus feligreses es "San Romero de América". En 1994 se inició un proceso para su canonización en la Iglesia Católica. Además, es uno de los 10 mártires del siglo XX representados en la londinense Abadía de Westminster. En 1989, la película "Romero" recreó su historia, protagonizada por el actor Raúl Juliá.
El músico panameño Rubén Blades escribió en su memoria la canción "El padre Antonio y su monaguillo Andrés", mientras el violinista francés de jazz, Jean-Luc Ponty, le dedicó su pieza "Eulogy of Oscar Romero", entre otros tributos.
La abogada Gisela De León, querellante del caso por el Centro por la Justicia y el derecho Internacional, considera que "la justicia salvadoreña ha resultado totalmente inoperante para el juzgamiento de los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño".
Esto se debe a la ley de amnistía y la "falta de voluntad de los jueces para decidir sobre su inaplicabilidad", dijo De León a IPS por correo electrónico.
Según De León, el "caso Romero no sólo tuvo un fuerte impacto en su familia y en su comunidad religiosa, sino en la sociedad salvadoreña en general" por la relevancia que adquirió en sus últimos años de vida en la defensa de los derechos de los más desafortunados.
"Es nuestro pastor, sus palabras reafirman nuestro compromiso con la gente que más necesita", dijo Lidia Rauda, directora del colegio católico Sagrado Corazón, y agregó que Romero sigue siendo un guía de "nuestro quehacer educativo, la formación de la conciencia crítica, decía él, es parte de la educación liberadora que debe darse a la niñez".
Morales apuntó que el presidente electo en los comicios de este mes, Mauricio Funes, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, "tiene la oportunidad histórica de cumplir con las recomendaciones de la CIDH".
En una declaración emitida desde Brasil, donde se encuentra de visita, Funes dijo que "dedicará su mandato a la memoria de Romero y a los pobres y vulnerables de su país, como lo habría deseado el obispo mártir".
