DDHH-PERÚ: Gobierno desmemoriado

Heduardo, uno de los más cáusticos caricaturistas de la prensa diaria peruana, publicó una viñeta dedicada al presidente Alan García que lo muestra más interesado en contar con un «museo de la amnesia» que con el ahora frustrado Museo de la Memoria.

El dibujo fue uno de los primeros campanazos de crítica ciudadana a la decisión del gobierno de rechazar una donación de dos millones de dólares ofrecida por Alemania para la construcción de un museo que recordara los años de violencia política que vivió Perú entre 1980 y 2000.

Ese Museo de la Memoria iba a constituir un conjunto monumental que serviría para que los peruanos recordaran las dos décadas de enfrentamientos entre guerrillas y fuerzas del Estado, que dejaron casi 70.000 personas muertas, según el informe de la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

A medida que crecían las críticas, las autoridades se vieron obligadas a contestarlas. El ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, indicó en conferencia de prensa que la donación podía utilizarse para la lucha contra la pobreza, para instalar puestos médicos o escuelas.

El primer ministro Yehude Simon, condenado por delitos de terrorismo por el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), sugirió que se pediría usar el dinero para dar apoyo a las víctimas de la violencia o para programas sociales.
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No todos en el Estado opinaron lo mismo. La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, lamentó el rechazo a la oferta alemana y pidió revisar la decisión.

El domingo, los principales diarios del país publicaron un comunicado, firmado por destacados intelectuales como el escritor Mario Vargas Llosa, el artista plástico Fernando de Szyszlo, el teólogo Gustavo Gutiérrez, el sociólogo Julio Cotler y el ex Presidente de la CVR, Salomón Lerner, en el que decenas de personas expresaban su desacuerdo.

El texto recuerda que este país sufrió un intenso periodo de violencia armada, iniciado por la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, en el que tanto los rebeldes como el Estado incurrieron en masivas violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad.

A partir de la investigación de la CVR, se hace evidente que la única forma de lograr una reconciliación justa y de espíritu democrático es cumplir con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y las reparaciones, señalan los firmantes. Por ello, un elemento indispensable para conseguir esos fines es una amplia conmemoración de los hechos y una reflexión honesta sobre el pasado, agregan.

El 28 de agosto de 2003, el informe final de la CVR señaló que podía atribuirse a Sendero Luminoso 54 por ciento del total de víctimas, estimadas en 69.280.

"La conmemoración de víctimas de la violencia, gesto humanitario elemental, es hoy en día un elemento básico del consenso ético internacional y una práctica adoptada por las naciones democráticas del mundo", dice el documento.

"Ella es aún más importante en países como el nuestro, donde la violencia se desarrolla sobre un telón de fondo histórico marcado por intolerables exclusiones étnicas y de género. Por ello, objetamos de manera respetuosa pero categórica esta insensible actitud del gobierno, y llamamos a los peruanos de espíritu democrático a redoblar esfuerzos por redimir nuestro pasado violento, no mediante el silencio sino por medio del recuerdo honesto, compasivo y justiciero", finaliza.

La CVR inauguró cinco años atrás la exposición fotográfica "Yuyanapaq" ("para recordar", en lengua quechua), una impactante muestra que iba a constituirse en parte fundamental del malogrado Museo de la Memoria.

La experiencia de la CVR no es exclusiva de Perú. En América Latina han existido o existen entidades con alcances y cometidos parecidos en Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Y también se han organizado en naciones africanas y asiáticas que han vivido conflictos internos, guerras regionales u ocupaciones, como Corea del Sur, Ghana, Ruanda, Sierra Leona, Sudáfrica y Timor Oriental.

Del mismo modo, existen museos de la memoria en Alemania, Gran Bretaña, Italia, Rusia o República Checa, en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, en Sudáfrica, Senegal e Israel.

¿Qué razones llevaron al gobierno de García a rechazar la donación alemana? Analistas que han revisado gestos políticos del mandatario respecto de aquel periodo, y en particular de la política antisubversiva impuesta por Fujimori —hoy juzgado por crímenes de derechos humanos—, concluyen que la decisión no es casual.

Ha habido notables coincidencias entre el gobernante Partido Aprista Peruano, vinculado a la socialdemocracia, con sectores del fujimorismo.

Los intentos de reimposición de la pena de muerte y votaciones en el Congreso legislativo que impidieron antejuicios constitucionales a prominentes líderes del partido gobernante acusados de corrupción dan fe de esta alianza no formalizada.

La fórmula aplicada por Fujimori —una política económica neoliberal, de firme alianza con grupos empresariales y Fuerzas Armadas, combinada con mano dura para controlar la protesta social— parece haber sido adoptada por el actual gobierno de García, quien ya había gobernado entre 1985 y 1990.

Una pieza clave de la actual defensa judicial de Fujimori —cuya sentencia podría conocerse a fines de este mes— es mostrar la eficacia de su gobierno en la lucha contra la guerrilla y alegar que ahora se pretende olvidar la pacificación que logró, para dar cuenta sólo de los "excesos".

El primer período de García también ha dado pie a denuncias, por ejemplo, la sangrienta represión de un motín en la prisión de El Frontón, que dejó 118 reclusos muertos en 1986.

El caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en agosto de 2000 sostuvo que el crimen era imprescriptible, señaló la responsabilidad del Estado peruano y le recomendó que investigara, procesara y sancionara a los responsables y reparara material y moralmente a las familias de las víctimas.

Un museo de la memoria podría ser un incómodo recordatorio de la violación sistemática de los derechos humanos como política de Estado, una práctica en la que incurrieron, según el informe de la CVR, varios gobiernos durante la "guerra sucia".

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