Los juicios por violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto interno transcurrido entre 1980 y 2000 afectan la moral militar porque dejan «la impresión de que quienes combatimos en la guerra contrasubversiva nos dedicamos solo a matar civiles», dijo el comandante del ejército, Otto Guibovich.
El alto oficial aseguró que los militares peruanos aprendieron de la experiencia del conflicto interno, y que el respeto irrestricto a los derechos humanos es un componente fundamental de la actual estrategia contrasubversiva.
Seiscientos cuarenta militares retirados y en actividad han sido sometidos a proceso judicial, a raíz de la recomendación de judicializar casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos formulada en 2003 por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Pero no son ésos los únicos casos.
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Desde que se inició en agosto pasado la "Operación Excelencia" contra un grupo remanente de la organización insurgente Sendero Luminoso en la selva de los valles de los ríos Apurimac y Ene, campesinos de la zona acusaron a 47 militares de desapariciones y otros crímenes.
Quienes cometieron excesos en la guerra contra los maoístas de Sendero Luminoso y los guevaristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) deben ser procesados y castigados, consideró Guibovich.
Pero, agregó, no se puede acusar a las fuerzas armadas de haber adoptado como práctica habitual la violación de los derechos humanos. "Los márgenes de error en la guerra contrasubversiva fueron pequeños, muy lamentables, pero pequeños", aseguró.
"Ésos son casos muy puntuales. Para que la justicia sea efectiva debe ser puntual y no debe generalizar. En el ejército no nos enseñaron a juntar sospechosos en una habitación y lanzar una granada. No fuimos adoctrinados para asesinar, para ser violadores sexuales, para saber torturar. Eso no es así", dijo.
"No se enfoca el problema desde la perspectiva de la psicología de guerra. Tres oficiales formados bajo un mismo patrón pueden tener distintas reacciones en un conflicto. Ante unos disparos yo podría reaccionar serenamente, pero otros quizás respondan con más disparos. Eso es muy humano, pero no se quiere entender. Porque un (grupo) pequeño comete excesos no se puede afirmar que todos somos iguales", agregó Guibovich.
El comandante en retiro de la marina, Andrés Egocheaga, fue condenado el 30 de enero a 20 años de prisión por torturar y quemar vivo en 1995 al joven campesino Indalecio Pomatanta, acusado falsamente de "terrorista". Éste fue uno de los casos recomendados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Egocheaga es uno de los primeros militares que participó en la guerra interna en ser condenados.
Los procesos son muy lentos y engorrosos, en buena medida debido a las acciones dilatorias de la defensa.
Guibovich manifestó que si los jueces tuvieran un poco más en cuenta las circunstancias en que los militares combatieron a la subversión, no ampliarían con tanta frecuencia las acusaciones a los oficiales al mando de los soldados que protagonizaban esos "casos muy puntuales".
"El trabajo era durísimo, pero teníamos que hacerlo. He tenido la oportunidad de ver caer a gente bajo mi mando. He recogido a mis soldados muertos, jóvenes de 18 y 20 años que cumplían el servicio militar y defendían la democracia", afirmó.
"No eran asesinos: eran hijos de familias humildes, como los campesinos masacrados por Sendero Luminoso. Pero ¿quiénes están en el banquillo de los acusados? Los militares", se lamentó Guibovich.
El comandante se refería a que algunos jueces han comprendido en los procesos a los jefes militares de las zonas donde se cometieron los crímenes y a quienes les atribuyen su autoría mediata.
Eso es lo que sucede, por ejemplo, en los casos de tortura y asesinato en el Cuartel Los Cabitos, y en las masacres de Accomarca y Cayara, entre otros.
Para Ronald Gamarra, director ejecutivo de la no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, solo algunos jueces han incluido a jefes militares en sus indagaciones.
"No se puede hablar de generalización de los procesos judiciales, como señala el general Guibovich, porque, en principio, se abre juicio a personas con nombre y apellido y no contra los componentes de una institución", explicó Gamarra a IPS.
"Lo que pasa es que algunos jefes militares son enjuiciados porque los tribunales han detectado que éstos ordenaban o autorizaban acciones violatorias de los derechos humanos como práctica contrasubversiva. En estos casos hay evidencias que los militares que cometieron crímenes lo hicieron con conocimiento de sus jefes", añadió.
Pero para el jefe del ejército, entre los efectivos militares se ha instalado una sensación de persecución, en particular entre quienes participaron en la guerra interna y entre los que hoy combaten a Sendero Luminoso en los valles del Apurimac y el Ene.
"Es verdad, los juicios no están enfilados contra la institución armada. Pero de todas maneras se generaliza porque ahora no solo se acusa al soldado, al teniente, al capitán que participó en los excesos sino también a la cadena de mando hasta llegar al general, al jefe y a toda la corporación", razonó Guibovich.
"Por eso son centenares los que están procesados. Para saber la verdad no se debe generalizar", advirtió.
El general atribuyó, en parte, los numerosos juicios contra los militares al hecho de el Poder Judicial se basa sobre el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que no consigna la versión que las fuerzas armadas sobre la guerra interna.
"Los militares todavía no hemos contado nuestra parte. En el informe de la Comisión de la Verdad no se recoge completamente la versión de todos los que hemos sido protagonistas", afirmó.
"Yo he sido protagonista. Estuve involucrado en esa guerra. Pero no hemos dicho nuestra verdad, de repente porque no hemos sido buenos comunicadores", aseguró.
Pero para Gamarra, en el informe de la Comisión están consignados los testimonios de todos los bandos que participaron en la guerra interna, incluidos miembros de las fuerzas armadas. "Lo que pasa es que al Ejército y a los institutos armados en general les disgusta que los investiguen", explicó el activista.
"Nosotros reconocemos el esforzado trabajo de los miembros de las fuerzas armadas por la pacificación del país, pero ellos son funcionarios públicos y como tales deben rendir cuentas cada vez que las autoridades lo requieran. Y deben cumplir por el bien de la democracia y el estado de derecho", alertó.
Sin embargo, Guibovich refiere que los juicios contra los militares que en estos momentos combaten a Sendero Luminoso en los valles del Apurimac y el Ene los pone en grave riesgo.
"Se necesitan peligrosos vuelos de helicóptero para sacarlos de las zonas de combate y trasladarlos a los juzgados para que rindan sus declaraciones", señaló. "Nosotros respetamos las instancias (judiciales), pero también se debe comprender que estamos en guerra."
