La despenalización del aborto terapéutico vuelve al primer plano en Chile como instrumento de la batalla electoral para la presidencia, mientras miles de mujeres de este país se ven forzadas a interrumpir sus embarazos en forma ilegal.
Detrás de cada decisión de abortar hay múltiples razones explicaron a IPS varias de las mujeres que interrumpieron su embarazo, como Paz, quien acababa de separarse de su esposo cuando supo que estaba embarazada.
«Él era lo peor, no quería tener un hijo suyo», contó esta mujer de 32 años, víctima de violencia machista y quien pidió el uso de un nombre ficticio. Eso la motivó a pagar el equivalente a unos 958 dólares por «una aspiración» a las siete semanas de embarazo.
«Nunca he tenido culpas. Sí creo que es una decisión difícil siempre, aunque estés muy segura», señaló al contar su experiencia de hace tres años. Ahora vive feliz un embarazo de ocho meses con su nueva pareja y recalca que «mi opción siempre fue la maternidad».
«Conozco decenas de otros casos donde sí ha sido traumático debido a que la condición económica, por ejemplo, te lleva a probar con métodos menos seguros. Yo contaba con apoyo, dinero, con todo lo necesario para hacerlo. Otras no tienen esa suerte», apuntó Paz. Nadie de su familia sabe de su aborto. «Mi pareja actual tampoco y creo que no tiene por qué saberlo. Mi ex marido nunca lo supo, para mí su opinión no tenía ninguna relevancia», dijo.
[related_articles]
Chile permitió el aborto por motivos terapéuticos entre 1931 y 1989, cuando el gobierno del ahora fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990) lo prohibió totalmente. La interrupción voluntaria del embarazo se mantiene 19 años después de la restauración de la democracia como un delito penado con entre tres y cinco años de cárcel para la mujer que se lo realice y de algo menos para quienes lo practiquen.
Junto con Chile, sólo algunos países como Andorra, El Salvador, Filipinas, Malta y Nicaragua penalizan el aborto sin excepciones de ninguna clase.
La reposición del aborto terapéutico fue una demanda constante de organizaciones de mujeres desde el retorno de la democracia, pero excluida hasta ahora de las agendas de los gobiernos de la centro-izquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, que gobierna Chile desde 1990.
La principal causa de lo que las feministas locales califican como el impago de una deuda de la democracia con las chilenas, es la férrea oposición del Partido Demócrata Cristiano (DC). Ni siquiera la actual presidenta socialista Michelle Bachelet logró flexibilizar la postura de su socio en el gobierno.
Por eso los colectivos de mujeres ven con desconfianza el planteamiento este mes del ex mandatario y precandidato presidencial de la DC, Eduardo Frei, (1994-2000), sobre la necesidad de «abrir el debate», en torno al aborto. Un grupo de organizaciones se apuraron a demandar que no se hiciera uso electoral del tema en la campaña para los comicios presidenciales de diciembre.
[pullquote]1[/pullquote]Influenciada por la jerarquía de la Iglesia Católica, que condena cualquier tipo de aborto, la oposición derechista ya cerró la puerta a discutir el asunto. En los últimos 19 años ninguno de los proyectos de ley a favor de la despenalización parcial del aborto ha prosperado en el parlamento. La última iniciativa fue bloqueada en 2007. Al ser una práctica ilegal, sólo existen estimaciones sobre su dimensión. El Ministerio de Salud remitió a IPS a un estudio de la investigadora Mónica Weisner, quien cifra las interrupciones de embarazo en 120.000 por año. Otros reportes hablan de 160.000, lo que se traduce en una de las tasas de aborto ilegal más altas de América Latina.
Estos cálculos se basan en la cantidad de egresos hospitalarios por aborto antes de las 20 semanas de gestación, registrados en el sistema de salud. En 2006 fueron 23.052 casos.
El especialista Enrique Donoso detalló que «en países donde el aborto es ilegal, se estima que por cada egreso por aborto hay cinco que no se hospitalizan», en un artículo publicado en 2008 en la revista de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología.
Pese a que cerca de un tercio de los embarazos terminarían en aborto en Chile, la muerte por esta causa es baja, destacó el ginecólogo. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de mortalidad materna por abortos en 2000 fue de dos por cada 10.000 nacidos vivos. En 2005 descendió a 1,4.
«Es difícil estructurar el perfil de las mujeres que abortan, porque son de todos los estratos sociales, de todos los niveles educativos, con edades que fluctúan entre los 12 y 50 años», señaló a IPS Gloria Maira, de la no gubernamental Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual y quien en 2008 publicó un estudio sobre aborto y violencia sexual.
«Lo que primaba hacia la década de los 60 eran mujeres multíparas (con varios hijos nacidos vivos), de precaria condición socioeconómica, generalmente casadas. En los 80, Mónica Weisner encuentra mujeres que no necesariamente viven en pareja, donde el aborto se da también en casos de mujeres que no han sido madres», explicó.
La única diferencia, sostiene Maira, es que las mujeres ricas generalmente tienen mayor acceso a educación sexual y a métodos anticonceptivos, pueden optar por abortos clandestinos en el sistema privado, como reconocen los propios médicos, o viajar al extranjero a practicárselos.
MÚLTIPLES RAZONES EN CADA DECISIÓN
Nelly Lizama, de 63 años y católica, nunca se cuestionó por la interrupción de su segundo embarazo. Tenía 16 años y un hijo de pocos meses cuando acudió a un ginecólogo de la familia. Nunca supo qué procedimiento le hicieron, pero al finalizar se sintió aliviada.
En esa época a los abortos se les denominada «remedios», dijo Lizama. «Eran muy habituales, por el escaso conocimiento que las mujeres teníamos de los métodos anticonceptivos», contó a IPS esta madre de cuatro varones.
Distinta es la realidad que le ha tocado observar a Cristina de la Sotta, directora ejecutiva de la privada e independiente Fundación Chile Unido, que apoya a mujeres con embarazos no deseados y con historias de interrupción voluntaria de la gestación.
A esta institución acuden mujeres arrepentidas, que nunca pudieron superar el impacto de sus abortos provocados, contó a IPS De la Sotta. «Ellas nos transmiten que el aborto fue una solución, pero una mala solución», añadió. Con el apoyo de la Fundación muchas embarazadas descartan la idea de no tener a sus bebés, porque descubren que la maternidad es un «sentimiento profundo», aseguró.
[pullquote]2[/pullquote]Pese a lo anterior, ella cree que el aborto «no debiera ser un delito para la mujer», porque «más que una autora, una encubridora o una cómplice» ella es una «víctima de la circunstancia» y necesita apoyo. Para nadie es fácil la decisión de abortar, insistió.
ABUSOS DE LA CLANDESTINIDAD
«Tenía 14 años, iba en primer año de educación media y tenía un novio que era mi primera pareja sexual», describió a IPS la chilena Tamara Vidaurrázaga el contexto de su primer embarazo hace casi dos décadas.
Cuando sus padres se enteraron de la noticia, concluyeron que había que abortar. En ese momento «yo no podía pensar bien, tenía mucho susto», recordó. Pero aclaró que nunca se sintió presionada por ellos. Al contrario, agradece mucho el respaldo que le dieron.
«Dudas no tuve. En mi familia no somos religiosos y nunca he tenido la culpa católica ni la creencia de que debo sacrificar mi vida porque un dios así lo quiere», explicó.
El procedimiento, realizado por un «ginecólogo conocido» a las ocho semanas de embarazo, les costó 500.000 pesos «de esos años» (unos 871 dólares), recordó.
«La clandestinidad es lo que hace tan desagradables las interrupciones, no la decisión», piensa Vidaurrázaga, quien hoy es madre de una niña «deseada y esperada, a la que adoro y que hoy es el centro de mi vida».
El tímido debate electoral que se desarrolla en Chile sobre el aborto terapéutico es protagonizado por políticos, médicos y religiosos, la mayoría hombres, y se circunscribe únicamente a los casos de mujeres con riesgo vital, por ejemplo, las que cursan un embarazo ectópico (cuando el bebé se desarrolla fuera del útero).
Diversas encuestas indican que la mayoría de los chilenos y chilenas aprueban el aborto terapéutico en ese y en otros dos casos: cuando es fruto de una violación y cuando el feto presenta malformaciones severas. Lejanas, como si no existieran, quedan las otras múltiples razones que esgrimen diariamente las mujeres para elegir un aborto.
«El debate ha sido mediocre, miope y mezquino», planteó Maira.
¿A QUIEN LE SIRVE EL DOLOR?
La matrona (partera) Pamela Eguiguren, magíster en salud pública e investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, terminó recientemente una investigación sobre embarazos incompatibles con la vida extrauterina, como la anencefalia (feto sin una parte importante del cerebro), que realizó en conjunto con dos organizaciones feministas.
«Nos encontramos con experiencias tremendamente dolorosas, con un sistema (de salud) que reacciona de forma muy torpe, porque no hay protocolos para estos casos. La atención depende de la sensibilidad del médico», explicó Eguiguren a IPS.
El calvario para esas embarazadas comienza al momento del diagnóstico. En vez de comprar ropa o mobiliario para sus hijos, deben adquirir un lugar en el cementerio porque están obligadas a dar a luz, relató. Muchas sufren depresiones y otros trastornos psíquicos. Algunas deciden no embarazarse más.
Al final del camino, ellas tienden a «resignificar» el proceso y rescatar aspectos positivos para que valga la pena tanto sufrimiento, dijo Eguiguren. Por ejemplo, valoran poder abrazar a sus bebés antes de que mueran a las pocas horas de nacidos.
«Hay muchas mujeres que tienen en su historia un aborto y no por eso les queda una marca», planteó Eguiguren. «Pero vivir un embarazo incompatible con la vida, es algo que se recuerda por siempre», resaltó.
Es legítimo que algunas mujeres escojan no abortar en esos casos, dijo. «Pero me parece una tortura hacer pasar por esto a alguien que no quiere. Tú te preguntas a quién le sirve que ellas sufran de esa manera. ¿Quién está ahí para darles apoyo? ¿Quién está ahí para ayudarlas económicamente?», se preguntó.
Maira está convencida de que si el país no trabaja «por ser una sociedad más informada», libre y con más educación sexual y contracepción, los abortos no se reducirán.
«Tenemos que abrir el debate ciudadano y que las mujeres no tengamos ni la culpa ni el estigma de hablar», dijo. «Actualmente no se legitima la voz de las mujeres. Digamos lo que digamos, no existimos», concluyó.
